El problema de la condonación por el Gobierno de Sánchez de la deuda a Cataluña, por algo más de 17.000 mil millones de euros, es que ni la explican del todo ni la explican bien. Y cuando hay que explicarlo, el Gobierno nos dice que no preguntemos tanto, que es algo que van a ofrecer a todas las comunidades autónomas por un importe conjunto de más de 83.000 millones de euros. Y que mal de muchos, consuelo de tontos…

Para explicarlo todo y explicarlo bien debería aclararse algo que ya todos intuimos: las deudas no se perdonan, sino que se transfieren a otros, algo obvio cuando la deuda que se condona de las CCAA es la que cada una de esas Administraciones autonómicas debe al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), que no es realmente un fondo, sino una línea de crédito del Estado a las CCAA que no pueden hacer frente a los tipos de interés que el mercado les impone por su situación de riesgo si van a buscar allí el dinero que necesitan para cubrir su gasto público. O lo que es lo mismo: el Estado se endeuda recibiendo dinero prestado que presta a su vez a las CCAA a un tipo inferior al que vendrían éstas obligadas a asumir de ser ellas mismas las que acudieran a los mercados de deuda. Y ello supone, evidentemente, una serie de condiciones financieras y fiscales que las CCAA deben cumplir, así como someterse a un control reforzado de en qué y cómo gastan. Otra cosa es que cumplan y qué pasa si no lo hacen.

Ese mecanismo, ideado en 2012 para poner orden y equilibrio en el desbarajuste ocasionado por el gasto desmedido de las CCAA, salta por los aires si se cambian las reglas del juego en mitad de la partida, es decir, si como sucede ahora el criterio técnico económico-financiero pasa a ser meramente político. Político y tramposo, ya que el sistema se desmantela por completo porque los votos de determinados partidos catalanes (Junts y ERC) son necesarios para afianzar un Gobierno en Moncloa.

No estamos por ello ante una decisión realmente política, la de condonar deuda, tomada desde la convicción de que el modelo deba ser otro, sino que el modelo fundamentalmente desaparece por una pura oportunidad e interés particular de quien cambia la titularidad de la deuda existente. Porque los acreedores permanecen y su derecho a la devolución con intereses sigue intacto, pero ahora es el Estado el único obligado a su reintegro, sin obtener intereses por el dinero prestado a las CCAA anteriormente. Y ya sabemos que si el Estado somos todos, somos nosotros quienes pagamos, con nuestros impuestos.

La pregunta, por tanto, es obvia: ¿cómo beneficiarse realmente de esa condonación si la vamos a pagar todos los que somos Estado? Pues bien sencillo: dejando de serlo. Y ahí tienen el sueño cumplido de cualquier independentista que no puede serlo formalmente desde un punto de vista político, pero sí empieza a lograrlo materialmente desde una perspectiva económica.

La nueva independencia de Cataluña, por tanto, ya no depende de un procés, de una revolución republicana, o de un referéndum, sino que está simplemente vinculada hoy a una hacienda territorial con potestad de recaudación de la totalidad de sus recursos en su territorio, con una gestión propia al 100%, y aunque con una obligación de contribuir a la solidaridad interterritorial contemplada en la Constitución, con la posibilidad evidente de soslayarla con un argumento tan simplista como el de que todo está más caro en Cataluña.

La independencia, por tanto, será económica o no será, lo cual es un modelo perfectamente legítimo, más allá de banderas, himnos y símbolos identitarios. Pero si hoy Cataluña es un territorio con un nivel de vida más caro, no es por los murcianos, los madrileños o los andaluces y resto de españoles que lo somos, sino por el derroche de recursos públicos de gobiernos nacionalistas, en el caso catalán, que han necesitado del Estado, de todos nosotros, que nos endeudáramos a un determinado tipo de interés para prestarle ese dinero a interés más bajo justamente a la Generalitat catalana, la que ahora ha conseguido que todos asumamos como Estado lo que a ella le tocaba: el reintegro de lo prestado con sus intereses. No en vano Cataluña acumula, ella sola, más de un tercio largo de la deuda del FLA de todas las CCAA españolas, del que quedan fuera Madrid, País Vasco y Navarra.

La condonación, por tanto, supone que todos paguemos lo que solo algunos se han gastado, sin que por ello, en principio, sufran consecuencia alguna. Porque el pacto es político y de todos, en teoría, pero la consecuencia es económica y beneficiosa solo para algunos: para aquellos cuyos votos, estos sí, son más caros. El nuevo procés ha comenzado.