El Primer Pacto del Agua por l’Albufera firmado el pasado 8 de abril en el Palau de la Generalitat es una muy buena noticia para el futuro inmediato del lago. El acuerdo, suscrito por la Generalitat, el Ayuntamiento de València y varias comunidades de regantes de los ríos Júcar y Turia, garantiza un aporte anual de 24,3 hectómetros cúbicos de agua al lago entre 2025 y 2027, lo que supone, cada uno de los tres años, 4,3 hectómetros cúbicos más de lo estipulado en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ).

No obstante, este pacto firmado solemnemente en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat, que se recoge en dos documentos, uno para el Júcar y otro para el Turia, tiene una cara B que ha quedado eclipsada por los flashes y merece ser analizada.

Lo primero que hay que destacar es que el pacto llega después de un otoño y un invierno bastante lluviosos, lo que demuestra que cuando no hay sequía las cosas son más fáciles porque hay "agua para todos". Que se lo digan a los regantes del Segura, que este semestre, con Entrepeñas y Buendía teniendo que desaguar para no desbordarse, no van a tener que manifestarse para que les llegue más agua del Tajo.

En segundo lugar, es clamorosa la ausencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en un pacto en el que se reconoce expresamente que algunas de las actuaciones previstas requerirán la autorización del organismo regulador de la cuenca. La CHJ no está porque no se le invitó a participar ni se le consultó el contenido de los acuerdos, aunque sí se le convidó a asistir a la firma, a la que no acudió. Al enemigo, ni agua, nunca mejor dicho.

Es una prueba más de la guerra institucional entre la Generalitat y el Gobierno central y organismos como la CHJ, de la que la Generalitat forma parte. Un enfrentamiento a cara de perro que los ciudadanos no merecemos, y menos en circunstancias como las que vive la provincia de Valencia después de la Dana del pasado 29 de octubre.

En tercer lugar, no debe pasar inadvertida la decisión de la Generalitat y el Ayuntamiento de València de retirar los recursos contencioso-administrativos interpuestos en mayo de 2024 contra el Ministerio de Transición Ecológica por, supuestamente, no aportar a l’Albufera 20 hectómetros cúbicos –10 del Júcar y 10 del Turia– contemplados en el PHJ.

Si la CHJ no está en el pacto, ¿por qué y ante quién se comprometen Carlos Mazón y María José Catalá a retirar los recursos? Pues ante los regantes valencianos, que han exigido que se retiren esos recursos porque nunca estuvieron de acuerdo con la campaña que le montaron Generalitat y Ayuntamiento a Teresa Ribera hace un año. Cabe recordar que la guerra política por los aportes de agua a l’Albufera estalló cuando la entonces ministra Ribera fue designada cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Las guerras del agua siempre le han ido muy bien al PP valenciano, así que, ¿por qué no montar otra para la campaña del 9J? 

La CHJ siempre mantuvo que los aportes contemplados en el artículo 13 del PHJ se habían hecho y que correspondía a la Generalitat gestionar esa agua una vez dentro del Parc Natural, pero las instituciones valencianas llevaron el asunto a los tribunales en plena campaña electoral, mientras trataban de movilizar al pueblo valenciano a través de los medios de comunicación contra la ministra que quería "estrangular" el lago.

Los regantes no se sumaron a la campaña política porque estaban en contra de las pretensiones del Consell, aunque guardaron un discreto silencio. Lo que pedían Generalitat y Ayuntamiento era una aportación directa de los embalses, lo que significaba menor garantía de agua para riego en un momento en el que ya se hablaba de restricciones. Lo que decían y dicen los regantes, sotto voce, es que cuando la CHJ y la Generalitat terminen de una vez las obras de modernización, algunas pendientes desde 2001, y otras actuaciones contempladas en el PHJ, habrá más agua para el lago.

Y esto es exactamente lo que ha firmado ahora la Generalitat, una serie de actuaciones en depuradoras y canalizaciones para conseguir más agua depurada para los regantes, de manera que estos dejen correr hacia el lago más agua limpia de los ríos. Una medida inteligente que podría haberse pactado hace un año. Un acuerdo, el de ahora, que habría aplaudido la CHJ si se la hubiera invitado y, de paso, se le hubiese conminado a acelerar sus obras pendientes.

De manera que los regantes, que miran con lupa cada cosa que firman para no perder un solo metro cúbico de derechos adquiridos porque ya se la han intentado colar varias veces –recuérdese la larga batalla de Alarcón contra el Gobierno–, incluyen en el pacto salvaguardas a sus derechos –por ejemplo, en el caso de que haya restricciones por sequía–, acceden a ceder agua a l’Albufera a cambio de agua depurada y le dicen a Mazón y a Catalá: vale, pero los recursos os los envaináis. Y se los envainan.

Además, la Generalitat introduce en los pactos un punto en el que se compromete consigo misma a "impulsar una modificación del artículo 13" del PHJ, lo que junto a la retirada de los recursos viene a confirmar que la CHJ tenía razón cuando decía que había cumplido con las obligaciones establecidas por dicho artículo. Lo que está por ver es si la modificación que proponga la Generalitat le gusta a los regantes.

Por último, el Primer Pacto del Agua por l’Albufera garantiza tres años de tregua en la guerra política del agua entre el Consell y el Gobierno, justo hasta 2027, año de elecciones locales, autonómicas y generales. ¡Qué casualidad!