Vivimos en un mundo al revés: los informes técnicos rechazan proyectos sobre los que no se pronuncian, el urbanismo de las ciudades lo deciden municipios limítrofes y los grupos con menor representación se autoproclaman defensores de los intereses de la mayoría. Esta extraña situación se vive en Alcoy a raíz de la propuesta de crear suelo industrial en La Canal. El esperpento es tal que amenaza con eternizar aún más un debate que la ciudad no ha sido capaz de resolver en más de tres décadas.

En juego están el futuro económico de la ciudad y la protección del acuífero de El Molinar. Por un lado, la opción de generar un gran espacio de actividad económica en una zona donde ya ha habido intentos previos, todos fallidos. En este punto, es exigible disponer de la máxima información sobre la propuesta: ubicación, superficie y diseño. Por otro, la preservación de la principal reserva de agua de Alcoy, muy expuesta en algunos puntos y cubierta por una capa de más de 300 metros de margas en otros. También aquí resulta imprescindible conocer con detalle las actividades permitidas, las medidas correctoras y los costes asociados.

Sin embargo, lejos de aportar el rigor y la seriedad que exige un asunto de tal trascendencia, el debate se está llenando de argumentos trazados con brocha gorda. Mientras los promotores no hacen una exposición clara y diáfana de su propuesta, las voces contrarias a La Canal se aferran a cualquier elemento para generar el mayor ruido posible, a riesgo de caer en el descrédito.

Así ha ocurrido con el último informe de la Generalitat sobre el Plan General de Alcoy, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en 2019. Ese documento no se pronuncia sobre la propuesta en la que trabajan el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la propia Generalitat. De hecho, el acuerdo para impulsar el proyecto se firmó el año pasado, por lo que difícilmente puede figurar en un documento anterior.

El informe sí se pronuncia sobre el proyecto de suelo industrial que La Española pretendía desarrollar en terrenos de su propiedad y que ya fue descartado por los tribunales. En este sentido, la Generalitat es clara: la propuesta es incompatible con las nuevas normas urbanísticas de la ciudad.

Sin embargo, los grupos que se oponen a La Canal han celebrado este pronunciamiento dando a entender que la negativa se refiere al proyecto actual. Tratan de trasladar a la opinión pública que la Generalitat lo rechaza cuando, en realidad, el informe introduce un cambio que puede resultar relevante para su desarrollo. El nuevo Plan General reduce el nivel de protección de los terrenos de La Canal: de suelo no urbanizable de protección forestal y paisajística pasa a ser suelo no urbanizable común. Como ha señalado la Cámara de Comercio, se trata de un “avance significativo”.

Este cambio en la calificación sugiere que la falta de alternativas obligaba a no descartar de entrada un espacio que reúne condiciones favorables para uso industrial: gran superficie, orografía adecuada y buenas comunicaciones. Este argumento, al menos en privado, lo reconocen responsables del gobierno socialista que impulsó el nuevo Plan General hace dos legislaturas.

La interpretación interesada del informe lleva a algunos opositores a alertar de riesgos de contaminación asociados a proyectos que aún no existen y, al mismo tiempo, a guardar silencio sobre un riesgo real que sí recoge el documento: el de las aguas residuales de la urbanización de El Estepar, ubicada, además, en el punto de mayor vulnerabilidad del acuífero de El Molinar.

Los técnicos advierten de que las 98 viviendas de esta urbanización cuentan con un sistema “inadecuado” de fosas sépticas, de modo que las aguas residuales “desaguan en ramblas, barrancos o ríos”. Por ello, plantean la necesidad de ejecutar un sistema colectivo de evacuación y tratamiento. Nadie ha puesto el foco en este problema, que no es hipotético, como el de una eventual implantación industrial en La Canal, sino real y actual.

Los detractores del proyecto han vuelto a reivindicar sus posiciones tras el rechazo unánime del Ayuntamiento de Ibi a la iniciativa en la que trabaja Alcoy. La villa juguetera, que ha desarrollado su industria hacia el sur, se opone a que el municipio vecino lo haga hacia el norte de su término. Resulta llamativo que, en esa misma zona de La Canal, Ibi plantee una urbanización de chalés y viviendas adosadas, muy próxima al término municipal de Alcoy.

La zona presenta el mismo nivel de protección para el acuífero que el previsto en Alcoy para el uso industrial. Surge así una duda razonable: si la oposición de Ibi responde a criterios ambientales o si, en realidad, el consistorio ibense está defendiendo sus propios intereses urbanísticos con el aplauso de una parte de la sociedad alcoyana.

En este punto, el potente altavoz del debate sobre La Canal se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que las minorías parezcan mayorías. Ocurre en el Ayuntamiento con Guanyar, la izquierda situada a la izquierda del PSOE. Es el grupo con menor representación en el salón de plenos: apenas cuenta con el 8% de los votos, que representan aproximadamente al 4% de la población. Pese a ello, intenta condicionar el debate por todos los medios.

Bajo el difuso paraguas de la “ciudadanía” —una reformulación del “pueblo” utilizada históricamente por discursos populistas—, trata de frenar el proyecto. En el ejercicio legítimo de su posición, cabría exigir mayor prudencia y esperar a que toda la información esté disponible.

Es la postura que ha adoptado el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que de forma responsable ha señalado que no existen datos suficientes para pronunciarse. Eso sí, rechaza que el proyecto se tramite mediante procedimientos extraordinarios que reduzcan los plazos o las exigencias ambientales.

Esta posición no es incompatible con exigir a las administraciones la máxima agilidad para evaluar la viabilidad del proyecto. Si hay que correr un maratón, debe hacerse al mejor ritmo posible, pero sin convertirlo en una carrera de velocidad. Lo contrario sería hacer trampas e incentivar dudas sobre una iniciativa que, precisamente, exige claridad y transparencia.

En definitiva, resulta imprescindible actuar con responsabilidad ante un proyecto que afecta a un acuífero, pero que también se perfila como la única alternativa para dotar a Alcoy de suelo industrial adaptado a las actuales demandas empresariales, muy alejadas de las pequeñas parcelas aún disponibles en los polígonos existentes.

Negarse en bloque o abrazar un desarrollismo sin control son los dos extremos de un debate que se ha vuelto superficial y distorsionado. El ruido impide abordar el fondo del asunto y dificulta que la ciudadanía comprenda de qué se está hablando y, sobre todo, qué es lo que está en juego.

Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor de Historia