El hambre es un arma más barata que los misiles, los tanques o las bombas. No exige grandes inversiones militares, laboratorios sofisticados, tecnologías de vanguardia ni ejércitos desplegados. Basta la indiferencia; basta el silencio de quienes podrían actuar y deciden no hacerlo; bastan sistemas económicos y políticos que anteponen el beneficio de unos pocos a la dignidad de millones.
El hambre puede avanzar lentamente, en silencio, sin ocupar titulares ni despertar la atención del mundo. Pero sus efectos son implacables, ya que debilita los cuerpos, quiebra la dignidad, destruye la esperanza, desgarra familias y condena a pueblos enteros a una lucha diaria y cruel por la supervivencia.
Es escandaloso que, en una era de prodigios tecnológicos, sigamos fracasando en lo más básico: garantizar que ningún ser humano pase hambre o carezca de agua. Hemos enviado sondas al espacio, creado tecnologías capaces de procesar cantidades inmensas de información y desarrollado sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados, pero, a pesar de ello, no hemos sido capaces de garantizar un plato de comida y agua potable para todos.
Y no es solo una tragedia lejana, confinada a los países empobrecidos. También en el llamado “primer mundo”, entre edificios inteligentes, supermercados desbordados y discursos sobre innovación y progreso, hay niños y niñas que se acuestan sin cenar, madres que dejan de comer para alimentar a sus hijos y familias obligadas a escoger entre pagar el alquiler, poner el aire acondicionado, encender la calefacción o comprar alimentos. No es una falta de recursos ni de conocimiento: es el fracaso de un modelo que ha normalizado la desigualdad.
Esa contradicción revela una verdad incómoda. Pone de manifiesto que el hambre no responde siempre a la escasez de recursos, sino, con demasiada frecuencia, a la falta de voluntad política, justicia y empatía. Lejos de ser una tragedia natural o un destino inevitable, suele ser el resultado de conflictos armados, bloqueos, ocupaciones ilegales de territorios, desigualdades económicas, corrupción, especulación y decisiones que relegan la vida humana a un plano secundario.
Cuando los alimentos se utilizan para doblegar a una población, castigar colectivamente a un territorio o someter a quienes no pueden defenderse constituye una forma de violencia y dominación. En esas circunstancias, la comida deja de ser un recurso vital y se transforma en un arma. Del mismo modo, cuando la comunidad internacional contempla ese sufrimiento sin adoptar medidas firmes y efectivas, su silencio no es neutral: legitima la injusticia, favorece a quienes la ejercen y la hace corresponsable de sus consecuencias.
Frente a esta lógica de crueldad, han existido y existen personas que nos recuerdan que otro mundo es posible. Mahatma Gandhi defendió la dignidad de los pueblos y la fuerza de la no violencia. Martin Luther King luchó contra el racismo y la pobreza, convencido de que la injusticia en cualquier lugar amenaza la justicia en todas partes. Nelson Mandela convirtió décadas de sufrimiento y encarcelamiento en una lección de reconciliación, igualdad y resistencia moral. Simone Weil reflexionó sobre la obligación de atender a quienes padecen necesidad, porque la desgracia de los demás no puede dejarnos moralmente intactos. Frantz Fanon, Kateb Yacine y Mahmud Darwish denunciaron, desde el pensamiento y la creación literaria, la violencia material, cultural y simbólica del colonialismo y de la ocupación. Cuestionaron los discursos que pretendían legitimarlos y defendieron la dignidad, la memoria y el derecho de los pueblos colonizados y ocupados a recuperar su voz, conquistar su libertad y decidir su propio futuro.
También Eduardo Galeano denunció, mediante una escritura profundamente humana, las heridas abiertas de América Latina y las desigualdades que convierten la abundancia de unos en la miseria de otros. José Mujica recordó, desde la sobriedad y la sencillez, que la riqueza no puede medirse únicamente por lo que se posee, sino por la posibilidad de vivir con dignidad y construir una sociedad menos egoísta.
En España, Miguel Hernández convirtió la poesía en testimonio de los sin voz: denunció la pobreza de los jornaleros, el hambre de la posguerra y la represión que convirtió las cárceles en instrumentos de castigo. Sus versos recuerdan que la injusticia no es un destino, sino una elección colectiva que puede revertirse. La tradición crítica española ha recordado que la indiferencia ante la injusticia es también una forma de complicidad.
Junto a estas figuras, tantas mujeres y hombres anónimos —cooperantes, médicos, maestros, profesores, agricultores, periodistas, activistas, padres y madres responsables y vecinos solidarios— demuestran cada día que la empatía no es una idea abstracta, sino una práctica concreta. Está en quien comparte lo que tiene, en quien cuida, denuncia, acompaña, educa o se niega a aceptar que el dolor de otros sea un asunto lejano.
La empatía consiste precisamente en comprender que el sufrimiento ajeno no nos es extraño. No significa sentir lástima desde la distancia, sino reconocer que la vida de cada persona posee el mismo valor que la nuestra. Significa preguntarnos qué haríamos si nuestros hijos no tuvieran pan, si nuestras familias se vieran obligadas a abandonar su hogar, si el agua se convirtiera en un privilegio o si la enfermedad llegara sin posibilidad de atención médica.
Nadie elige nacer en un territorio ocupado, en un país devastado por la guerra, en una región afectada por la sequía o en una familia empobrecida por estructuras de desigualdad que parecen imposibles de romper. Por eso, defender la justicia no es un gesto de caridad, sino una exigencia ética. No se trata de “ayudar” desde una supuesta superioridad, sino de reconocer derechos que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser humanas.
El derecho a alimentarse, a vivir en paz, a recibir educación, a acceder a la salud y a la cultura y a imaginar un futuro no debería depender del lugar de nacimiento, del color de la piel, de la religión, del pasaporte o de la situación económica. Una sociedad puede considerarse verdaderamente avanzada no solo por su tecnología, sus edificios o su capacidad de producción, sino por la forma en que trata a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
El progreso pierde todo sentido cuando se construye sobre el abandono de millones de seres humanos. De poco sirve hablar de desarrollo si aceptamos que algunos vivan rodeados de abundancia mientras otros mueren lentamente por falta de alimento, medicamentos o agua potable. Carecer de empatía es, en el fondo, carecer de humanidad. Y una humanidad que se acostumbra a contemplar el dolor ajeno sin reaccionar termina por destruirse a sí misma.
No habrá seguridad duradera, paz auténtica ni futuro común mientras el hambre y la desigualdad sean tolerados como si fueran inevitables. Acabar con el hambre exige decisiones políticas, cooperación internacional, distribución justa de los recursos, protección de la población civil y respeto efectivo de los derechos humanos. Pero exige también algo más profundo: la capacidad de sentir como propio el sufrimiento de quienes viven lejos de nosotros.
La empatía no sustituye a la acción política, pero la hace posible. Sin ella, las cifras se vuelven abstractas, las víctimas se reducen a estadísticas y el sufrimiento colectivo termina normalizándose. La empatía devuelve rostro, nombre e historia a quienes padecen. Nos obliga a comprender que detrás de cada dato sobre hambre hay una infancia interrumpida, una madre desesperada, una familia desplazada y una comunidad privada de futuro.
Tal vez no necesitemos discursos grandilocuentes para comprenderlo. Alimentar a quien tiene hambre, proteger a quien está en peligro, escuchar a quien ha sido silenciado y repartir con justicia lo que existe no debería ser una cuestión ideológica ni una excepción moral. Debería ser, sencillamente, una cuestión de sentido común.
Pero el sentido común, en este contexto, deja de ser una idea simple para convertirse en una posición ética y política de enorme alcance. Apelar al sentido común significa negarse a aceptar como normal que una población civil padezca hambre, ocupación ilegal, desplazamiento, destrucción y miedo. También implica rechazar que la infancia sea privada de seguridad, educación y futuro, y que el sufrimiento colectivo se relativice en nombre de cálculos estratégicos, intereses económicos o equilibrios diplomáticos.
El sentido común exige llamar a las cosas por su nombre y recordar que ninguna razón de Estado, ningún interés económico ni ninguna estrategia militar pueden estar por encima de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Nos recuerda, además, que la indiferencia nunca es neutral y que, ante la injusticia, mirar hacia otro lado también contribuye a perpetuarla.
Desde esta perspectiva puede entenderse la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de defender el reconocimiento del Estado de Palestina, no solo como una iniciativa diplomática, sino como la afirmación de un principio elemental de justicia. Reconocer a Palestina significa reconocer el derecho del pueblo palestino a existir, a vivir en libertad y seguridad, a decidir su propio futuro y a no quedar condenado a un sufrimiento que se prolonga generación tras generación.
Significa también afirmar que la paz no puede construirse sobre la negación, la humillación o el hambre de un pueblo, sino sobre la igualdad de derechos, el respeto al derecho internacional y la protección efectiva de toda vida humana. Defender esos principios no implica elegir entre pueblos, sino rechazar que la dignidad de unos pueda edificarse sobre el sufrimiento de otros.
La empatía y el sentido común, unidos a la valentía moral, nos recuerdan que no hay neutralidad posible ante el hambre de los niños, la destrucción de los hogares y el silencio impuesto a quienes padecen. Reconocer el dolor ajeno, rechazar la injusticia y exigir paz, alimento y dignidad para todos no debería ser una cuestión ideológica. Debería ser, sencillamente, una cuestión de humanidad y de sentido común.
