"Gobernar es priorizar", decía en su campaña electoral el hoy flamante rector magnífico de la Universitat de València, José Luis Gandía. Lo dijo antes de que la "prioridad nacional" de Vox ocupase las portadas y su frase no tiene relación con la campaña de xenofobia emprendida por los de Santiago Abascal. Gobernar es priorizar porque no hay dinero para todo.

Gandía hablaba de las estrecheces económicas de las universidades públicas, que no les permiten ocuparse de todas sus necesidades ni ejecutar a la vez los proyectos que un rector pueda tener para su mandato de seis años.

Hay que priorizar, eso lo sabe cualquiera que ocupe un alto cargo en una institución pública. De hecho, una de las cosas que diferencian a unos partidos de otros es el orden de prioridades a la hora de gastar. La otra es la política fiscal.

Traigo a esta columna lo de las prioridades para relacionarlo con las reivindicaciones de los funcionarios y empleados públicos, que están elevando la presión sobre la Generalitat a medida que nos acercamos a las elecciones previstas para mayo de 2027. Lógico, porque los políticos suelen mostrarse más receptivos en el cuarto año de legislatura que en el primero.

El profesorado de la enseñanza pública valenciana amenaza con una huelga si no son atendidas, por parte de la conselleria que dirige Mari Carmen Ortí, varias mejoras de sus condiciones de trabajo entre las que destaca una subida salarial ante la pérdida de poder adquisitivo que aseguran haber sufrido en los últimos años.

Nada que objetar al derecho de cualquier persona a reivindicar la recuperación del poder adquisitivo, un problema que afecta a millones de trabajadores españoles desde que la invasión de Ucrania en 2022 disparó la inflación, alimentada ahora por los juegos de guerra de Trump y compañía.

La Conselleria de Educación dice que no tiene dinero para atender esa reivindicación, algo que resulta bastante creíble porque la Generalitat terminó 2025 con un déficit de 2.411 millones de euros y no está recibiendo en 2026 más dinero para sus gastos, que también son crecientes debido a la inflación.

El coste del aumento salarial en Educación sería de hasta 525 millones de euros, que se sumaría al coste previsto por la reducción de ratios de alumnos aprobada por el Gobierno, que asciende a unos 780 millones en los próximos cinco años, según el Consell. Es importante conocer las cifras.

A partir de ahí, la consellera debería aclarar si está dispuesta a atender la reivindicación de los docentes aunque no sea de manera inmediata y, en tal caso, ofrecer un calendario para evitar la huelga. O si sus prioridades son otras. O si no tiene dinero ni para pensar qué es prioritario. No me gustaría estar en su pellejo.

Donde no me van a encontrar dispuesto es en la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales de los más de 170.000 empleados públicos de la Generalitat, a no ser que se haga a cambio de una rebaja salarial que permita contratar al personal que deberá cubrir esas horas. Porque lo de que la rebaja de jornada va a aumentar la productividad no se lo creen ni ellos. Ya escribí al respecto una unpopular opinion hace dos años y medio: 35 horas para todos.

El Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de jornada laboral de 40 horas semanales y la media en España es de 37 horas y 50 minutos, media a la que contribuyen de forma importante las administraciones públicas con entre 37,5 y 35 horas semanales.

Los sindicatos hablan de las 35 horas como si fuera un derecho constitucional que no les está siendo reconocido. Se aprovechan de que tenemos una administración estatal y diecisiete autonómicas para compararnos, y culo veo, culo quiero: en cuanto una logra una conquista, sea salarial o de condiciones de trabajo, todas quieren igualarse. 

Así, mientras en comunidades como la valenciana pelean por igualarse a las 35 horas que acaban de conseguir los funcionarios del Estado o que tienen desde hace años en La Rioja, allí los sindicatos ya están planteando bajar a 32 horas. Como en la Generalitat Valenciana ya estamos, de facto, en 35 horas, según me reconocieron hace ocho años todos los sindicatos, sospecho que ahora quieren las 35 de derecho para poder bajar, de facto, a 32.

Uno de sus argumentos es que si se reduce la jornada habrá que contratar a más personal para mantener los servicios —que no para mejorarlos—, lo que hará que se reduzca el paro. Que eso vaya a costar a la Generalitat cientos de millones de euros al año ni lo mencionan, como si sobrara el dinero y el Consell no tuviera que restarlo de otras partidas. 

Tienen derecho a reclamarlo, pero quienes no trabajamos en la administración tenemos derecho a rechazarlo y a exigir al Consell que no lo acepte, porque la factura la pagamos entre todos, con impuestos al alza y cargas fiscales sobre el trabajo crecientes, y no es justo que el vecino funcionario, que ya trabaja dos horas y media menos a la semana, sume otras dos horas y media de asueto a costa de quienes no gozamos de ese beneficio.

Otra cosa sería que Ortí incluyera entre sus prioridades la subida salarial a los docentes y se la concediera en forma de reducción de jornada a 35 horas. Porque no hay que ser profesor de matemáticas para saber que cobrar lo mismo por trabajar dos horas y media menos a la semana es un aumento de sueldo.

PS: el optimismo del presidente de Ford Europa el otro día en Almussafes no era un farol. Es probable que mayo tengamos una o dos buenas noticias.