Estábamos encerrados en casa mientras había dirigentes políticos que aprovechaban aquel contexto de angustia colectiva para, presuntamente, enriquecerse mediante la compraventa de material sanitario. Con el paso de tiempo y el avance de las investigaciones judiciales, empezamos a cuadrar lo vivido. Y emerge así una de las dimensiones más descarnadas y perturbadoras de la crisis de la covid-19: comprobar cómo, mientras una parte de la sociedad asumía sacrificios extraordinarios, algunos dirigentes o personas de su entorno habrían utilizado la emergencia como oportunidad de negocio.

Permanecíamos encerrados merced a unos estados de alarma que fueron declarados parcialmente ilegales por vulnerar derechos fundamentales. Al amparo de medidas posteriormente cuestionadas por el Tribunal Constitucional, y de las que nadie del Gobierno se ha hecho responsable, algunos comenzaron a hacer de la necesidad virtud. Es decir, a lucrarse, presuntamente, con las comisiones por la compra de material sanitario. Esa compra, obviamente, no se produjo cuando la amenaza pandémica se vislumbraba, sino cuando las costuras de la sanidad pública ya habían saltado por los aires y el tsunami se había llevado todo por delante.

Resulta especialmente revelador recordar que muchas iniciativas privadas sí percibieron con antelación la gravedad de lo que se avecinaba. Conozco el caso de una empresa de la Vall d’Albaida que, en enero de 2020, reorientó parte de su producción hacia textiles sanitarios. Mientras algunas empresas intuían ya el alcance potencial de la crisis, desde el Gobierno se insistía en mensajes de tranquilidad que hoy resultan difíciles de entender a la luz de lo sucedido después. Basta recordar el mensaje que repetía Fernando Simón: en España habría, como mucho, uno o dos casos.

Nos encerraron durante semanas en las que, cándidamente, aplaudíamos cada tarde, puntuales, a las ocho. Por unos momentos, olvidábamos la angustia que nos producían la incertidumbre económica, los contagios, los fallecidos y el temor por la salud de nuestras familias. Y mientras, hermanos y parejas de dirigentes, al parecer, se movían para conseguir ese céntimo de más que, multiplicado por enormes volúmenes, hacía aún más obsceno el negocio. 

Manteníamos a los niños encerrados. Los perros, en cambio, sí podían salir. Al tiempo, el Gobierno nos decía que una comisión de expertos estaba trabajando en la planificación de la desescalada. El problema fue que tal comisión, sencillamente, no existía. Tampoco nadie asumió la triple irresponsabilidad: la de mentir, la de no contar con el asesoramiento de especialistas y la de fomentar la sensación de opacidad en la gestión de la crisis.

Sufríamos las consecuencias del encierro en un país que padeció uno de los peores balances sanitarios y económicos de Europa. Y mientras, según el auto de la Audiencia Nacional conocido esta semana, un expresidente del Gobierno maniobraba para que fuese rescatada, por interés general y con fondos para paliar los efectos de la Covid, una aerolínea de capital venezolano que representaba el 0,1% del mercado nacional y apenas contaba con cuatro aviones. El expresidente es el mismo que, como después harían sus compañeros con la Covid, no supo ver la crisis económica que finalmente le obligó a aplicar los mayores recortes del periodo democrático.

Empezábamos a reponernos cuando constatamos cómo una gestión que las cifras describían como caótica era presentada como un éxito. “De esta salimos más fuertes”, decían. Tanto, que aquello parecía un aval político suficiente para enviar al ministro de Sanidad como candidato a una de las regiones de la que, finalmente, acabría siendo elegido presidente.

Tal era el estado de catatonia colectiva que el jefe del Gobierno pensó que la operación de enviar ministros a los diferentes territorios podría tener el mismo resultado electoral. Quizá por los efectos de la vacuna, o quizá porque los ciudadanos empiezan a atar cabos, el modelo ya no le funciona. Ahora bien, de momento le sigue bastando para permanecer en La Moncloa. Aunque sea encerrado.