A las puertas de unas elecciones, las listas vuelven a recordarnos una pregunta recurrente: ¿quién puede permitirse entrar en política?
En la Comunitat Valenciana, con una economía sostenida por pymes, profesionales liberales, comercio, turismo, agricultura y una trama empresarial intensamente personal, la respuesta no es sencilla. Muchos de quienes podrían aportar experiencia técnica, criterio económico o conocimiento del territorio tienen detrás un despacho, una empresa, una consulta o clientes que no pueden esperar indefinidamente.
Aceptar un cargo público supone, casi siempre, interrumpir una trayectoria. Pero el verdadero problema no está en entrar, está en salir.
El funcionario de carrera conserva, en buena medida, una puerta de retorno. El abogado, el médico, el economista, el arquitecto o el empresario no siempre; en una economía de despachos y empresas familiares, casi nunca. Su clientela se habrá repartido, su sociedad habrá seguido adelante sin él y su especialidad habrá cambiado. Volver no consiste en recuperar un puesto, consiste en reconstruir una posición en un mercado que no hizo ninguna reserva para ti.
Aquí está la paradoja. Queremos en la política personas con experiencia, independencia y vida profesional propia, pero organizamos el sistema de modo que salir de el resulta especialmente costoso precisamente para quienes tienen algo a lo que volver.
La consecuencia es un problema de incentivos. Quien conserva una alternativa puede discrepar, rechazar un cargo o marcharse. Quien depende del siguiente puesto en una lista, de la confianza de un aparato o de la continuidad de su retribución tiene menos margen para incomodar. No hace falta mala fe, basta una hipoteca, una familia y pocas salidas.
Y cuando la permanencia depende de no molestar, la prudencia acaba pareciéndose demasiado a la lealtad absoluta. Quienes dependen del cargo son, además, los que menos interés tienen en cambiar las reglas.
No se corrige pagando peor a los representantes públicos ni imponiendo límites de mandato como fórmula universal. Una retribución digna permite que personas sin patrimonio se dediquen al servicio público, y la experiencia también merece permanecer en las instituciones. El reto es otro: que la política sea una etapa de la vida profesional, no un callejón del que sea difícil regresar.
Eso exige reglas claras de reincorporación, compatibilidades razonables, transparencia en la confección de las listas y menos poder de los aparatos para decidir quién continúa y quién desaparece. Sin privilegios, sin puertas giratorias y sin pretender que un despacho o una empresa valenciana esperen años a quien decidió servir a lo público.
En una Comunitat que necesita recuperar confianza en sus instituciones y atraer talento, esta no es una cuestión menor. Si los profesionales competentes calculan que entrar en política puede hipotecar su futuro, quedarse fuera es una decisión razonable, no una falta de compromiso.
Y cuando lo racional para muchos es no entrar, el problema ya no es individual. Es de diseño.
No basta con pedir a los mejores que se presenten. Hay que permitirles hacerlo sin perder la posibilidad de volver.
Una puerta que solo se abre hacia dentro no invita, solo retiene.
