Hay nombres que sobreviven a los edificios y edificios que sobreviven en la memoria de quienes los frecuentaron. El Hotel Mindanao, en el paseo de San Francisco de Sales de Madrid, pertenece a esa categoría de lugares que forman parte de la memoria sentimental de una generación. Allí solía alojarse mi abuelo Paco, que además era mi padrino, cuando viajaba a Madrid por negocios. Para mí, por tanto, Mindanao no era inicialmente una isla del sudeste asiático, sino un hotel asociado a aquellos viajes de trabajo que tenían algo de ceremonia: habitación reservada, reuniones, comidas y, si el negocio lo permitía, una sobremesa sin la amenaza de que alguien preguntase por el enlace de Teams.
Inaugurado en diciembre de 1966, el hotel pertenecía a aquel Madrid empresarial que empezaba a mirar al futuro con optimismo y a medir el progreso en hoteles, salones y metros cuadrados. Junto a establecimientos como el Mayte Commodore, representaba una determinada idea de modernidad: arquitectura contundente, servicios ambiciosos y espacios donde los negocios podían mezclarse con la vida social. Era la cara más próspera del desarrollismo franquista, aunque conviene recordar que aquella modernización económica convivía con una dictadura y con las limitaciones políticas de la época. La prosperidad, como la buena cocina, no siempre garantiza la excelencia de todos los ingredientes.
El Mindanao cerró y su transformación inmobiliaria terminó protagonizando una polémica laboral. En 2004, la venta del inmueble a una promotora para destinarlo a viviendas de lujo enfrentó a la propiedad con los trabajadores, unos 125 empleados afectados por un expediente de regulación de empleo. Los sindicatos denunciaron que la reforma anunciada para el hotel había acabado desembocando en una operación residencial. El establecimiento desapareció, pero el nombre sobrevivió en Mindanao House, la promoción que ocupó su lugar. La ciudad cambió de piel y conservó la etiqueta en la fachada.
Hace unas semanas, una noticia sobre Filipinas me devolvió a aquel hotel. Descubrí que Mindanao era también el nombre de una de las grandes islas del archipiélago filipino, escenario de un conflicto político y armado que llevaba décadas enquistado. No existía relación alguna entre el hotel madrileño y aquella guerra; la conexión era puramente nominal y sentimental. Pero me pareció una buena razón para tirar del hilo y averiguar qué había detrás de un nombre que, en mi memoria, pertenecía al Madrid de los viajes de negocios y que, a miles de kilómetros, evocaba una historia de violencia, identidad y resistencia.
Porque el hotel desapareció como hotel. En Filipinas, en cambio, se intenta algo mucho más complicado: dejar atrás la guerra sin que una comunidad tenga que renunciar a su identidad.
Filipinas no es ese archipiélago homogéneo que a veces imaginamos desde Europa. Reúne más de siete mil islas, numerosas lenguas, culturas y tradiciones religiosas. En el sur, especialmente en Mindanao y el archipiélago de Sulú, existían comunidades musulmanas organizadas en sultanatos, conectadas con las redes comerciales del mundo malayo y del sudeste asiático mucho antes de la consolidación del dominio español.
Los españoles llamaron moros a sus habitantes musulmanes, recurriendo a una palabra heredada de su propia historia peninsular. La denominación trasladaba a Filipinas categorías familiares para los colonizadores, pero aquellos moros poco tenían que ver con los de la historia medieval española. Tenían sus propias instituciones, sus redes comerciales y sus tradiciones políticas. No eran una prolongación asiática de la Reconquista, aunque la tentación de interpretar el mundo con el mapa mental de casa sea una de las constantes de la historia imperial.
La colonización española encontró una resistencia persistente en el sur. La situación no desapareció con el final del dominio español ni con la independencia filipina en 1946. Las políticas de asentamiento y migración interna, las disputas por la tierra, la pérdida de control sobre territorios tradicionales y la percepción de marginación política alimentaron las tensiones entre comunidades musulmanas y el Estado central. No fue únicamente un conflicto religioso: también era una disputa por el territorio, la representación y el derecho a decidir sobre el propio futuro.
- El Hotel Mindanao (Madrid) en obras en 2013. -
- Foto: GOOGLE EARTH
La violencia contemporánea se intensificó a finales de los años sesenta. Un episodio decisivo fue la matanza de Jabidah, ocurrida el 18 de marzo de 1968 en la isla de Corregidor. Miembros de las Fuerzas Armadas filipinas mataron a reclutas musulmanes que participaban en una operación secreta vinculada a un plan para intervenir en Sabah, territorio disputado con Malasia.
¿Cuántos murieron? No existe una cifra definitiva aceptada por todos. Las estimaciones históricas más citadas oscilan entre 11 y 68 víctimas. La incertidumbre sobre el número no debe utilizarse, sin embargo, para diluir la gravedad del episodio.
Jabidah se convirtió en un símbolo de agravio para una parte importante de la población musulmana y contribuyó a la movilización política mora. En 1972, Ferdinand Marcos declaró la ley marcial y la confrontación adquirió una dimensión militar mucho mayor.
Surgió el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF), que defendía la independencia de los territorios moros. Posteriormente se desarrolló el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF), que acabaría convirtiéndose en el principal interlocutor del proceso de paz que hoy nos ocupa.
La guerra provocó muertes, desplazamientos y una profunda fractura social. Pero tampoco aquí conviene simplificar: los movimientos separatistas no fueron todos iguales, ni compartieron siempre los mismos objetivos. Hubo facciones disidentes, grupos armados locales y organizaciones yihadistas.
La paz no llegó porque los contendientes descubrieran de pronto las virtudes de la convivencia. Llegó mediante un proceso largo, discontinuo y lleno de frustraciones. El giro decisivo llegó con el Acuerdo Marco sobre Bangsamoro de 2012 y el Acuerdo Integral sobre Bangsamoro, firmado el 27 de marzo de 2014. El pacto no establecía la independencia. Proponía sustituir la autonomía anterior por un sistema de autogobierno más amplio, con competencias políticas, administrativas y fiscales, dentro de la República de Filipinas. También incluía compromisos de desarme, reintegración de combatientes, normalización y desarrollo económico.
La idea era ambiciosa: que una organización insurgente dejara de combatir al Estado para convertirse en un actor político dentro de él. O, dicho de otro modo, que quienes habían intentado cambiar el sistema desde fuera aceptasen la posibilidad de transformarlo desde dentro.
Bangsamoro significa, aproximadamente, el pueblo moro. Es una identidad histórica y cultural, pero también el nombre de un proyecto político. Bangsamoro cuenta con un sistema parlamentario propio y competencias legislativas y administrativas en determinadas materias. No es un Estado independiente: la soberanía filipina se mantiene, al igual que la ciudadanía nacional. El acuerdo busca una tercera vía entre la integración centralizada y la secesión: que una comunidad pueda ejercer un autogobierno más amplio sin tener que construir un país separado. Esto no significa que todos los habitantes hayan renunciado a la independencia ni que todas las facciones hayan aceptado el proceso. Significa que una parte decisiva del movimiento insurgente ha optado por probar una alternativa institucional. La autonomía, además, no es una solución mágica. Persisten problemas de seguridad, armas, violencia entre clanes, disputas territoriales y desigualdad. La región reúne comunidades musulmanas diversas, pueblos indígenas no musulmanes y población cristiana. El nuevo sistema tendrá que demostrar que puede representar y proteger a todos, no únicamente a quienes cuentan con mayor capacidad de presión política. Su éxito dependerá de que la autonomía se traduzca en seguridad, justicia, servicios públicos, oportunidades y desarrollo. Si solo cambia los nombres de los cargos y redistribuye el poder entre las élites, habrá cambiado el decorado sin modificar demasiado la obra.
El pasado 14 de septiembre se celebraron las primeras elecciones parlamentarias ordinarias de Bangsamoro. Los resultados oficiales registraron 2.018.478 votantes y una participación del 84,34 %. Los parlamentarios electos fueron proclamados el 16 de septiembre y tienen prevista su toma de posesión el 30 de octubre de 2026. Es un hito político importante: la región se dispone a pasar de una larga etapa de gobierno transitorio a una nueva fase de representación parlamentaria ordinaria.
¿Significa esto que la población ha renunciado a la independencia? No podemos afirmarlo. Sí podemos decir que el proceso de paz ha conseguido que una parte sustancial del movimiento insurgente participe en un proyecto de autogobierno y que millones de electores hayan acudido a las urnas.
Es posible que el cansancio de décadas de violencia haya favorecido una solución política. También han pesado las negociaciones, las garantías institucionales y la posibilidad de obtener competencias que antes parecían inalcanzables. Reducir todo el proceso al agotamiento sería injusto con quienes negociaron durante años; atribuirlo a una súbita conversión democrática sería igualmente ingenuo. La prueba real comienza ahora. El nuevo Parlamento tendrá que demostrar que puede gobernar, reducir la pobreza, distribuir los recursos con equidad y ofrecer un futuro a los jóvenes. La paz no se mide únicamente por los fusiles que se entregan, sino también por las oportunidades que hacen menos probable volver a empuñarlos.
Es inevitable mirar hacia España. La comparación con Cataluña y el País Vasco tiene interés, siempre que no confundamos historias muy distintas. En Bangsamoro hubo una insurgencia armada prolongada; en España, el independentismo catalán y la mayor parte del nacionalismo vasco contemporáneo han desarrollado su actividad principalmente mediante la política, las elecciones y las instituciones. La violencia de ETA constituye una historia específica y sangrienta que no puede confundirse con el conjunto del nacionalismo vasco.
Pero hay una pregunta común: ¿puede una comunidad conservar su identidad sin considerar imprescindible la independencia? La autonomía ha permitido institucionalizar identidades territoriales diferenciadas dentro del Estado español, con parlamentos, gobiernos y competencias propias. Eso no ha eliminado las aspiraciones independentistas ni ha resuelto todas las discrepancias sobre soberanía, pero demuestra que la identidad y la pertenencia a un Estado no son necesariamente incompatibles. Bangsamoro ofrece una respuesta nacida de una guerra y de una negociación prolongada. No es una receta que pueda trasladarse mecánicamente a España. Es, más bien, una experiencia que invita a reflexionar sobre cuánto autogobierno, reconocimiento y confianza necesita una comunidad para aceptar un marco político compartido sin sentir que renuncia a sí misma.
Volvamos al paseo de San Francisco de Sales. El Hotel Mindanao desapareció como establecimiento hotelero, pero conservó su nombre en las viviendas que ocuparon su lugar. En Madrid, es hoy una pequeña cápsula de memoria urbana y empresarial. En Filipinas, Bangsamoro intenta conservar una identidad histórica mientras cambia la forma de ejercer el poder haciéndolo compatible con su pertenencia al Estado filipino. Quizá dentro de unos años, cuando alguien pronuncie la palabra Mindanao, pensemos menos en una guerra olvidada y más en una paz que aprendió a sostenerse. Sería un desenlace mucho más valioso que cualquier operación inmobiliaria.
