Dejo unos días el hemisferio norte y cuando regreso, el avión atraviesa unas turbulencias provocadas por el revoloteo de currículos inflados como criptobros de gimnasio. Que ya es mala suerte que los altos cargos de cualquier partido les pille el ataque de honradez social en la rampa de la segunda quincena de julio y con la inhabilitación de agosto a la vuelta de la esquina. Con un currículo limpito de títulos como el mío, aunque confieso que con la comprensión lectora de francés un pelín sobreestimada, he tenido que enfrentarme varias veces al escollo de descartar opciones de empleo y al de quedar inmediatamente descartado. Así que entiendo la tendencia de quienes reforestan  su apartado de formación con el fin de que se les vea bien, como quien saluda a cámara en cuanto ve a un reportero de televisión. Lo que no entiendo es la incapacidad de todos ellos para asimilar el concepto de transparencia. Cito el diccionario de la RAE: “Transparente. Acepción 6. Adjetivo. Dicho especialmente de una gestión o de un proceso: Que se realiza sin que se oculte información sobre la manera en que se hace o se desarrolla y, en particular, sin que haya duda sobre su legalidad o limpieza”.

Es cierto que vivimos la paradoja de que en tiempos de literalidad exacerbada, los diccionarios se consultan tan poco como de costumbre. Pero más allá de eso, lo que me preocupa es que si en algo tan básico, tan en principio inocuo y tan al alcance de cualquiera como un curriculum vitae son capaces de falsear los datos, no me quiero ni imaginar lo que sucede en los ámbitos que están ocultos tras el telón de la confidencialidad. Me importa tres narices que la secretaría de organización de un partido político esté ocupada por una persona a la que le rebosan los doctorados o por otra a la que, como sucede con un alto cargo del PP valenciano, los maristas le tuvieran que limar los exámenes de secundaria para que raspara una nota de un 5 pelado. Lo que se les debe exigir, cuando alcanzan un puesto en la administración pública, es que sean honrados y capaces de realizar una buena gestión. Cosa que, por cierto, en el caso del alumno de los maristas, no se da.

En un país en el que ya no da ni miedo lo que pueda suceder con las adjudicaciones públicas, porque las trampas suelen salir a la luz antes o después, cabría ampliar la legislación relativa a la transparencia. Que no haya una nómina, una factura o una reunión en el palco del Bernabéu sin su reflejo en las webs institucionales, desde las estatales a las municipales. Y que las faltas que se produzcan conlleven algún tipo de responsabilidad penal o económica. Como eso no va a ocurrir, entre otras cosas por la ingente cantidad de auditores que serían necesarios para implantarlo, nos tendremos que conformar con que quienes deciden dedicarse a la política lo hagan por conciencia de servicio público y no por dinero. Que tampoco va a ocurrir, porque desde que se implantó el plan Bolonia en las universidades españolas, los másteres se han puesto por las nubes. Y no vamos a presentar un currículo vacío. Claro.

@Faroimpostor