Un informe de la OCDE publicado en marzo de 2026 pone de manifiesto una de las grandes debilidades de España: la distancia entre las normas que se aprueban y su aplicación efectiva. En la práctica, nuestro país cumple solo el 17% de los criterios de su marco estratégico anticorrupción, frente al 32% de media de la organización. Además, este organismo señala deficiencias en el control de las relaciones entre los responsables políticos y las organizaciones y empresas que intentan influir en sus decisiones, en la transparencia de las cuentas de los partidos y en la aplicación de medidas disciplinarias y control interno de los empleados públicos.
Cuando se acercan las citas electorales, el foco suele ponerse casi exclusivamente en las siglas y los nombres propios. Sin embargo, la verdadera regeneración democrática no consiste simplemente en cambiar a quienes ocupan el poder, sino en establecer reglas que funcionen con independencia de quién gobierne y obliguen a todos a rendir cuentas. España necesita algo más que alternancia política: poderes públicos sólidos, recursos bien gestionados y una maquinaria estatal al servicio de las personas.
A esta situación se suma una polarización política que dificulta los grandes acuerdos que el país necesita. Es hora de recuperar el valor de la ley frente a la discrecionalidad, el mérito frente al favoritismo y la eficacia frente al despilfarro. Gobernar no debería consistir en derrotar al adversario, sino en resolver los problemas de la gente.
Independencia institucional
Una democracia sana necesita estructuras de control capaces de actuar sin presiones partidistas. Entidades como la Justicia, el Tribunal Constitucional y los organismos encargados de fiscalizar las cuentas públicas, entre otras, deben ejercer sus funciones con plena imparcialidad, frenar los abusos y proteger los derechos de todos.
Exigir que las reglas se cumplan no debilita la democracia; al contrario, la fortalece"
Para ello, resulta imprescindible acabar con la práctica de repartir los puestos institucionales según la cuota que corresponde a cada partido. Quienes ocupen estas responsabilidades deben ser elegidos atendiendo a su preparación, experiencia, valía y trayectoria profesional. Cuando se cuestiona la neutralidad de quienes deben vigilar al poder, la credibilidad del sistema se resiente.
Pero independencia no significa impunidad. Quien ejerce una responsabilidad pública debe responder por sus decisiones y actuaciones. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para recuperar la confianza ciudadana.
Estabilidad normativa y calidad legislativa
Una democracia no se sostiene solo con buenas instituciones: también necesita que la ciudadanía participe en las decisiones públicas y vigile a quienes gobiernan. Países como Suiza demuestran, mediante sus consultas y referendos, que la sociedad puede tener un papel mucho más activo en el control del poder.
La legitimidad de las instituciones se refuerza con normas claras, transparencia y procedimientos que permitan resolver los conflictos con garantías. Exigir que las reglas se cumplan no debilita la democracia; al contrario, la fortalece.
La Constitución debe seguir siendo el marco común de convivencia y el límite que ningún Gobierno puede sobrepasar por conveniencia política. Las reglas del juego no pueden cambiarse ni reinterpretarse al gusto de quien ocupa el poder en cada momento.
También es necesario cuidar la calidad de las leyes. El abuso de los procedimientos de urgencia y de las llamadas leyes exprés reduce el debate parlamentario, dificulta el análisis técnico y genera inseguridad jurídica. Aprobar normas precipitadamente, sin escuchar a los sectores afectados ni estudiar sus consecuencias, puede dar lugar a regulaciones confusas o inadecuadas que terminen anuladas por los tribunales. Legislar deprisa y sin el debido debate no significa gobernar mejor.
Rigor presupuestario y evaluación de resultados
El dinero de nuestros impuestos debe destinarse a necesidades reales y demostrar que sirve para mejorar la vida de los ciudadanos. Sin embargo, resulta difícil hablar de buena planificación económica cuando España encadena tres ejercicios consecutivos —2024, 2025 y 2026— sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado y mantiene prorrogadas las cuentas de 2023. Una prórroga no es una simple repetición de lo anterior: congela las prioridades de un ejercicio ya cerrado, deja los créditos asignados a programas que quizá ya no son prioritarios y reduce la capacidad de reorientar el gasto hacia las necesidades que han aparecido después. Esta situación limita el debate sobre las prioridades presupuestarias y dificulta adaptar los recursos a las necesidades de cada momento.
Pero no basta con decidir cuánto dinero se asigna: también hay que justificar en qué y para qué. Cada partida debe responder a una necesidad concreta y acreditar que merece recibir financiación pública. No se trata de reducir los recursos por sistema, sino de administrarlos con responsabilidad.
Una vez realizada la inversión, también hay que comprobar su impacto. La experiencia de países como Suecia muestra la importancia de hacer un seguimiento periódico de las actividades y los efectos de los organismos públicos. El procedimiento debería ser sencillo: auditar las cuentas de forma independiente, comprobar si los programas cumplen sus objetivos y revisar o retirar la financiación de aquellos que no funcionan
Esto significa, por ejemplo, dejar de renovar automáticamente subvenciones millonarias año tras año sin comprobar si cumplen su finalidad o si siguen absorbiendo recursos sin aportar beneficios suficientes a la sociedad.
Simplificación administrativa y coordinación real
Otro de los grandes retos es conseguir que las distintas administraciones trabajen de forma coordinada. La falta de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos genera duplicidades, trámites innecesarios y aplicaciones informáticas que no se comunican entre sí. La descentralización debe servir para acercar los servicios públicos a las personas, no para multiplicar las dificultades.
La eficacia del aparato público se mide en las gestiones cotidianas: conseguir una cita, solicitar una ayuda o resolver un trámite. De poco sirven los formularios digitales y las páginas web modernas si después se obliga al ciudadano a presentar una y otra vez documentos que la propia Administración ya tiene.
Pensemos en un autónomo de la Región de Murcia que solicita una ayuda o bonificación. Para acceder a ella debe estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Aunque la Administración puede comprobar estos datos directamente y así lo hace en muchas convocatorias, todavía hay procedimientos en los que el solicitante debe aportar certificados o realizar gestiones adicionales. Una mejor coordinación entre organismos permitiría evitar trámites innecesarios y facilitar las cosas a quien trabaja y cumple con sus obligaciones, en lugar de añadirle más papeleo.
España debería avanzar hacia un modelo en el que empresas y autónomos realicen sus gestiones desde un único punto, sin peregrinar de un organismo a otro ni aportar continuamente documentos que el propio Estado ya posee. La solución pasa por simplificar procedimientos, eliminar trámites innecesarios y avanzar hacia una verdadera ventanilla única, donde el ciudadano no tenga que conocer las distintas estructuras administrativas ni hacer de intermediario entre ellas.
Gobernar para servir, no para controlar
La buena gobernanza empieza por unas instituciones independientes, dirigidas por profesionales elegidos por su capacidad y trayectoria, y unas reglas estables que no dependan de los intereses del Gobierno de turno. Las leyes no pueden improvisarse ni modificarse por conveniencia política: deben responder al interés general y ofrecer seguridad a todos.
Sobre esos cimientos debe asentarse una gestión responsable del dinero público. Cada euro de nuestros impuestos tiene que estar justificado y cada inversión debe demostrar su utilidad mediante controles y evaluaciones independientes. No podemos acostumbrarnos a mantener indefinidamente políticas que no funcionan ni a destinar recursos sin medir sus rendimientos.
La eficacia en la gestión pública no es una utopía inalcanzable. Países como Dinamarca (con su portal Virk), Estonia (pionera en su modelo digital) o Noruega (con la plataforma Altinn) ya permiten que cualquier autónomo o empresa resuelva sus trámites desde un único sitio. España harían bien en tomar nota y transformar su maquinaria estatal en una herramienta que impulse la economía en lugar de poner trabas.
Todo ello debe traducirse en algo que los ciudadanos puedan notar en su vida diaria: una Administración sencilla, moderna y coordinada, que resuelva problemas en lugar de crear otros nuevos.
La regeneración democrática no consiste únicamente en cambiar de Gobierno cada cierto tiempo. El verdadero cambio radica en conseguir que las instituciones funcionen con independencia de quién esté al frente del Ejecutivo, que las reglas se respeten y que el dinero de los contribuyentes se utilice con responsabilidad. En definitiva, que el poder público esté al servicio de los ciudadanos y no al revés.
Fuentes bibliográficas y documentales
Constitución Española (1978).
Defensor del Pueblo (2024 y 2025). Informes anuales.
OCDE (2025). Government at a Glance 2025.
OCDE (2026). Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026.
OCDE (2026). Digital Government Outlook 2026.
Comisión Europea (2025 y 2026). Informes sobre el Estado de Derecho en España. Consejo de Europa – GRECO (2025). Informes de evaluación de España. AIReF (2022-2026). Spending Review.
Cancillería Federal de Suiza. Votaciones populares federales.
Gobierno de Suecia. Public agencies and how they are governed. Agencia Danesa para la Digitalización. Virk.
Gobierno de Estonia. X-Road.
Agencia Noruega de Digitalización. Altinn.
