El próximo lunes 11 de mayo comienza una huelga indefinida de la red de colegios públicos de la Comunitat Valenciana. A buen seguro, la huelga generará trastornos en las familias y en los escolares de distintas edades (si bien la discusión pública se centra en los estudiantes de segundo de Bachillerato que en breve afrontarán las pruebas de acceso a la Universidad). Y, desde luego, generará un quebranto económico importante para los huelguistas.

A menudo escucho argumentos, cuando un colectivo se pone en huelga, que vienen a decir: “que hagan huelga, pero sin molestar a nadie, sin perturbar a los demás”. El problema es que, si una huelga no molesta a nadie, no genera ninguna perturbación o inconveniente para nadie, ningún efecto práctico salvo que los huelguistas dejen de cobrar su salario, exactamente,… ¿por qué la patronal, en este caso la administración autonómica, debería prestarse a negociar nada o mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, cosa que manifiestamente no tenía intención de hacer? Puede que la huelga “sin efectos colaterales” funcione en -parafraseando a Homer Simpson- la casa de la Gominola en la calle de la Piruleta del País Feliz, plagado de hombres mágicos como el propio Homer; pero no en el mundo real.

Personalmente, me parece que el profesorado de los diversos niveles educativos tiene sobrados motivos para quejarse: tienen los salarios congelados desde hace décadas; han visto cómo las ratios de alumnado permanecen igual, a pesar del descenso de la natalidad, que se combina con la afluencia de un número creciente de estudiantes foráneos (con las dificultades añadidas de integración y desarrollo del temario que esto conlleva); han vivido, como viven todos los sectores del antaño sólido Estado del Bienestar, una clara decadencia de la inversión institucional y la calidad de las infraestructuras; en paralelo, han visto cómo la burocratización no ha hecho más que incrementarse y alcanzar parámetros cada vez más absurdos, obligando a los docentes a dedicarse a cuestiones que no tienen nada que ver con la docencia (afortunadamente, en breve podrán encomendarle a una IA que se dedique a contestar a los memorandos que la Generalitat ha diseñado con otra IA, y cuyas respuestas analizará, y archivará, otra IA).

Además, al menos desde la llegada del PP al Gobierno de la Generalitat, hemos visto un pasotismo manifiesto por la calidad de la educación pública, que puede observarse en decisiones tan erráticas y contraproducentes como volver al sistema de líneas (que impide a los colegios desarrollar políticas cohesivas y diseñar grupos con criterios pedagógicos, pues lo único que prima es la lengua vehicular escogida por los padres), decisión tomada además por las razones equivocadas (una mímesis absurda de la situación en la Comunitat Valenciana con la que la derecha española considera que se vive en Cataluña). O, sin ir más lejos, en el hecho de que la consellera ni se haya molestado en reunirse con los cinco sindicatos convocantes de la huelga (que representan el sentir de una mayoría clara del profesorado) y haya afirmado que era imposible atender a sus peticiones… Hasta que la huelga ha cristalizado. Entonces sí.

Curiosamente, no es la huelga “con buena voluntad y sin molestar a nadie” la que ha llevado a la consellera a formular una primera propuesta de incremento salarial, sino que es precisamente la amenaza de la huelga la que ha conducido a buscar algún acuerdo. También, a enviar una bochornosa carta a los padres de los estudiantes con propaganda de la Conselleria, sabedora la consellera de que es bastante factible que muchos padres no simpaticen con el profesorado, porque les causa molestias la huelga y porque siempre es en España un mantra criticar los privilegios del funcionariado.

Y es cierto que el funcionariado tiene privilegios y resulta una institución anacrónica en algunos sectores laborales; pero sinceramente no creo que este tipo de consideraciones se puedan aplicar al trabajo que hacen los profesores de la educación pública; un trabajo que requiere vocación, implicación, y energía para llevarlo a cabo, además de conocimientos, y que tiene una importancia decisiva en la formación, intelectual y humana, de los niños y adolescentes con los que tratan. Y todo ello por unos salarios que distan mucho de corresponder con la importancia y requisitos formativos de su labor, especialmente tras la congelación a la que han sido sometidos en las últimas décadas.