BENIDORM. Casi 700.000 euros. Esta es la cuantía que podrían devolver al Ayuntamiento de Benidorm si termina anulándose la continuidad de la concesión de la gestión del parking de l'Aigüera. La decisión está todavía en manos de la revisión de oficio abierta por el Consistorio y del dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Precisamente, son los informes recabados para enviar a esta entidad donde los técnicos municipales apuntan a estas cuantías, además de algunas deficiencias en la administración del contrato.

Como es sabido, el grupo municipal Ciudadanos de la anterior legislatura denunció ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) la continuidad de la concesión a la empresa al frente de este aparcamiento una vez había terminado el plazo establecido para la prórroga. La entidad abrió una investigación que terminó derivando al Tribunal de Cuentas, apuntando a que podría haber un agujero de 603.192,40 euros. A su vez, hacía una serie de recomendaciones como la revisión de oficio de esta modificación del contrato y el dictamen del Consultiu.

En este tiempo, el Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias preliminares a petición del Ministerio Fiscal, una vez comprobado que "no aprecia la existencia de menoscabo de fondos públicos imputable por dolo, culpa o negligencia a persona alguna", y sabiendo que se iba a revisar el expediente. 

Los hechos se remontan al pleno que aprobó con el voto a favor en solitario del PP extenderlo por un año más mientras se daba tiempo a tramitar la gestión directa. El periodo hacía referencia a junio de 2021 hasta febrero de 2023. Según explicó la portavoz del PP en su día, Lourdes Caselles, la investigación se centraba en si era una concesión de gestión de obra pública o de servicios públicos.

Cálculos

Con todo, el Ayuntamiento ha derivado al Consultiu dos informes municipales para tratar este asunto, además de las alegaciones de la empresa. Consta entonces un informe del área de Ingeniería firmado por tres técnicos en el que manifiestan que no cuentan con "datos para poder calcular los gastos que tuvo el contratista durante la prestación del servicio y, en consecuencia, en el periodo solicitado". Por lo que para hacer los cálculos, se basan en las cifras aportadas en el expediente de Antifraude y lo alegado por el contratista.