ORIHUELA. El Juzgado Contencioso Administrativo de Elche ha emitido una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento de Orihuela a pagar 308.731 euros a la UTE Urbor. Este ente fue el encargado de redactar el PGOU, que nunca llegó a aprobarse y además caducó.

Urbor, encargada de redactar el proyecto inicial reclamó el pago de su trabajo, que se inició en la legislatura gobernada por el PP de Mónica Lorente. Llegó a pleno en 2014 bajo el gobierno de Los Verdes y PSOE, pero la oposición del PP y Cento Liberal Renovador (CLr), votó en contra y tumbó el proyecto. 

La UTE llevó a los juzgados en 2018 el caso. El equipo de gobierno en ese momento, formado por PP y Cs, argumentaba que el pago estaba supeditado a la aprobación del plan, mientras que Urbor se acogía a la finalización de la redacción del proyecto. La justicia le ha dado la razón a la mercantil.