ALICANTE. La ejecución simultánea de las obras de mejora peatonal y calmado del tráfico puestas en marcha en el eje Marvá-Gadea y en el Paseo de los Mártires de la Libertad, incluidas en el proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante, ha copado gran parte del protagonismo en el primer pleno ordinario del nuevo mandato, este jueves, con el debate de hasta cuatro iniciativas distintas en relación a su desarrollo y a las fechas escogidas para ello.

La primera de ellas, ha sido la promovida por el grupo municipal de Compromís: una propuesta con la que se pretendía crear una comisión para abordar la coordinación de las obras municipales entre las concejalías con los agentes sociales y económicos de la ciudad de Alicante. La edil de la coalición valencianista, Sara Llobell, ha defendido la necesidad de establecer una línea de comunicación con todos los agentes sociales para evitar la situación de "caos" circulatorio que, a su juicio, se está registrando en la actualidad como consecuencia de la realización de esos proyectos de reurbanización, "sin que exista un modelo de ciudad a seguir", con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para los negocios vinculados al sector turístico. 

De hecho, los representantes de una decena de asociaciones empresariales de ese ámbito, que ya mantuvieron un encuentro con el alcalde, Luis Barcala, para plantear medidas que contribuyesen a minimizar esos efectos negativos, registró este miércoles una carta dirigida a los 14 concejales del equipo de gobierno (puede leerla en este enlace) con el fin de reclamar respuestas respecto a esas propuestas, entre las que se incluía la reducción horaria para evitar molestias, la creación de aparcamientos disuasorios provistos de lanzaderas para facilitar los desplazamientos al Centro o la determinación de compensaciones por el perjuicio ocasionado.

Con todo, esa primera iniciativa política no ha prosperado al no contar con el respaldo de la mayoría de concejales de la corporación. En primer término, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado necesaria dicha comisión para evitar los perjuicios que, en su opinión, habría conllevado la falta de información sobre su desarrollo. En segundo lugar, el grupo municipal de Vox, a través de su edil Juan Utrera, ha considerado que la creación de esa comisión implicaría dar carta de naturaleza a la implantación de la ZBE que su partido rechaza, aunque ha expresado su preocupación por el perjuicio generado por la realización de los proyectos de reurbanización sobre pymes y autónomos del sector hostelero y del comercio. Además, ha señalado que crear una comisión para sentar a vecinos, comerciantes y hosteleros sería contraproducente si lo que se pretende es alcanzar un consenso. 

En tercer término, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha anticipado su apoyo, aunque ha considerado que esta comisión no sería necesaria en la medida en que ya existen órganos como el Consejo Social de la ciudad, "que no se convoca", según ha incidido, o la comisión informativa de Urbanismo. En todo caso, ha derivado la responsabilidad de los perjuicios de las obras al equipo de gobierno en la principal zona turística de la ciudad, tras señalar que el PSOE planteó una propuesta para que se evitase la ejecución de obras durante la temporada estival en el pasado mandato, que quedó rechazada.

Por su parte, la portavoz del PP y responsable (provisional) de la Concejalía de Urbanismo, Mari Carmen de España, ha reconocido que las obras son molestas, pero ha defendido su futuro beneficio tanto en la transformación de la ciudad como en el conjunto de negocios situados en las zonas en obras. En todo caso, ha incidido en que, además, ya existen mecanismos de participación respecto al desarrollo de esas obras "puesto que es una obligación en todas las obras que cuentan con financiación europea". Además, ha señalado que "vamos a seguir ejecutando obras" porque son necesarias, por lo que ha recriminado a la oposición que "a ustedes lo que les molesta es que trabajemos, a diferencia de lo que hicieron ustedes".

En la réplica, Llobell ha incidido en la falta de planificación de las obras y en la necesidad de instaurar mecanismos de participación y comunicación. Copé ha apuntado que "no nos preocupa la ejecución de obras" sino la falta de coordinación". Utrera ha reiterado que quien debe coordinarse es el equipo de gobierno. Amorós ha instado al alcalde a comparecer para explicar bajo qué criterios se ejecutan obras en plena temporada turística y sin información previa a los sectores afectados. Y De España ha insistido en la necesidad de la ejecución de las obras y ha reprochado a la oposición que acuse al PP de no respaldar a los autónomos y los pequeños empresarios. En último término, la moción ha sido rechazada con los votos de PP y Vox (17) y el respaldo de los 11 ediles de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Comparecencia de Barcala

En segundo término, se ha producido la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, en respuesta a la solicitud formulada por el PSOE. Su portavoz municipal, Ana Barceló, ha intervenido para sostener que "no estamos en contra de la ejecución de las obras, sino de su falta de planificación que hasta le recrimina el interventor municipal y que generan caos". Así, ha sostenido que el primer edil primó los intereses del PP frente a los intereses de la ciudad al reprogramar el calendario de ejecución de esas obras. 

En esta línea, ha lamentado que no ha habido coordinación y que no se informó con carácter previo a los sectores económicos vinculados al turismo. Al tiempo, ha detallado los problemas de tráfico generados en puntos como Alfonso el Sabio, tanto para el vehículo privado como para el transporte público, tras incidir en que las obras en ejecución simultánea afecta a una superficie de 135.000 metros cuadrados. En todo caso, ha coincidido en reconocer el beneficio económico que las obras depararán en cuanto estén finalizadas.

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, se ha limitado a considerar necesaria la comparecencia del primer edil, mientras que su homólogo de Compromís, Rafa Mas, se ha retrotraído al momento en el que Barcala accedió a la Alcaldía, en 2018, con el voto en blanco de la exedil de Guanyar, Nerea Belmonte, aunque ha reconocido que, en la actualidad, es un alcalde legítimo elegido en elecciones. Después, se ha centrado en el objeto de la comparecencia para cuestionarle sobre los motivos por los que se decidió reprogramar las obras que debían reiniciarse después de la Semana Santa y por qué no informó con carácter previo a los sectores afectados. De igual modo, se ha referido a los reproches sobre la falta de ejecución presupuestaria y ausencia de planificación que apunta el informe de liquidación presupuestaria del departamento de Intervención.