ALICANTE. El debate sobre las políticas sociales ha vuelto a copar parte del protagonismo en pleno del Ayuntamiento de Alicante correspondiente al mes de marzo en cuestiones como los realojos para personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad o el respaldo a la educación pública. Son dos de los asuntos abordados en la sesión a instancias de sendas iniciativas promovidas por el grupo municipal de Unides Podem EU.
En primer término, el pleno ha rechazado crear una comisión no permanente con el objeto de esclarecer el estado actual de la tramitación de los decretos de emergencia habitacional, después de que trascendiese el retraso en la firma de esos documentos para que la Conselleria de Vivienda pudiese conceder "una solución habitacional a las personas desahuciadas", según ha defendido el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López. Así, ha recriminado la falta de atención a colectivos vulnerables por parte de la Concejalía de Acción Social que coordina la edil Julia Llopis.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha anticipado su rechazo a la iniciativa tras criticar al Gobierno central y a la Generalitat en lo que ha considerado el incumplimiento de sus compromisos respecto al freno a los desahucios. "Ustedes", en alusión a Unides Podem EU, "habían prometido que no se producirían más desalojos y nos han mentido", ha incidido. Además, se ha referido a la situación "de abandono" de los dos primeros bloques del barrio de Miguel Hernández (al que se ha referido con su antigua denominación, como barrio de José Antonio), tras la rescisión del contrato de rehabilitación adjudicado a Ecisa.
El edil de Compromís, Rafa Mas, ha insistido en reivindicar la necesidad de la creación de la Mesa de Vivienda para coordinar actuaciones frente a los desalojos. Y la edil del PSOE, Lola Vílchez, se ha referido a la próxima Ley de Vivienda en la que se prevén medidas para procurar soluciones para familias que acaben siendo desalojadas pese a las moratorias previstas. Por su parte, la edil de Acción Social, Julia Llopis, ha defendido que las competencias en materia de vivienda son de la Generalitat y ha sostenido que se han emitido 29 certificados de emergencia habitacional en los últimos meses "y la conselleria solo ha concedido una vivienda" como solución. Además, ha insistido en desacreditar la política de vivienda de la Generalitat para señalar que "tienen 1.200 viviendas ocupadas de manera ilegal" y que, además, no se ha invertido en la construcción de vivienda pública.
En la réplica, Ortolá ha abundado en los mismos argumentos y ha señalado que incluso Compromís "ha señalado que tenemos escasas competencias sobre vivienda y se siguen produciendo múltiples desalojos". Mas ha insistido en que "sí tenemos competencias para habilitar medidas de apoyo en materia de vivienda" como la creación de una mesa de coordinación específica. Además, ha señalado que "en Alicante no se está construyendo vivienda pública, cuando sí se está produciendo en otros municipios".
López se ha referido a la situación del barrio de Miguel Hernández para señalar que "las obras están de nuevo a licitación" después de que se produjese la situación que también se ha precipitado respecto a otras actuaciones promovidas por el Ayuntamiento, como la reforma de la Plaza de San Blas. Vílchez ha insistido en que no se ha construido ni una sola vivienda pública en la ciudad. Y Llopis ha señalado que ya se había mantenido una primera reunión con los responsables de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) para mejorar la coordinación. Por último, ha vuelto a cargar contra la política de vivienda de la Generalitat al señalar que solo se ha construido "41 viviendas públicas en el conjunto de la Comunitat". Por último, en el momento de la votación, la propuesta ha sumado 15 votos en contra (PP, Cs y Vox) frente a 13 votos a favor (PSOE, Unides Podem EU y Compromís).
Escuelas infantiles municipales
En lo que respecta al debate sobre la educación pública, también se ha rechazado la segunda propuesta promovida por Unides Podem EU por la que se planteaba crear una comisión no permanente para abordar la situación de las infraestructuras escolares municipales para los niños de 0 a 3 años tras el episodio registrado con el desalojo por daños estructurales en la escuela infantil Siete Enanitos. La edil de la confluencia, Vanessa Romero, ha defendido la iniciativa como necesaria al insistir en que las dos escuelas infantiles municipales se construyeron hace 40 años y requieren de reparaciones y actuaciones de mantenimiento "como venimos advirtiendo desde hace tiempo y ustedes lo negaban".
Además, ha reivindicado la necesidad de contar con una tercera escuela infantil municipal y ha tirado de ironía al dar "la enhorabuena" a la edil de Educación, Julia Llopis, por haber conseguido "desmantelar" una de las escuelas infantiles y de haber incluido a los representantes de la Concapa prácticamente como únicos referentes en el Patronato de Educación Infantil, según ha argumentado.
