ALICANTE. Nuevo blindaje institucional para garantizar la protección de edificios provistos de valor histórico, arquitectónico y patrimonial en Alicante. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), pretende promover un nuevo acuerdo de suspensión en la tramitación y el otorgamiento de las licencias de demolición por dos años de duración máxima que se extendería sobre cerca de un millar de inmuebles todavía desprovistos de protección. Se trata de un acuerdo similar al que se adoptó tras la formación del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2015, con el que se congelará la concesión de permisos para llevar a cabo intervenciones de calado en aquellos edificios que ahora todavía se encuentran en trámite de catalogación, a la espera de que la Generalitat conceda su visto bueno al catálogo de protecciones aprobado por el pleno de la corporación en septiembre de 2020.
La iniciativa, que se someterá a votación en comisión de Urbanismo este miércoles antes de elevarse al pleno de junio, se promueve justo en el momento en el que ha resultado posible -una vez transcurridos cinco años desde que venció la suspensión precedente-, con la expectativa de que el catálogo municipal pueda entrar en vigor en toda su plenitud en ese horizonte temporal máximo de dos años. Por el momento, ese documento sigue en fase de revisión para introducir las modificaciones requeridas en el informe sectorial remitido por la Conselleria de Cultura en julio de 2021, sin que se haya emitido la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica que debe evacuar la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, tras recopilar todos los informes sectoriales de los organismos competentes.
