ALICANTE. La primera reunión del Consejo Social de Alicante en lo que va de mandato se ha saldado este jueves con un alegato en defensa de la propuesta de presupuesto trazado por el bipartito (PP y Cs) para 2021 y la reproducción de los reproches que los grupos de la oposición que conforman el eje progresista ya pusieron de manifiesto durante el pleno de su aprobación inicial. Todo, además, aderezado con las críticas por el retraso en la convocatoria manifestadas tanto por la parte política como por los representantes de las entidades sociales que conforman el consejo: un órgano de carácter consultivo al que se debe exponer la propuesta de presupuesto anual antes de que se debata en el pleno de la corporación, cuyo desarrollo queda restringido únicamente a sus componentes. En ese guión más o menos previsible solo se ha incorporado el compromiso de convocar un nuevo consejo para exponer los proyectos que el Ayuntamiento prevé presentar para que puedan optar a financiación europea a través de los fondos de la recuperación.

Por partes. La sesión -que se ha prolongado durante más de tres horas- la ha dirigido el alcalde, el popular Luis Barcala, en su condición de presidente del consejo quien se ha centrado en defender la viabilidad de los presupuestos municipales de 2021 como herramienta con la que hacer frente a las necesidades provocadas por la pandemia de la covid-19. Barcala ha informado de la situación de la ciudad ante la pandemia y ha anunciado la realización de un informe exhaustivo con todas las medidas adoptadas, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado. Al mismo tiempo, se ha comprometido a convocar una nueva reunión para tratar sobre los fondos europeos para la recuperación, al recoger el planteamiento en ese sentido formulado por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, durante su intervención ante el consejo.

En la reunión han participado representantes de todas las entidades que forman parte del Consejo Social como los portavoces de los grupos políticos municipales, representantes vecinales de los cinco distritos de la ciudad, agentes sociales (los sindicato UGT y CCOO y la patronal, representada por la CEV), así como los máximos responsables de la UA, Cámara de Comercio, Autoridad Portuaria y colegios profesionales de Economistas y Arquitectos, además de las tres figuras de reconocido prestigio social que forman parte del consejo, a propuesta del alcalde. Por la parte social (no política), han intervenido tres de los representantes de las cinco Juntas de Distrito, quienes han lamentado el retraso en la convocatoria del consejo, cuando las cuentas ya están aprobadas de manera inicial.

 En esta línea, el representante de la Junta de Distrito número 2, Luis Almarcha, ha sido especialmente crítico al señalar que el consejo se encuentra "maniatado" y "amordazado". Además, ha lamentado que su balance sea "cero debates y cero informes". En términos similares se ha pronunciado el representante de la Junta de Distrito número 3, Carlos de Juan Carrillo, quien ha señalado que confiaba en que en esta nueva etapa el consejo sirviese para algo, puesto que, a su juicio, en el pasado no ha servido de nada. En esta línea, ha añadido que, en su opinión, el consejo requería de "un director de orquesta que nos haga trabajar". También ha intervenido el ingeniero Florentino Regalado, quien ha cuestionado las partidas asignadas a determinados gastos, como el destinado a la adquisición de libros y revistas, e incluso se ha preguntado por qué era necesario gastar 110 millones en personasl para ejecutar un presupuesto de 270 millones, según han indicado miembros del consejo.

Por lo sindicatos, la secretaria general de UGT en l'Alacantí, Yaissel Sánchez, ha recriminado los recortes practicados en las áreas de Cooperación e Igualdad y ha reclamado que se pongan en marcha los objetivos de la Agenda 2030. Su homóloga de CCOO, Consuelo Navarro, ha considerado que las entidades sociales no merecían las formas en las que se estaba gestionando el consejo y ha aprovechado su intervención para solicitar una actuación que impida la reconversión de los edificios anexos al Faro del Cabo de las Huertas en un restaurante. Por último, también ha reclamado la retirada de la ordenanza de convivencia cívica. El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, por su parte, ha demandado "agilidad" en la distribución de las ayudas previstas para paliar los efectos de la pandemia en el tejido productivo.

Asimismo, también ha tomado la palabra la nueva rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, quien ha defendido el papel de la ciencia en la respuesta frente a la pandemia y ha mostrado la disposición de la UA a colaborar con la ciudad. Por la Autoridad Portuaria, ha intervenido su director general, Carlos Eleno, quien ha incidido en que la voluntad del Puerto también es la de trabajar junto al resto de las administraciones, como, según ha citado, se ha demostrado en el caso del desvío de los trenes de mercancías hacia la terminal de ferrocarril del Puerto, sin necesidad de usar las vías de la antigua estación de Murcia. Y por la CEV, Martín Sanz ha reseñado la importancia de la colaboración público-privada en la gestión de los fondos europeos de la recuperación.

Por lo que respecta a las explicaciones de Barcala, ha apuntado, en respuesta a parte de esos reproches, que el Consejo Social se reunió por última vez en 2019, que en 2020 no pudo convocarse porque coincidió con el confinamiento al decretarse el primer estado de alarma y que se ha convocado ahora en la salida de la tercera ola gracias a los avances de los sistemas telemáticos, según han añadido las mismas fuentes. En todo caso, Barcala ha defendido que "estos presupuestos han sido elaborados por el equipo de gobierno para hacer frente a las necesidades ocasionadas por la pandemia de la covid en la emergencia social y económica, atendiendo los acuerdos alcanzados en la comisión para la recuperación de Alicante".

El alcalde ha concretado que el Ayuntamiento de Alicante aprobó en Pleno el pasado 16 de febrero de forma inicial los presupuestos municipales 2021 dotados con 274.252.555,90 euros, un 4,68% más que los del ejercicio anterior. "Unas cuentas que refuerzan el compromiso para luchar contra los efectos de la emergencia social y económica que provoca la evolución de la pandemia por covid, donde crece el gasto social y se mantiene el esfuerzo inversor para fomentar la recuperación económica de la ciudad", ha subrayado.

Barcala también ha resaltado "el amplio respaldo obtenido en la aprobación inicial de las cuentas municipales con el apoyo de PP y Ciudadanos y la abstención de PSOE y Vox, con solo los votos en contra de los cuatro ediles de Unides Podemos (2) y Compromís (2), aunque, en realidad, se trata de una propuesta que solo prosperó por mayoría simple, con los votos afirmativos de los 14 concejales del equipo de gobierno en una corporación compuesta de 29 ediles. Ahora, esa propuesta de planificación económica sigue en fase de exposición al público para la presentación de alegaciones, como las que ya han anunciado sindicatos como el SEP o vecinos a título particular, como informó Alicante Plaza.