MADRID (EP). SpainDC, la asociación española de data centers, ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante el real decreto del Gobierno.
El Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.
En este contexto, la asociación presentó ayer sus alegaciones a este proyecto de real decreto, desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.
El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha instado este viernes al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía "cosas que eran muy graves" para la industria. "Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones", ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todavía no hay un encuentro agendado.
Díaz ha añadido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto, cuyo nombre no se ha desvelado, representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030.
Sin embargo, con este nuevo planteamiento legal estaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.
Las inversiones buscan seguridad jurídica y las compañías comparan energía, disponibilidad de red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria. "España no compite consigo misma, si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país", ha advertido Díaz.
Un 40% de la inversión puede estar ya comprometida
Asimismo, Díaz ha estimado que, en función de su nivel de desarrollo, entre un 40 y 50% de esa inversión total puede estar actualmente comprometida.
En este sentido, ha explicado que el verdadero "punto de disparo" para ejecutar las inversiones es la concesión del punto de acceso a la red eléctrica. "Hasta que no está el punto de acceso concedido no se dispara la inversión", ha subrayado.
A este respecto, ha aclarado que, aunque los terrenos pueden adquirirse de forma directa, la práctica habitual en el sector es firmar opciones de compra. De este modo, si finalmente no se concede el permiso de acceso, se evita mantener un suelo en el que no sea viable instalar otra industria. "Lo que realmente dispara la inversión es la obtención del punto de acceso", ha reiterado.
"Podemos negociar"
Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ha afirmado: "Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa".
Asimismo, Villacís ha lamentado que España sea el mercado "menos atractivo" de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, apuntando que los afectos han sido "devastadores". "La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible", ha indicado.
La directiva ha explicado que las alegaciones presentadas "se nutren" de todo el sector, formado por más de 300 socios. "Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación", ha criticado.
Villacís ha advertido de que la nueva normativa provocará que la inversión se desvíe a países vecinos. "Sí habrá centros de datos en Europa, pero no van a estar en España; se irán a Portugal o Francia. España soportará las externalidades mientras la riqueza se va a otro país, y no nos lo podemos permitir", ha aseverado.
"¿Si somos sostenibles por qué cambian la normativa?"
"¿Si somos sostenibles por qué cambian la normativa?", se ha preguntado Villacís en el marco de la presentación este viernes de las alegaciones que SpainDC ha presentado tras conocerse el nuevo real decreto.
La asociación ha mostrado su rechazo "frontal" a esta normativa que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y sobernaría digital aplicables al sector.
Díaz y Villacís han explicado que la acumulación de restricciones prevista puede convertir la norma en una prohibición de facto para el sector y han planteado "serias" dudas sobre su encaje jurídico, tanto por la cobertura legal de algunas de obligaciones como por el reparto de competencias y la naturaleza de determinadas consecuencias previstas.
"No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable", ha señalado Díaz.
La preocupación de SpainDC no se limita al impacto empresarial y económico, las alegaciones presentadas por la asociación reflejan las dudas que también hay sobre el fondo jurídico del texto.
"Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida", ha explicado Villacís.
Desde que se dio a conocer el texto propuesto por el Gobierno, SpainDC ha mantenido su postura de que la intensidad, acumulación, plazos y penalizaciones impuestos por el nuevo régimen hacen que el resultado sea desproporcionado y la consecuencia perjudique la competitividad de España frente al resto de Europa.
Por eso, SpainDC ha advertido de que todos estos factores tienen consecuencia directa sobre la capacidad de España para competir por nuevas inversiones.
Reglas nuevas para proyectos ya en marcha
Uno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual.
Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse; esto significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero.
Las objeciones de SpainDC alcanzan también al régimen de consecuencias previsto. El proyecto contempla 'recargos' de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, pero Villacís ha expresado las dudas de que, por su magnitud, sean realmente sanciones camufladas.
Entre las alegaciones presentadas también figuran las relacionadas con la "preocupante" combinación de adicionalidad renovable y correlación temporal.
Gigafactoría de IA
Por otro lado, desde SpainDC han alertado de que las exigencias del texto entrarían en contradicción con proyectos clave para el propio Ejecutivo. En concreto, han señalado que la futura gigafactoría de inteligencia artificial (IA) no cumpliría con los requisitos que pretende fijar el Gobierno.
"Nosotros por política no mencionamos proyectos concretos, pero hay uno que por su notoriedad sí se puede hablar de él porque nos representa en Europa, que es la gigafactoría. En ese caso concretamente no cumpliría los requisitos que establece el Gobierno", ha advertido Villacís.
En este sentido, la directiva ha calificado de "contradicción" que la propuesta estratégica que España abandera ante Europa "no cumpla los requisitos" que el propio Ejecutivo pretende exigir en el ámbito nacional.
