ALICANTE, (EFE). El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, del PP, ha urgido a los gobiernos central y valenciano a diseñar "ya" un plan para la promoción del sector turístico y hostelero que deberá ser aplicado "tan pronto cuanto sea posible", una vez concluya la actual pandemia del coronavirus (Covid-19).

En un comunicado, Mazón ha respaldado la paralización de todas las actividades consideradas 'no esenciales' hasta el 9 de abril aprobada por el Consejo de Ministros de hoy dentro de la declaración del estado de alarma, aunque ha precisado que se trata de medidas que desde "hacía días" reclamaba él, entre otros dirigentes.

"Es una medida que esperábamos" y "aunque con retraso, hay que comprometerse todos a cumplirla, respetarla y llevarla hasta el final", ha advertido el popular.

Ha proseguido que "igual que tarde" estas últimas restricciones, "no pueden llegar tarde las de la recuperación, que deben estar preparándose ya", ha recalcado, para que sean desarrolladas de modo "inmediato" una vez que se retome la normalidad.

Entre las iniciativas que, en su opinión, debería tomar tanto el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez como el de su compañero de partido Ximo Puig en la Generalitat están una "revolución fiscal, la suspensión o aniquilación de la inmensa mayoría de las figuras impositivas que en estos momentos todavía gravan a los que crean empleo y a los autónomos y", ha hecho hincapié, "la promoción, promoción y promoción de nuestro sector turístico y hostelero tan pronto cuanto sea posible".

El presidente de la Diputación de Alicante ha insistido en que "hay que trabajar ya en eso" porque "ahí no podemos llegar tarde".

La Diputación ha empezado a adoptar medidas en ese sentido, como los 10 millones de euros puestos a disposición de los ayuntamientos a través de la Caja de Crédito y la reactivación de los procedimientos de contratación de actuaciones vinculadas a la crisis del coronavirus o a aquellos que son indispensables para el interés general, lo que supondrá la inversión de más de 50 millones de euros en 59 municipios de la provincia.

De esta manera se podrá proseguir con la tramitación de 169 procedimientos que se habían paralizado tras el decreto que establecía el estado de alarma.

Esta medida supone dar seguridad jurídica a los empresarios, puesto que se garantiza que los procedimientos de contratación van a seguir su curso y que las obras y los servicios podrán ejecutarse cuando finalice el confinamiento.

El real decreto del estado de alarma entró en vigor el pasado 14 de marzo y contemplaba la suspensión de todos los procedimientos administrativos, aunque una posterior modificación, del 17 de marzo, abría la posibilidad, a lo que la Diputación se ha acogido para reactivarlos.