BENIDORM.- Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Benidorm desarrollaron el pasado viernes, 30 de octubre, un dispositivo policial conjunto en el emblemático edificio Intempo, ubicado en la playa de Poniente, con el propósito de detectar viviendas destinadas al alojamiento turístico que pudieran estar operando sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.
El operativo contó con la participación de alrededor de 40 agentes uniformados de ambos cuerpos, que realizaron de forma coordinada distintas inspecciones aleatorias en apartamentos de las dos torres del inmueble, conocidas como Poniente y Levante.
Paralelamente, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional desplegaron controles de personas y vehículos en el entorno del edificio, reforzando las labores de inspección y las medidas de seguridad durante toda la intervención.
La actuación transcurrió con total normalidad y contó con la colaboración de residentes y usuarios del inmueble, que facilitaron el trabajo de los agentes durante las comprobaciones realizadas.
Como resultado de las inspecciones, en apenas unas horas se localizaron al menos siete apartamentos turísticos que presuntamente ejercían su actividad sin la correspondiente habilitación administrativa. El resultado pone de relieve la eficacia de la coordinación policial en la detección y prevención de posibles irregularidades vinculadas al alojamiento turístico.
Benidorm refuerza la inspección de las viviendas de uso turístico
Este tipo de actuaciones se enmarca en las competencias de inspección y sanción asumidas por el Ayuntamiento de Benidorm en virtud del Decreto-ley 9/2024, de 2 de agosto, de la Generalitat Valenciana, que modificó la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.
La normativa autonómica establece diferentes obligaciones para quienes desarrollan actividades de alojamiento turístico. Entre ellas, para los establecimientos sometidos a este régimen, destaca el principio de unidad de explotación, que determina que la gestión y administración deben recaer en una única titularidad responsable.
Este requisito resulta especialmente relevante a la hora de establecer las responsabilidades administrativas ante posibles infracciones o incumplimientos de la legislación vigente.
El Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm es el órgano encargado de instruir y tramitar los correspondientes expedientes sancionadores.
Desde que el municipio asumió estas competencias, se han formulado distintas propuestas de sanción por infracciones relacionadas con la actividad turística irregular. Entre ellas, al menos cuatro sanciones, inicialmente cuantificadas en 50.001 euros cada una, ya han sido abonadas por sus responsables tras acogerse a las reducciones contempladas por reconocimiento de responsabilidad y pronto pago, que permiten una rebaja del 50 % sobre el importe inicial.
Las inspecciones también pueden derivar en sanciones por incumplimientos de seguridad ciudadana
Las actuaciones policiales no se circunscriben únicamente a verificar la situación administrativa de los alojamientos turísticos, sino que también permiten comprobar el cumplimiento de otras obligaciones legales vinculadas a su actividad.
A partir de la documentación y de la información recopilada durante las inspecciones, no se descarta la apertura de nuevos expedientes por posibles incumplimientos relacionados con el registro documental y la comunicación de los datos de las personas alojadas.
En este ámbito, el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, establece las obligaciones de registro documental e información para las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, en cumplimiento del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
Estas obligaciones constituyen un instrumento esencial para la prevención y la investigación de hechos delictivos, al facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información relevante sobre las personas que utilizan los establecimientos de hospedaje.
El incumplimiento de determinadas obligaciones de registro o comunicación de datos puede ser constitutivo de infracción grave en materia de seguridad ciudadana, con sanciones económicas de entre 601 y 30.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos constatados.
La coordinación policial, clave para combatir el alojamiento turístico irregular
La intervención conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm se fundamenta en los principios de cooperación y coordinación recogidos en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ambos cuerpos mantienen una colaboración permanente entre sus unidades de Seguridad Ciudadana, que permite compartir información y planificar actuaciones conjuntas dirigidas a detectar y prevenir posibles irregularidades en viviendas destinadas al alojamiento turístico.
