ALICANTE (EFE). La Audiencia de Alicante ha pospuesto el inicio de las declaraciones de los testigos y los peritos que estaban señaladas a partir del próximo martes, 9 de diciembre, en el juicio del conocido como ‘caso enchufes’ de Benidorm por las presuntas irregularidades en la contratación de personal en el Ayuntamiento de ese municipio cometidas entre finales de 2009 y 2012, cuando gobernaba el PSPV-PSOE.

El tribunal de la Sección Segunda que asume el desarrollo del proceso ha resuelto cancelar las citaciones programadas a lo largo de toda la próxima semana hasta poder responder sobre el conjunto de cuestiones previas planteadas por las defensas en la primera jornada de la vista, celebrada el pasado 6 de noviembre. Así se concreta en una providencia comunicada a las partes este viernes en la que, no obstante, sí se mantiene la vista del día 9 con el fin de que las acusaciones puedan pronunciarse sobre la última cuestión previa planteada por las defensas a las que no se pudo contestar el 6 de noviembre.

En concreto, los letrados defensores solicitaron la nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho fundamental a un proceso con plenas garantías al sostener que las diligencias se habían estado instruyendo de manera continuada, a pesar de que el tiempo máximo para el desarrollo de la investigación había concluido en 2017 y la Fiscalía no solicitó su prórroga. Así, solicitaron que se suprima de la causa por el procedimiento del expurgo todas las actuaciones instruidas a partir de esa fecha.

Tras la exposición de la posición de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por el sindicato SPPL, respecto a esa petición, la sala deberá deliberar sobre la admisión a trámite o la desestimación del conjunto de cuestiones previas registradas por los letrados de los acusados, entre las que también plantearon la prescripción de los deliios.

La causa se sigue contra ocho acusados: dos exconcejales del PSPV-PSOE y seis técnicos municipales vinculados al área de Recursos Humanos. La Fiscalía solicita inicialmente penas individuales de seis años y medio de prisión y quince años y medio de inhabilitación para cada uno de ellos.

En concreto, el Ministerio Público les considera responsables de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, tras mantener que infringieron la normativa respecto del número de empleados municipales de los que debía disponer el consistorio (la denominada tasa de reposición) al aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que, a su juicio, incumplía ese límite máximo de contrataciones.

También sostiene que, presuntamente, incrementaron los complementos salariales que debían recibir los empleados, lo que supuso un aumento desproporcionado de la masa salarial que debían pagar las arcas municipales.

En su conjunto, ese proceder propició que se llegase a tramitar 130 contratos temporales y que se mejorasen las condiciones de 43 trabajadores, con un gasto adicional de 4,5 millones de euros, según las denuncias iniciales, presentadas por el sindicato SPPL.