BENIDORM. Este jueves comienzan a contar los 45 días hábiles de exposición pública del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Ensanche Levante de Benidorm, incluyendo el proyecto de urbanización. Es decir, se prevé que esté para acceso de la ciudadanía y con posibilidad de presentar alegaciones hasta el próximo 26 de junio. Y lo hace con una novedad que toca el bolsillo de sus promotores, se calculan 25 millones de euros más de cargas económicas en comparación a hace dos años.
La propuesta de convenio urbanístico firmado el pasado mes de noviembre de 2025 recoge que las cargas totales del PAI ascienden a 102.762.699,83 € euros (IVA no incluido). Una cuantía que tiene que ser satisfecha por los propietarios de suelo según se establece en la documentación. Si se compara con el convenio presentado en diciembre de 2023, se ha incrementado considerablemente, ya que se establecía en 77.640.385,92 € euros (IVA no incluido).
La Agrupación de Interés Urbanístico destaca que el Proyecto de Urbanización contempla que cerca de 75 millones corresponden directamente a las obras de urbanización. Entre las principales partidas mencionan la conexión con la subestación eléctrica de Montebello, en La Nucía, el refuerzo de las infraestructuras de saneamiento de Benidorm y las indemnizaciones por elementos incompatibles con la ordenación del sector, que se concretarán en el posterior proceso de reparcelación.
En cuanto a los plazos, son inamovibles en su configuración en distintas fases. Así, contemplan tres meses de plazo máximo para presentar el proyecto de reparcelación. A su vez, la licitación de las obras de urbanización serán en los seis meses siguientes a la aprobación de la reparcelación. A continuación, los trabajos comenzarán en el plazo máximo de seis meses desde la inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la Propiedad. La urbanizadora tendrá 36 meses (tres años) para terminar las obras, aunque prevén la posibilidad de aprobar prórrogas, y el plazo de garantía será de 12 meses desde la recepción de las obras. Con todo, tendrán seis años de plazo máximo para la edificación de solares, en atención a lo que establece el artículo 188 TRLOTUP.
Otro de los documentos que se actualizan en esta nueva exposición al público es la Memoria de Sostenibilidad Económica del proyecto, donde entre otros asuntos estiman que las arcas municipales obtendrán unos ingresos netos de 2.683.167,42 euros una vez entre en pleno funcionamiento el PAI, a lo que se tienen que añadir los ingresos puntuales que la administración local perciba durante la fase de ejecución del proceso urbanizador y edificatorio, "por lo que resulta sostenible" para el Consistorio, concluye.
La configuración de las parcelas resultantes destaca por sus usos residenciales y turísticos. Así, se prevén 12 terrenos terciarios hoteleros, otros 10 de residencial libre con edificación abierta y bandeja comercial, otros tres residenciales y de VPP con bandeja comercial, tres más de uso terciario comercial, mientras que dos son destinados para educativo y cultural y uno de dotación múltiple. Tal y como dibujan el futuro del PAI, los suelos dotacionales y de VPP quedarían más cercanos a la avenida Comunidad Valenciana, la conocida zona de discotecas, mientras que los hoteleros y residenciales se sitúan en la parte más próxima a la playa.
La edificabilidad total prevista asciende a 292.600 metros cuadrados útiles, distribuidos en 123.111 metros cuadrados de uso hotelero, 98.159 metros cuadrados de uso residencial libre, 42.068 metros cuadrados destinados a vivienda protegida, 22.239 metros cuadrados para locales terciarios en planta baja y 7.020 metros cuadrados de uso terciario en manzana exclusiva.
El proyecto incluye la creación de un gran parque urbano central de más de 60.000 metros cuadrados, junto con una red de zonas verdes y espacios libres peatonales interconectados que suman cerca de 40.000 metros cuadrados. La red viaria prevista alcanza los 172.000 metros cuadrados, de los cuales casi 60.000 serán exclusivamente peatonales. En conjunto, más del 45% del espacio se destinará al peatón y al ciclista, mientras que el resto se distribuirá entre transporte público, tráfico rodado y plazas de aparcamiento.
El proyecto también contempla la ejecución de las obras de encauzamiento del Barranco del Derramador conforme a las directrices de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como la mejora de la conexión del casco urbano con la autopista AP-7, en línea con los informes de la Dirección General de Carreteras.
Para los promotores, "este trámite supone un nuevo paso en la evolución de uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes de Benidorm, tras una primera fase de información pública celebrada en 2025, durante la cual se formularon diversas alegaciones, sugerencias e informes sectoriales". Estas aportaciones fueron analizadas por el Ayuntamiento de Benidorm y trasladadas a la Agrupación de Interés Urbanístico promotora, que presentó a finales de 2025 una versión completa refundida del Programa. Así, indican que la documentación ahora expuesta incorpora las modificaciones derivadas de dichos informes y abre una nueva fase para que la ciudadanía "conozca en detalle el alcance de las obras y su impacto en la ciudad".
"El Plan Parcial respeta las determinaciones del Plan General de Benidorm y se ajusta a los criterios establecidos por el Ayuntamiento", afirman en un comunicado desde la Agrupación, que actualmente agrupa cerca del 80% de la superficie del sector, con previsión de aumentar este porcentaje en los próximos meses. Tras la finalización del proceso de reparcelación, prevista para mediados de 2027, las obras de urbanización se licitarán mediante concurso público, garantizando la transparencia y la libre concurrencia.
