ALTEA. El pleno del Ayuntamiento de Altea ha rechazado la moción presentada por el PP que buscaba asumir las competencias en materia de sanción a las viviendas de uso turístico. Una propuesta que ha contado con el apoyo de Vox, pero que el gobierno local de Compromís y PSOE han desestimado por considerar que no es una necesidad de la villa blanca al implicar un mayor coste económico para el municipio.

El Grupo Municipal del PP planteaba al Consistorio adherirse al acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que permite asumir las competencias para la gestión y resolución de procedimientos sancionadores por infracciones relacionadas con viviendas de uso turístico. Un paso ya aprobado por otros municipios como el Ayuntamiento de Benidorm. 

Para el edil del PP, Paco Berenguer, se trata de una forma de agilizar la respuesta ante posibles ilegalidades y ejercer la autogestión, todo ello, al tiempo que quería dejar claro que esta postura no iba en contra de la actividad reglada. Así, se refirió a este tipo de alojamiento como "una oportunidad económica para muchos particulares y un motor de dinamismo para el sector turístico local". Sin embargo, dijo ser consciente de que además plantea "retos  normativos de convivencia y control administrativo".

De este modo, explicó que en Altea se contabilizan 1.100 viviendas de uso turístico registradas oficialmente. A esto se tendrían que añadir un número "indeterminado" de alojamientos "que operan al margen de la legalidad". "Queremos dejar claro que no se trata de demonizar a esta forma de alojamiento turístico, sino de afianzar su desarrollo bajo parámetros de legalidad, seguridad y calidad", dijo el popular, incidiendo en que sirve para proteger tanto al vecino como al turista. Bajo su perspectiva, la localidad cumple con los requisitos exigidos por el convenio y su "adhesión supondría una mejora sustancial en la gestión del fenómeno turístico en nuestro municipio". El único adepto que tuvo fue Vox, cuyo portavoz, Diego Coello, manifestó la necesidad de regular el sector "para evitar la turismofobia y las quejas de los vecinos".

El concejal de Hacienda, el socialista José Maria Borja, defendió su posición en contra centrándose en las dificultades que considera que tendría el Ayuntamiento para perseguir estas prácticas ilegales, ahondando en que sería la Policía Local -y no la autonómica como hasta ahora- la que se haría cargo de esta responsabilidad. Todo ello, remarcando que además hay que comprobar que se alquilan por menos o 10 días, que es la normativa aprobada para estos alojamientos desde el verano de 2024. "A ver qué cuerpo de la Policía Local en un pueblo como el nuestro lo puede hacer", afirmó. A su vez, recordó que el Consistorio ya cuenta con una Ley de Seguridad Ciudadana que engloba las sanciones por problemas de convivencia.

Con todo, le vio un único beneficio, que sea la administración local la que se quede con lo recaudado. Pero no es suficiente para el PSOE, que preguntaron al PP si creían necesario dotar de personal al Ayuntamiento para estas actuaciones: "No solo para la investigación por parte de la Policía Local, sino lo que supone después un expediente administrativo, de notificaciones, de hacer alegaciones, buscar quién es el propietario, quien era la persona que estaba en la casa...". De este modo, aseguró que la realidad de Benidorm no es la misma que la de Altea.

Ordenación pendiente

Al respecto también se pronunció por parte de Compromís el concejal de Urbanismo, José Orozco, quien recordó que llevan desde enero de 2024 trabajando en hacer una propuesta que ordene esta actividad en el municipio, regulando el sector y marcando dónde se podrá implantar "para fijar unas limitaciones proporcionales". Así, aseguró que están "tratando de armonizar el interés de los propietarios de obtener ese beneficio económico con otros intereses públicos, como es el derecho al descanso, la necesidad de preservar el uso urbanístico residencial, el derecho a la vivienda de los propios alteanos".

Durante su intervención, explicó que en el año anterior se ha hecho un estudio diagnóstico para saber cómo se distribuyen estos alojamientos en el municipio.  "Se ha hecho un proceso de participación pública muy ambiciosa, con siete talleres. También encuestas donde ha participado la gente del sector, asociaciones, gente de la calle", ha informado. Así, Orozco ha revelado que hace dos semanas que se terminó el trámite ambiental para hacer la nueva ordenanza en el planeamiento, "probablemente esa propuesta de regulación estará aquí el mes que viene", auguró.

Con respecto a la moción, se mostró sorprendido porque el PP la lleve a pleno porque "básicamente lo que está reconociendo es que la Conselleria, que es la competente, es incapaz de hacer el control, ni de las viviendas regladas, ni de las no regladas, con sus inspectores y su policía". Y manifestó su disconformidad con ella porque no dota de recursos económicos ni de personal al Ayuntamiento, "sabiendo el encorsetamiento que tenemos los ayuntamientos para contratar policías, inspectores, jurídicos, administrativos... que harían falta para tramitar todos estos expedientes".