BENIDORM. Continúa la polémica desatada este martes en el Ayuntamiento de Benidorm. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), el mayoritario en el Consistorio, ha solictiado que se active el protocolo de prevención y actuación en caso de acoso laboral con el que cuenta la entidad local. Una petición que el gobierno local ha atendido: "Deben activarse", ha dicho la portavoz del PP, Lourdes Caselles.

El germen de esta situación esta en una nota de prensa del Grupo Municipal Socialista en la que se abordaban cinco resoluciones de organismos supramunicipales y pedían más transparencia a la hora de responder a las solicitudes de los mismos. A su vez, recogia las afirmaciones siguientes: "Un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas". El comunicado se trasladó a los medios de comunicación el 3 de febrero y el alcalde, Toni Pérez, remitió un escrito a la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, reclamando que croncretara a qué se refería y rectificara. De lo contrario, se reservaba su derecho a acciones judiciales por "el honor y la dignidad" ante lo que consideraba que era una falsedad.

Sin embargo, la postura de Escoda ha sido inamovible e incluso acusó al primer edil de intentar callarles para "anular" su "labor fiscalizadora", al tiempo que aseguraba que era una información "veraz" y "acreditada por los informes oficiales" de los organismos que aludían en la nota de prensa.

Frente a toda esta situación, el SPPLB presentó un escrito este miércoles a la presidenta del Comité de Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento de Benidorm donde se adjuntan las noticias relacionadas con este asunto. Así, explican que son afirmaciones de Escoda "altamente preocupantes, máxime cuando se cuenta en este Ayuntamiento con mecanismos para prevenir, detectar y erradicar conductas que supongan un acoso laboral". El sindicato asegura que se ve en la obligación de proteger "los derechos fundamentales de los trabajadores y su dignidad en el ámbito laboral".

En este punto recuerdan que desde 2013 el Consistorio cuenta con un protocolo donde en sus artículos 5 y 6 recoge que es el Comité el que tiene competencias para llevar a cabo una investigación de los supuestos casos de acoso laboral y marca el procedimiento de su denuncia. Por ello, piden que en "aras de acreditar los hechos denunciados", se active "de forma inmediata" este protocolo para "invesitgar con carácter de urgencia las supuestas amenazas a un funcionario".

"Es normal"

Para Caselles, "es normal" que los sindicatos cursen esta petición ante las declaraciones de la portavoz socialista: "Es más, debería haberlo solicitado la propia señora Escoda que es quien afirmó que se habían producido amenazas, puesto que ante un hecho así su obligación es ponerlo en conocimiento del órgano municipal competente". Tras la polémica, este martes la edil aseguró que las medidas de protección al denunciante que aludía Escoda “se aplican ‘per se’ siempre que hay una denuncia”. Este miércoles insistió en que entendían que los sindicatos "interroguen sobre este supuesto asunto y pidan la activación del protocolo de prevención y actuación en caso de acoso laboral del Ayuntamiento de Benidorm". 

Además, comentó que al gobierno "no le consta que se haya producido el caso apuntado por la portavoz socialista y por eso el alcalde le solicitó el pasado 6 de febrero que rectificara sus afirmaciones, cosa que no se ha producido, pero que no interrumpe que la administración y sus órganos actúen, sino lo contrario, deben activarse como ahora se solicita por parte de los sindicatos".