BENIDORM. Benidorm da nuevos pasos para cumplir con la sentencia por el litigio del suelo de Serra Gelada. El pleno debatirá en su próxima sesión ordinaria una modificación del presupuesto para destinar 19 millones de euros del remanente de Tesorería obtenido en 2025 al pago por los terrenos protegidos del AP7 de Serra Gelada, lo que a su vez permitirá rebajar el préstamo de 55 millones inicialmente previsto del Fondo de Impulso Económico (FIE) a un máximo de 36. Así lo ha dado a conocer este lunes el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien además ha avanzado que esta misma mañana se ha ordenado, mediante decreto de Alcaldía, el abono de los primeros 5 millones de euros para atender el acuerdo alcanzado con la propiedad y homologado por la Justicia, que establece que a lo largo de 2026 el Consistorio destinará un total de 60 millones de euros al cumplimiento de la sentencia 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Así, el primer edil ha destacado que el Ayuntamiento atenderá con recursos propios 24 de esos 60 millones, mientras que el resto se abonará con el préstamo que va a concertarse con Caixa Ontinyent, autorizado por el Ministerio de Hacienda a través del FIE, y que también se concretará en el próximo pleno por una cuantía final de 36 millones. Dicho acuerdo cifraba en 350 millones de euros la cuantía a satisfacer por parte del Ayuntamiento –283 millones de principal más los correspondientes intereses legales desde el 16 de julio de 2018–, y proponía dos fórmulas para hacerla efectiva: pago en metálico y pago en suelo, con el compromiso de alcanzar un primer pago de 60 millones antes del 31 de diciembre de 2026.
Pérez ha afirmado que estas propuestas, que se debatirán en el próximo pleno, están avaladas por informes favorables del Área Económica municipal y que las mismas permitirán "afrontar con solvencia el primer pago acordado para este año" y, a su vez, "minorar los intereses a los que ha de hacer frente el Ayuntamiento por la devolución de dicho crédito". "La buena situación económica municipal es, justamente, la que ahora nos permite readaptar esa planificación inicial y modificarla en beneficio del interés general", ha agregado.
El primer edil ha trasladado que "ya dijimos en su día que éste era el mejor gobierno municipal para gestionar y afrontar el pago de la sentencia y hoy lo vuelvo a ratificar. Somos un Ayuntamiento saneado y que sabe gestionar y por eso el Fondo de Impulso Económico era la única herramienta de financiación a la que Benidorm podía acogerse, ya que esta es la vía que abre el Ministerio para los Ayuntamientos que, como el nuestro, están saneados".
Asimismo, ha recordado que "había dos líneas rojas para la adopción de cualquier acuerdo para afrontar este asunto: no subir impuestos municipales y no reducir o dejar de prestar servicios a nuestros ciudadanos. Y estamos cumpliendo con lo que para nosotros sí era una hoja de ruta, porque solo en este año 26, y ustedes han dado buena cuenta de ello, ya hay muestras de que los servicios municipales no solo no se resienten, sino que crecen y de que hoy Benidorm presta más y mejores servicios que el año pasado por esta fecha".
El primer edil ha sostenido que el gobierno local, junto con los técnicos, "continúa trabajando todos los días en todas las líneas de dicho acuerdo, también en la parte urbanística", que tiene que ver con la dación de terrenos prevista por las partes.
Condiciones del acuerdo
Como se ha venido contando desde su aprobación y homologación por parte de la Justicia el pasado mes de marzo, además, del pago inicial de 60 millones de euros en 2026, el acuerdo recoge que a partir de esa fecha se abre un periodo de carencia del principal de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2030, plazo durante el cual el Ayuntamiento podrá o no amortizar parte del principal, devengándose no obstante intereses legales anuales sobre el saldo vivo del principal pendiente, sin perjuicio del periodo de carencia previsto en el clausulado.
A partir del 1 de enero de 2031, se iniciará el periodo de amortización obligatoria para el Ayuntamiento, que se comprometerá a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses que correspondan, abonando a los propietarios anualmente, y hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio.
Por lo que se refiere al pago mediante la cesión de terrenos, el acuerdo contempla también dos modalidades de dación en pago. Por un lado, la destinada a la amortización de los intereses generados hasta la fecha de la firma del acuerdo, que será de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios. Es decir, se plantea abonar una cuantía de 67.386.655,89 de euros, a satisfacer por el Ayuntamiento durante un plazo de 5 años, mediante daciones en pago de terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano que cuente con la condición de solar inmediatamente edificable, libre de cualquier carga de urbanización.
También plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad.
