ALTEA. La Comunidad de afectados del Puerto Deportivo Campomanes reclama a la Generalitat Valenciana que examine en profundidad las condiciones económicas de la prórroga de diez años de la concesión, ante la diferencia entre la inversión exigida para su renovación y las desmesuradas estimaciones económicas asociadas a la explotación de las instalaciones, pretendidas por Marina Greenwich S.A.
Según los datos que maneja la Comunidad, la prórroga estaba condicionada a una inversión aproximada de 1,4 millones de euros más IVA para hacer frente. La estimación inicial de los resultados económicos de la gestión durante los diez años se situaría en torno a los 10 millones de euros.
Sin embargo, los afectados sostienen que, al incorporar la propuesta económica de Marina Greenwich y los cambios planteados en las tarifas de los amarres, sus alquileres y los locales comerciales, los ingresos por la explotación podrían acercarse a los 60 millones de euros durante ese periodo. Unas cifras que deberán contrastarse con la documentación económica completa de la concesión.
Más de dos años intentando acceder al expediente íntegro
A la desproporción económica se suma una situación que la Comunidad considera especialmente preocupante: el Club Náutico Campomanes y los afectados llevan más de dos años intentando acceder al expediente íntegro de la prórroga para conocer las condiciones que sustentaron su aprobación.
Recientemente, la Conselleria trasladó a Marina Greenwich la petición realizada por la Comunidad de Amarres de que facilitara esta documentación. Sin embargo, a pesar de que esta vez la Consellería sí ha accedido a lo solicitado, la Concesionaria, Marina Greenwich ha vuelto a oponerse a ello y ha recurrido al Consejo Valenciano de Transparencia para intentar evitar el acceso al expediente.
Los afectados consideran incomprensible e inaceptable que, después de más de dos años de peticiones, solicitudes y reclamaciones, todavía no hayan podido examinar íntegramente la documentación de una concesión que afecta directamente al futuro del Puerto, a sus usuarios y a los negocios vinculados a las instalaciones, además de al propio Club Náutico.
¿Qué se está impidiendo conocer?
La Comunidad reclama explicaciones sobre los criterios económicos utilizados para conceder diez años adicionales de explotación, la relación entre la inversión comprometida y el rendimiento previsto, y el impacto de las nuevas tarifas sobre los titulares de amarres y los negocios del puerto.
¿Por qué, después de dos años, sigue sin facilitarse el expediente íntegro? ¿Qué razones justifican la oposición a su entrega? ¿Qué información permitirá conocer la documentación que todavía no han podido examinar los afectados? ¿Qué o quién está detrás de este pelotazo de cincuenta o sesenta millones de euros?
La Comunidad y los afectados subrayan que estas preguntas no constituyen necesariamente una acusación sobre la existencia de irregularidades, sino una exigencia de transparencia ante una decisión que afecta a una infraestructura portuaria de titularidad pública, y de cuya legalidad, regularidad y transparencia es o debe ser garante la Administración Pública.
La Generalitat debe aclarar las condiciones de la prórroga
Los afectados instan a la Administración autonómica a explicar los fundamentos económicos y administrativos de la concesión, a garantizar el acceso a la documentación que legalmente corresponde y a aclarar cómo se ha valorado y defiende el Interés General y el Bien Público en la decisión.
Asimismo, consideran legítimo abrir el debate sobre las alternativas de gestión que puedan resultar más adecuadas para el Interés General, incluida la posible intervención directa de la Administración competente, siempre dentro del marco jurídico aplicable.
El Club Náutico Campomanes y la Comunidad de afectados continuarán trabajando con su representación jurídica para analizar la documentación disponible y determinar las actuaciones que correspondan.
Más de dos años después, los afectados siguen esperando respuestas y, sobre todo, soluciones. Cuando se trata de la explotación de una infraestructura de titularidad pública, la transparencia no debería convertirse en una batalla. Los usuarios tienen derecho a conocer las condiciones de una concesión que les afecta directamente y a exigir explicaciones sobre cómo se ha defendido el Interés General.
