LLÍBER.- La plataforma Salvem la Vall ha denunciado que el PAI de Llíber continúa avanzando pese a no tener garantizados los recursos hídricos necesarios, mientras se reclama a los vecinos de la Vall de Pop que adopten medidas de racionamiento de agua.
La asociación sostiene que la VAPF, el Ayuntamiento de Llíber y la Generalitat Valenciana están acelerando la ejecución del proyecto, que contempla la construcción de 500 viviendas con piscina en la muntanya Llarga de Llíber. Según Salvem la Vall, esta actuación se está impulsando mientras todavía existen procedimientos judiciales pendientes y algunas sentencias no han adquirido firmeza.
Uno de los principales argumentos de la plataforma se centra precisamente en la disponibilidad de agua para el desarrollo urbanístico. Salvem la Vall asegura que, durante la última vista judicial, la VAPF y el Ayuntamiento de Llíber modificaron su posición respecto al pozo que habían anunciado en 2023. Según la asociación, ambas partes reconocieron que el pozo no dispone de agua y que tampoco se ha obtenido la correspondiente concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Ante esta situación, los impulsores del proyecto sostendrían ahora que el abastecimiento procederá del acuífero de Parcent, según la versión difundida por Salvem la Vall. La plataforma cuestiona esta alternativa porque, asegura, Llíber ya supera ampliamente la concesión anual de agua de la que dispone, incluso antes de contabilizar el consumo que supondría el propio PAI Medina.
Críticas por exigir restricciones a los vecinos
Salvem la Vall considera especialmente contradictorio que se reclame a la ciudadanía que reduzca su consumo de agua y, al mismo tiempo, se permita avanzar un proyecto de 500 viviendas con piscina sin una concesión hídrica suficiente.
La plataforma señala que, durante las últimas vistas judiciales, la VAPF y el Ayuntamiento de Llíber han defendido que no necesitan acreditar la disponibilidad de agua porque la tramitación administrativa del proyecto comenzó antes de la entrada en vigor de la legislación que exige disponer de una concesión hídrica suficiente para aprobar un PAI.
Sin embargo, los servicios jurídicos de los ayuntamientos, entidades y partidos contrarios al desarrollo del PAI rechazan este argumento y sostienen que la aprobación definitiva del proyecto se produjo en 2021, cuando ya estaba vigente la exigencia de acreditar los recursos hídricos, aunque el origen del cambio de clasificación urbanística se remonte a hace aproximadamente 25 años.
La polémica vuelve así a situar el agua como uno de los principales puntos de conflicto del PAI de Llíber, en un momento en el que los municipios de la Vall de Pop reclaman a sus vecinos que reduzcan el consumo.
Salvem la Vall alerta de una futura «ruina hídrica»
La plataforma considera que la situación evidencia un problema de fondo en la planificación de los recursos hídricos de la comarca. «El sistema falla y la realidad es que se envía a la ruina hídrica a los pueblos y ciudadanía de la Vall de Pop», advierte Salvem la Vall.
La asociación alerta además de que la escasez de agua podría traducirse en los próximos años en un fuerte incremento de las facturas, hasta el punto de que, en su opinión, únicamente los residentes con mayor poder adquisitivo podrían asumir el coste.
«Nos expulsarán por el precio de las casas, por el precio del agua y por el precio de los alimentos», sostiene la plataforma, que reclama que el desarrollo urbanístico de la Vall de Pop vaya acompañado de garantías suficientes sobre la disponibilidad de agua.
