ALICANTE. El alcalde de Llíber (Alicante), José Juan Reus, el exalcalde José Mas, ambos del PP, varios exconcejales populares y socialistas y promotores inmobiliarios serán enjuiciados a partir de este martes por presuntas irregularidades en la construcción de 292 chalets en suelo rústico entre los años 1999 y 2003.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), en el banquillo se sentarán un total de doce acusados, entre ellos también la secretaria y un arquitecto municipal de esta localidad con numerosa población europea del litoral norte de la provincia de Alicante. La sesión arrancará este martes a partir de las 9.30 horas en la Sección Décima de la Audiencia Provincial y hay previstas siete jornadas más hasta el 21 de mayo.

En una causa que lleva instruyéndose 16 años, la fiscalía mantiene que las casas fueron vendidas a compradores extranjeros que, en su mayoría, no han podido legalizarlas, por lo cual considera que ha habido delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.

De esta manera, solicita penas de prisión que oscilan entre los 15 meses y los siete años, además de penas de multa e inhabilitación, concretamente para el actual alcalde (entonces concejal) demanda 8 meses de inhabilitación.

El ministerio público considera a cinco promotores y al arquitecto del ayuntamiento responsables de los delitos de estafa y contra la ordenación del territorio mientras que acusa a la secretaria municipal de no emitir informe de advertencia de ilegalidad en relación a los permisos.

En su escrito de calificación inicial, la fiscalía apunta que esos cinco empresarios promovieron la construcción de inmuebles sobre suelo no urbanizable y los vendieron a compradores extranjeros por precios superiores a los 150.000 euros, para lo cual se concertaron con el arquitecto municipal con el fin de dar "una apariencia de legalidad".

El funcionario redactaba "memorias valoradas" como si se tratase de proyectos arquitectónicos, cobrando por ellas, y después emitía informes "a favor de que se concediese la licencia" para rehabilitar, ampliar o restaurar "supuestos almacenes con zona habitable que realmente no existían".

Todo "a sabiendas de su flagrante ilegalidad porque no se trataba de rehabilitar ninguna construcción preexistente sino de la construcción de viviendas de nueva planta en parcelas sitas en suelo no urbanizable", según la calificación.

Una vez concedidos los permisos, según la Fiscalía, al menos uno de los promotores entregó al entonces alcalde un vehículo marca Mercedes, 10.000 euros por la autorización de un tendido eléctrico "y 3.000 euros por cada una de las licencias que se le concedieron" para las viviendas que su empresa promovía.

Para el entonces alcalde, el fiscal pide 6 años de prisión por cohecho y contra la ordenación del territorio y para el resto de concejales, entre ellos el actual primer edil, solicita penas de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.