ALICANTE (EFE).- La Audiencia de Alicante ha dado inicio este lunes al juicio frente a los ocho acusados de la comisión de diversas irregularidades en la ejecución de las obras de la red hidráulica del municipio de Calpe, investigadas en el conocido como ‘caso Aguas de Calpe’, 21 años después de que tuviese lugar la contratación de esos trabajos.

Entre los procesados figura el exconcejal de Aguas y exdiputado provincial, Juan Roselló; su cuñado Francisco Artacho, y representantes de la empresa mixta Aguas de Calpe a las que se le encomendaron los trabajos. La Fiscalía les acusa a todos ellos de los delitos de prevaricación administrativa y fraude y de tres delitos de estafa, dos de ellos continuados, por las presuntas anomalías detectadas en 2004 en la adjudicación a Aguas de Calpe de la gestión del servicio público del suministro de agua, y en la subcontratación del servicio y las obras de mejora de la red pública.

El tribunal de la Sección Segunda que dirige el procedimiento ha iniciado la vista -que quedó suspendida por última vez el pasado marzo ante la falta de entrega de parte de la documentación original de la causa-, con el inicio de las declaraciones de los testigos.

Por su parte, el testimonio de los acusados se ha programado en las jornadas previstas para el miércoles y el jueves, en función de cómo progrese el resto de testimonios.

Este lunes estaba prevista la comparecencia de hasta siete testigos a propuesta de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercidas por la empresas Exca Gata y Vives Dalmau, que acabaron ejecutando las obras y no percibieron las cuantías establecidas, según la Fiscalía.

Entre esos testigos, ha comparecido durante más de hora y media el técnico municipal que fue designado como director del Servicio de Aguas, quien se encargó de supervisar la corrección de los cinco proyectos en distintas infraestructuras que se preveía ejecutar de partida por 5,2 millones, de los que solo se acabó desarrollando el proyecto principal, de renovación de la red transversal, con un coste de 3,2.

Dicho técnico ha asegurado que él solo se limitó a avalar que los precios planteados en esos proyectos eran adecuados al valor de mercado: un trabajo que elaboró a instancias del departamento de Intervención municipal en un margen de solo ocho días a partir de la ingente documentación que se le presentó por parte de Aguas de Calpe. Con todo, ha señalado que el precio definitivo de las obras dependía de la licitación posterior.

A preguntas de la Fiscalía, ha señalado que, después, solo se encargaba de supervisar mediciones en las obras ejecutadas, sin valorar su ejecución, ya que de eso se encargaba la dirección facultativa de las obras, contratada por Aguas de Calpe.

De igual modo, ha apuntado a que la mayoría de las obras a realizar no requerían de la emisión de un informe de especificidad técnica sobre la cualificación de la empresa que las iba a ejecutar, y ha dicho que él no participó en los procesos de certificación de las obras ejecutadas, a pesar de que, según le ha cuestionado la Fiscalía, era una de las condiciones previstas en el acuerdo de adjudicación aprobado por el pleno del ayuntamiento.

Respecto al informe de liquidación de las obras, ha señalado que él no lo elaboró y que se lo debía haber requerido el departamento de Intervención. Por último, ha asegurado que tuvo conocimiento a posteriori, a través de los medios de comunicación, de la existencia de informes elaborados por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de la Universidad de Alicante (UA), en los que se apuntaba la existencia de sobrecostes en las obras. En cualquier caso, ha apuntado que él no sabía si finalmente solo se había llegado a ejecutar las obras de la red transversal, y no los proyectos restantes, a partir de que trascendiesen esos informes.

También han declarado los administradores de las empresas que ejecutaron los trabajos, Exca Gata y Vives Dalmau, que ejercen la acusación particular, quienes han declarado que sus compañías realizaron las obras y que no llegaron a percibir el dinero por el que se les había contratado, más allá de los primeros pagares, en el caso de Vives Dalmau.

Según la fiscalía, las anomalías se remontan a 2004 cuando la empresa mixta Aguas de Calpe -participada por el Ayuntamiento- adjudicó las obras de renovación de la red transversal de agua por 5,2 millones, de los que 4,7 millones sería asumidos por los vecinos de Calp de forma trimestral durante cinco años a través de un incremento de las tarifas. En 2005, el precio de la obra se rebajó, quedando la cifra que tenían que asumir los vecinos en 3,4 millones de euros.

Finalmente, las obras se adjudicaron por 3,7 millones de euros a la firma Obras Hidráulicas del Levante, originariamente dedicada al buzoneo, hasta que cambió su objeto social para incluir el desempeño de obras civiles. Después, esta sociedad subcontrató a una tercera empresa, Montubo Obra Civil, por 2,4 millones, aunque finalmente solo se le abonaron 1,2. Montubo, a su vez, encargó parte de los trabajos a Exca Gata y Vives Dalmau.