CALP. La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (APTURCV) y una amplia representación de empresas y operadores del sector en Calpe han exigido al Ayuntamiento que dé marcha atrás en la modificación de la Ordenanza Fiscal de la tasa de recogida de residuos que penaliza de forma específica a las viviendas turísticas con un recargo de 40 euros por plaza, además de la tasa ordinaria. Un sector que generó un impacto económico de más de 135 millones de euros en 2025 y 1.400 empleos directos e indirectos en Calpe.

La medida, aprobada inicialmente en el pleno de mayo, implica una rebaja del 18% para las viviendas residenciales y un incremento del 5% para las actividades comerciales, pero introduce una nueva carga adicional para las viviendas de uso turístico, calculada “por plaza” y acumulativa a la tasa ya existente según la zona catastral. APTURCV considera que este recargo supone un castigo injustificado al alojamiento turístico, carece de una base técnica, económica y jurídica sólida y genera un agravio comparativo evidente respecto a otras tipologías de uso urbano que también generan residuos.

La asociación recuerda que, de acuerdo con el régimen jurídico de las tasas, cualquier tributo de este tipo debe vincularse al coste real o previsible del servicio prestado y denuncia que, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha acreditado públicamente cuál es el coste efectivo del servicio de recogida y tratamiento de residuos específicamente atribuible a las viviendas turísticas, qué metodología se ha empleado para su cálculo ni qué criterios objetivos se han utilizado para imputar dicho coste a este uso concreto.

APTURCV advierte de que todos los inmuebles ya están sujetos a una tasa de residuos ordinaria y de que la introducción de un recargo adicional vinculado al uso turístico, sin una justificación técnica detallada y verificable, sitúa al sector ante un escenario de posible doble imposición y sobrecarga fiscal.

Entre los aspectos más cuestionados, la asociación pone el foco en el criterio teórico por persona y año planteado por el consistorio para calcular el recargo a las plazas turísticas, un modelo que, a juicio de la entidad, presenta debilidades graves porque no distingue la duración real de las estancias, no tiene en cuenta la estacionalidad ni la ocupación efectiva y no se basa en la generación real de residuos.

En una carta remitida a la alcaldesa de Calpe, Ana Sala, APTURCV y las empresas y operadores firmantes, entre ellos gestores de alojamiento turístico y representantes de la cadena de valor turística del municipio, solicitan acceso completo e inmediato al expediente administrativo de modificación de la tasa, la publicación íntegra de la memoria económico-financiera justificativa, un informe técnico detallado sobre la generación de residuos por tipología de uso, la justificación expresa del criterio aplicado para el cálculo del recargo a las plazas turísticas y una evaluación del impacto económico real de la medida sobre el sector.

La asociación reclama que, hasta que esta información no esté disponible y suficientemente contrastada, la propuesta se revise y se suspenda para evitar que prospere una ordenanza apoyada en una fundamentación insuficiente y potencialmente impugnable por falta de proporcionalidad, transparencia y rigor técnico.

La presidenta de APTURCV, Silvia Blasco, subraya que el sector no se niega a contribuir al coste real del servicio de residuos, pero rechaza ser utilizado como “contribuyente fácil” para cuadrar las cuentas municipales. Según Blasco, las viviendas turísticas están dispuestas a asumir su parte con responsabilidad siempre que exista un respaldo técnico claro, una distribución equitativa del esfuerzo y un diálogo real con el sector. “Lo que no podemos aceptar es un recargo de 40 euros por plaza que se suma a la tasa ordinaria sin datos que lo avalen, sin una memoria económico-financiera transparente y sin un análisis riguroso de la generación real de residuos. Esta medida penaliza de forma arbitraria a un sector estratégico para Calpe y abre la puerta a una doble imposición difícilmente justificable”, afirma la presidenta de APTURCV.

Pese a su firme posicionamiento, APTURCV reitera en la misma carta su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento de Calpe y con los representantes de la cadena de valor turística del municipio. La entidad se ofrece a aportar datos reales de ocupación y uso de las viviendas turísticas en Calpe, a participar en el diseño de modelos de financiación del servicio de residuos que reflejen la generación efectiva de basura y la estacionalidad de la actividad y a contribuir a la mejora de la eficiencia en la gestión de residuos vinculados al turismo.

APTURCV solicita una reunión urgente con el Ayuntamiento de Calpe y con los representantes del sector en el municipio para replantear la medida y avanzar hacia un marco fiscal que no penalice de forma arbitraria al alojamiento turístico, clave para el empleo, la inversión y la proyección nacional e internacional de Calpe como destino.