Sixto ya se había interesado por el  asunto en 2014: "Por entonces, en lugar de facilitar la recuperación pública de los terrenos, el Gobierno redactó un nuevo reglamento de la Ley de Costas que ha permitido mantener por el momento el carácter privado que la Punta del Arenal ha tenido desde 1959, al prolongar durante 75 años más la concesión de todos aquellos inmuebles construidos legalmente en ese dominio del Estado antes de 1988". Es decir, que hasta 2091, la familia Navarro Rubio tendrá el uso en exclusiva de esos terrenos.

Para el diputado, "es completamente intolerable que en la actualidad se sigan permitiendo prerrogativas de este tipo por parte de un gobierno central que lo único que hace es poner palos en las ruedas para evitar que se pongan en marcha medidas que permitan a nuestra sociedad instaurar una normalidad democrática".

Sixto se ha referido también a la situación de abandono que padece la finca y a la respuesta que da el Gobierno al respecto: "Se indica que el mantenimiento de los terrenos, construcciones e instalaciones corresponde al titular de la concesión, condenando, por lo tanto, a su degradación absoluta ya que los concesionarios no han hecho absolutamente nada por evitar la misma durante todos estos años".

"Es injustificable que a estas alturas este espacio, ubicado en un yacimiento arqueológico de época romana, no sea todavía público y más aún cuando el Ayuntamiento de Xàbia nunca ha dejado de reclamar la propiedad", ha concluido.