ALICANTE. El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante (COAATIEA) estará presente un año más en Firamaco, Reforma y Rehabilitación, y en el Salón del Ahorro Energético, Energy, que se celebran en IFA el próximo fin de semana. El Colegio presentará sus servicios y novedades en su stand, el número 164 de la calle 3, y hará un especial hincapié en la LOTUP con la organización de una mesa redonda.
El COAATIE y el CTAA han puesto en marcha la mesa redonda: ‘Retos de la LOTUP. Rehabilitación y renovación urbana. Viviendas fuera de ordenación’ que cuenta con la colaboración de Cuatrecasas, Provia y la Generalitat Valenciana. Será a las 10.00 horas del viernes 28 de septiembre en el Salón de Actos deIFA.
Este foro de debate contará con cinco ponentes: Lluís Ferrando, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio; Martín Pomares, presidente del COAATIEA; Luis Sendra, decano del COACV; Juan Mª Boix, presidente del CTAA; Jesualdo Ros, secretario de Provia; y Sergio Fernández, letrado del bufete Cuatrecasas. La mesa estará moderada por Jesús Quesada, vocal de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunidad Valenciana.
"La LOTUP presenta numerosas carencias y está lastrando las expectativas del sector y del modelo socio-territorial al que aspira la Comunitat Valenciana, por ello hemos planteado esta mesa redonda en la que expertos de la edificación, de la legislación y un representante de la administración abordaremos las principales problemáticas que contempla esta normativa que ya tiene 4 años y que sufrirá una reforma próximamente, según se ha anunciado. Queremos expresar los cambios y necesidades para que esa reforma se ajuste más a la realidad que vivimos los profesionales del sector", ha comentado Martín Pomares, presidente del COAATIE.
Durante el debate se abordarán temas como las situaciones generadas entorno a la figura "fuera de ordenación" contemplada en la LOTUP o las reservas de vivienda de promoción pública, gestionadas por los ayuntamientos y particulares, un tema no resuelto por esta normativa y que afecta a cerca de 40.000 viviendas en la provincia de Alicante.
