VALÈNCIA (EFE). El ofrecimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ceder a las comunidades la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que previamente había pactado con el presidente catalán, Pere Aragonès, no ha entusiasmado a demasiados gobiernos autonómicos, aunque ninguno ha descartado solicitarlo.
Según la información recabada en los distintos ejecutivos autonómicos por las delegaciones de EFE en España, además de Cataluña otras cuatro comunidades ya han anunciado que van a pedir la gestión de esta competencia, que actualmente asumen País Vasco y Navarra: Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia.
A estas cinco se sumarían Baleares y Canarias solo si el traspaso se produce en condiciones que consideren adecuadas, mientras Andalucía y Extremadura no han tomado ninguna decisión al respecto y lo solicitarán únicamente si entienden que así se prestaría mejor el servicio.
De las restantes seis comunidades, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja no se pronuncian por el momento por falta de un conocimiento detallado de la propuesta del Gobierno, Madrid defiende que se debe negociar con todas las comunidades y Aragón especifica que debe tratarse en una conferencia sectorial.
Un acuerdo con Cataluña extendido al resto de comunidades
La transferencia de la gestión del IMV a Cataluña fue uno de los acuerdos que alcanzaron el pasado 21 de diciembre en Barcelona Pedro Sánchez y Pere Aragonès, que recordó que era una demanda "histórica" de la Generalitat, pero una semana después el presidente del Gobierno anunció que la medida se extenderá a las autonomías que lo soliciten.
Esta ayuda, que el Gobierno puso en marcha en junio de 2020, ha beneficiado hasta el 31 de diciembre pasado a 2,15 millones de personas, según ha informado el ejecutivo en una reciente respuesta parlamentaria.
Ya pidieron la cesión y ahora insistirán
Las comunidades que ya han dicho que sí quieren este traspaso son cuatro del PP, entre ellas Galicia, que de hecho ya lo tenía comprometido con el anterior ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y en diciembre reiteró su petición al Gobierno para que acometa de manera “inmediata” la cesión.
A falta de ver "la letra pequeña", la Junta de Castilla y León ha anunciado que pedirá la gestión total del Ingreso Mínimo Vital, que ya intentó sin éxito cuando se puso en marcha en 2020, en iguales condiciones que lo tienen País Vasco y Navarra, y también con los recursos necesarios.
La Generalitat Valenciana también ha dicho que va a reclamar el traspaso de la gestión del IMV para poder mejorar la compatibilidad con la Renta Valenciana de Inclusión, aunque fuentes del Gobierno autonómico han subrayado que debe ir acompañado de "recursos suficientes" (económicos, técnicos y personales).
