LA VILA JOIOSA. Los Juzgados de Violencia sobre la mujer situados en la Vila Joiosa pasarán a Benidorm. Un hecho que vienen denunciando los grupos municipales del PP y Cs desde que se planteó este cambio hace un año. Pero ahora se consuma con el Real Decreto publicado el pasado 15 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El último en alzar la voz de manera pública ha sido el PP, siguiendo la estrategia a nivel autonómico del partido. Sin embargo, el pleno votará una moción conjunta en este sentido.

La propuesta parte de la concejal socialista de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Isabel Perona. Pero, tras trasladarlo a los grupos en comisión informativa se terminaron adheriendo todos y redactándose como moción conjunta, en la que están por tanto el PSOE y Compromís. 

Hay que tener en cuenta que a esta reordenación ha contribuido la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y ha abierto nuevas discrepancias en el Botànic después de que Compromís se haya manifestado en contra con diferentes iniciativas para su modificación: por parte de la diputada autonómica de Compromís, Mònica Àlvaro y el senador Carles Mulet.

La moción cuenta con dos acuerdos. El primero es para manifestar el rechazo "absoluto" al traslado de los juzgados a Benidorm y reclamar que se mantengan "tal y como están". Al mismo tiempo, advierten del perjuicio que según ellos pueden ocasionar a las víctimas "sobre todo de las que carecen de recursos, produciéndose un agravamiento en su situación". El segundo acuerdo es para exigir al Gobierno central la modificación del decreto. Tras la adhesión del resto de grupos municipales, se incluyó un nuevo punto en el que solicitan una reunión presencial con la adminsitración competente y representantes del Ayuntamiento.

Enero de 2023

Los efectos de este Real Decreto serán a partir de enero del 2023. En él se establece que, en la provincia de Alicante las competencias de los partidos judiciales en San Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa y Novelda pasarán a Alicante, Benidorm y Elche respectivamente. Tal y como se anunció en su momento, el pretexto es "combatir la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción que compatibilizan la materia de violencia de género con las del resto del orden jurisdiccional penal".