ALICANTE. La rectora electa de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, que ha liderado en primera persona la defensa del grado desde el inicio del conflicto, se ha mostrado "enormemente satisfecha" y, sobre todo "muy emocionada" por el fallo de TSJ sobre el grado de Medicina que, confiesa, "era el esperado y el que hemos defendido en todo momento, porque demuestra la legalidad del procedimiento". Navarro ha confesado sentirse "encantada" con el fallo porque la sentencia "ha hecho prevalecer el interés general" y ha desmontado todos los argumentos presentados por los demandantes. Además, ha transmitido un mensaje de alivio hacia el estudiantado y sus familias, "que ya pueden estar tranquilos por la legalidad de los estudios que están cursando". 

 "Hasta ahora teníamos 172 razones con nombre y apellido para defender a estos estudios, pero ahora, gracias a esta sentencia podrán ser muchos más los estudiantes que puedan ver cumplidas sus vocaciones en nuestra provincia que seguirá reteniendo talento, formando e investigando en Medicina lo que redundará en un bien mayor para la provincia de Alicante y el sistema sanitario", asegura. 

Navarro ha manifestado que con el fallo "se abre una nueva etapa en la que seguiremos avanzando en la consolidación de estos estudios, algo en lo que no hemos dejado de trabajar, pero también para avanzar en la leal colaboración entre las instituciones". Así, la rectora electa considera que la sentencia "ha de verse como un nuevo punto de partida para continuar generando proyectos comunes, nuevas sinergias de colaboración y compartiendo recursos, como ya hacemos en otras titulaciones, con la universidad vecina". 

En la sentencia, que se ha dado a conocer esta misma mañana, el TSJ argumenta a favor de la continuidad de los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante y rechaza todos los argumentos en contra de la implantación presentados por la parte demandante. El fallo considera "correcta la tramitación del procedimiento seguido para la aprobación de los estudios, con la emisión de los informes preceptivos que avalan a la procedencia de la autorización concedida". Así mismo, contempla "la observancia de los principios rectores de la legislación universitaria" en lo relativo al análisis de impacto económico y considera validos todos los informes presentados por la UA. Otro de los puntos destacables es que señala "el propio éxito de la convocatoria de plazas" para probar "la necesidad de esos nuevos estudios".

Tal y como recoge el documento, contra la sentencia cabe recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, contra la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.