SANTA POLA. La promotora Monte y Mar Santa Pola (Masa) ha aceptado finalmente pagar 3,4 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Pola en concepto de plusvalías por el aumento de edificabilidad que le concedió en la zona denominada CJ-5,  en las inmediaciones de Gran Alacant. De esta manera, la empresa satisface el convenio que acordó con el consistorio en 2004 y evita el embargo de varias de sus fincas, después de que haber intentado anular ese mismo acuerdo en los juzgados en varias ocasiones. 

En diciembre de 2017, el juzgado ya desestimó sus pretensiones de intentar no asumir el pago de las plusvalías. La firma de Justo Quesada  reclamaba que se anulara tanto el convenio suscrito entre las dos partes, al considerar que era contrario a derecho, como el acuerdo del pleno del Santa Pola, de fecha 13 de julio de 2004, por el cual el ayuntamiento se comprometía a aumentar la densidad del sector urbanístico y por lo tanto a aumentar el números de viviendas proyectadas. La promotora sostiene que el cambio legislativo sobre urbanismo producido con posterioridad, con la entrada en vigor de la LUV, hacía imposible tanto cumplir el objetivo del convenio como la causa.

Pero el juez le recordó a la promotora que había tardado hasta 2015 en solicitar la resolución del convenio y que no había acreditado que se hubiera modificado el PGOU, por lo tanto, el demandante no había acreditado la pérdida del objeto del convenio. El juez también justificó la causa del convenio: por una parte, el ayuntamiento aumentaba la oferta de viviendas en el municipio y se conseguía una plusvalía de seis millones, y por otra, la promotora lograba un aumento de edificabilidad y, por tanto, de los beneficios con la venta de las viviendas. En el caso del convenio, se hablaba de 4.800 euros por vivienda.