ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por PP y Cs, toma nota sobre las enmiendas registradas por los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición frente a la Ordenanza de Fiestas y revisará algunas de sus peticiones de modificación "con el propósito de alcanzar el mayor consenso posible", según precisó este miércoles el concejal responsable del área, Manuel Jiménez (PP), a consulta de Alicante Plaza. Entre ellas, la solicitud que plantea modular o suprimir la exigencia de un certificado de estabilidad de los monumentos, expedido por los propios artistas constructores, que la propuesta normativa plantea como requisito previo para conseguir las preceptivas autorizaciones en la plantà de las hogueras.
"Se trata de una ordenanza muy técnica en el que los responsables del departamento han tratado de ser exhaustivos, tras los contactos mantenidos con todos los colectivos festeros, pero puede que algunos de esos elementos sean susceptibles de revisarse ahora, a partir de las enmiendas propuestas por los grupos políticos o, después, mediante las alegaciones que pueda presentar cualquier ciudadano, tras su exposición al público", incidió. "Hemos mantenido varias reuniones con el conjunto de los partidos de la oposición y saben que la voluntad es llegar a acuerdos para que quede aprobada con el mayor respaldo y equilibrio posible", insistió.
En esta línea, aseguró que "ya hemos ordenado y racionalizado algunas de las cuestiones que podían suscitar cierta controversia, en temas como la limitación del número de actos con ocupación de vía pública que se pueden desarrollar a lo largo de un año, con la intención de compatibilizar las celebraciones con el descanso vecinal", detalló. "Entendemos que muchos de los actos que se organizan tratan de ayudar a generar ingresos para las entidades festeras, pero también que debe procurarse un equilibrio para que no se interfiera en la convivencia vecinal", añadió. Así, se mostró abierto a incorporar otras posibles modificaciones que puedan considerarse razonables.
En principio, el bipartito prevé que la normativa pueda elevarse a la consideración del pleno en el mes de julio, tras completarse la revisión del texto en función de las enmiendas propuestas ahora.
