ALICANTE (EFE).- La Fiscalía de Alicante debatirá este jueves en una junta sobre la posibilidad de que la institución cite al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, como investigado por despedir a una empleada interina adscrita a la Concejalía de Cultura que es cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.

Así lo han confirmado este miércoles fuentes del Ministerio Público, después de que la denuncia por dicho despido fuese presentada hace unos meses por dos dirigentes vecinales y desembocara en la apertura de unas diligencias de investigación en la Fiscalía.

Estas pesquisas se suman a las que tramita el juzgado de Instrucción 9 de la ciudad por un presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, hechos por los que Echávarri y dos asesores suyos han sido citados a declarar como investigados (la antigua figura de la imputadación) este próximo viernes.

La trabajadora afectada por el despido, una técnica interina de la Concejalía de Cultura, fue despedida a finales del pasado mes de abril, días después de que su cuñado y portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala, denunciase al alcalde por presunta prevaricación por la adjudicación de contratos por 190.000 euros en la Concejalía de Comercio.

Con posterioridad, el pleno del ayuntamiento acordó instar al consistorio a que revocase el despido, con la abstención de los socios del PSPV-PSOE en el gobierno municipal, Compromís y Guanyar Alacant, que se habían desmarcado previamente de esa decisión. En mayo, la Concejalía de Recursos Humanos readmitió a la empleada, pero dos históricos dirigentes del movimiento vecinal alicantino, José María Hernández y José Luis Valdés, llevaron el caso a la Fiscalía.

Aunque ambas denuncias tratan hechos interrelacionados, la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la que presentaron PP y Ciudadanos (C's) contra el alcalde por los contratos de Comercio y el teniente fiscal de Alicante, José Llor, ha hecho lo propio en relación al despido de la empleada.

En una junta prevista para este jueves, el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante informará a sus compañeros del estado de la investigación para que puedan opinar sobre los pasos que debe seguir. Las opciones pasan por archivar las diligencias por falta de indicios delictivos, interrogar en la propia Fiscalía al alcalde o remitir la denuncia a los juzgados para que preste declaración en sede judicial como investigado. En aras a la unificación de criterios, el Estatuto del Ministerio Fiscal contempla este tipo de debates para casos que revistan una especial trascendencia, han recordado fuentes de la Fiscalía.

De hecho, el mismo fiscal que ha abierto diligencias por el despido de la trabajadora interina, José Llor, recurrió a esta vía para consultar a sus compañeros sobre un recurso contra la excarcelación bajo fianza de Miguel López, sospechoso del asesinato de su suegra, María Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala.