ALICANTE (EFE). La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, ejercida por la exconcejal socialista Carmen Sánchez Brufal, han ratificado este viernes sus solicitudes de pena para el exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana de Alicante, Andrés Llorens (PP), en el juicio en la Audiencia por el supuesto amaño en la adjudicación de obras del llamado Plan E en la ciudad entre 2008 y 2009.

Tanto el ministerio público como la letrada que representa a Sánchez Brufal, Lourdes Perpiñán, han mantenido durante la exposición de sus informes de conclusiones que Llorens (quien fuera 'número 2' de la ex alcaldesa Sonia Castedo); el ex jefe de Servicio de Atención Urbana José Lidón; y dos responsables de las empresas Becsa y CCMS, Juan Manuel Valdivieso y Javier Álvarez, se concertaron de común acuerdo para conseguir que la adjudicación de los proyectos recayese en esas dos compañías. La primera como adjudicataria directa, y la segunda como subcontratista.

Esa presunta adjudicación fraudulenta se produjo a través de la manipulación de los pliegos de condiciones de los concursos de actuaciones relacionadas con la reurbanización de la plaza de la Muntanyeta, con la remodelación de la mediana de la avenida de Villajoyosa o con la ejecución de dos proyectos de instalación de contenedores soterrados.

En concreto, según la versión de la Fiscalía y de la acusación popular, esos pliegos fueron redactados desde el ordenador del representante de Becsa como -en su opinión- habría quedado demostrado tras el análisis de los metadatos de los archivos encontrados en él, tras los registrados en las oficinas de la compañía. De este modo, se habría garantizado que su oferta fuese la seleccionada para llevar a cabo ese paquete de actuaciones por un importe de 7,3 millones. Todo, además, después de haber canalizado la compra de los contenedores que se preveía instalar a través de una tercera empresa para la que trabajaba el hermano de Llorens.

Así, tanto la Fiscalía como la acusación popular han mantenido que los cuatro procesados son responsables de los delitos continuados de prevaricación y fraude, y reclaman que se les imponga 4 años de privación de libertad a cada uno de ellos. No obstante, la Fiscalía ha rebajado su petición por lo que respecta a la cuantificación de la responsabilidad civil desde los 1,2 millones planteados inicialmente a los 327.000, al ajustarse al importe del beneficio industrial.

El juicio prosigue el próximo lunes, día 24, con el turno de exposición de los informes de conclusiones de las defensas. Durante el desarrollo de las sesiones precedentes de la vista, los cuatro procesados han negado la existencia de irregularidades en la adjudicación y han descartado que se hubiese manipulado la redacción del pliego de condiciones. El propio Llorens aseguró en su declaración que él no había participado en el proceso de adjudicación puesto que no formaba parte de las funciones de su cargo, y defendió que confiaba plenamente en la labor desempeñada por los técnicos municipales.