ALICANTE (EFE). El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, Adrián Ballester, ha reclamado a la Generalitat claridad en las sucesivas fases de la desescalada para evitar "más perjuicios económicos" a los empresarios, autónomos y pymes.

Ballester y el diputado provincial de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, han lamentado "la mala gestión y las batallas internas del PSOE", que está provocando "pérdidas millonarias" en la provincia de Alicante, y han pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que "no engañe más a la población en las sucesivas fases de la desescalada, porque nos jugamos nuestro futuro".

Han insistido en que todavía no se conocen "con certeza" cuántos test se han realizado en la provincia, ni en qué ciudades o departamentos de salud, ni la incidencia del virus por municipios, con número de contagios o fallecidos en cada población.

Recuerdan que ciudades como Alicante o Elche se quedaron fuera de la fase 1 la semana pasada y su paralización ha supuesto "pérdidas millonarias", según Ballester, que ha instado a Puig a "no congratularse ahora" de que toda la provincia haya pasado de fase cuando el daño ocasionado es "irreparable".

Ha acusado a Puig de "falta de transparencia" en esta situación y de "irresponsabilidad" con los ciudadanos de toda la Comunitat "por generar en su día falsas expectativas, con las consiguientes pérdidas económicas para pymes y autónomos", y le ha pedido que vaya "con la verdad por delante", que sea "claro y certero" y que "no engañe a los ciudadanos con promesas falsas que luego no pueda cumplir".

"Nos jugamos mucho en este proceso y no estamos dispuestos a perder ni más tiempo ni más dinero", ha manifestado Gutiérrez, quien ha detallado que, según un estudio de INECA, la provincia de Alicante está dejando de generar unos 30 millones de euros al día por la crisis de la COVID-19 durante estos dos meses de confinamiento.

"Si se alarga esta situación en el tiempo y además con cambios inesperados de última hora que provocan aún más incertidumbre y perjuicio económico las consecuencias pueden ser catastróficas a corto y medio plazo para la provincia de Alicante", ha concluido.