ORIHUELA. El juicio el Caso Brugal continúa su curso y ayer fue el turno de tres testigos, entre ellos el interventor municipal de Orihuela entre los años 2006 y 2014, que dio cuenta de algunos aspectos económicos relacionados con el proceso de las contratas, nuevos pliegos y pagos de facturas en la época. El testigo apuntó a que realizó reparos en las facturas de pagos por el servicio de recogida de residuos a Colsur en la época, que operaba desde hacía años sin contrato en Orihuela. Pero que, a su vez recomendaba el pago de estas, por la ley de Enriquecimiento Injusto. No obstante, el interventor asegura que advirtió al equipo de gobierno, de que se incurría en una irregularidad. Y es que, a pesar de la recomendación, la tramitación de pagos tras ese consejo no era estrictamente la correcta, a juicio del interventor. En este sentido, aseguró que los pagos se realizaban aún sin el levantamiento de reparo -medida reservada únicamente al alcalde o alcaldesa, sin posibilidad de delegación-. 

A preguntas de la Fiscalía y de los abogados de la Defensa, las respuestas del testigo dejaron ver que el pago de facturas (más aún con reparos), es un asunto muy complejo a nivel administrativo. Además, dio a entender que si bien la ley de Enriquecimiento Injusto asume que hay que pagar a quien está aportando unos servicios, al mismo tiempo, queda patente que las contrataciones eran irregulares y que, por lo tanto, esa vía no podía ser adoptada por sistema en el Ayuntamiento. Al haber una continuidad en esta situación, que se alargó durante años después de que se declarara desierta la contrata de 2005, viene cuando el interventor considera que se habría alargado más de lo adecuado esta situación. De hecho, el edil apuntó que "en la época en la que Monserrate Guillén (Los Verdes) fue alcalde, también se puso reparos en algunas facturas pero no se levantaban del mismo modo". Y señaló, además, que su postura ante el pago de facturas con reparos fue siempre el mismo, en cualquier circunstancia.

Informe "no tajante"

En otoño de 2007, según el testigo, el edil de Hacienda, durante el mandato de Mónica Lorente, Antonio Lidón Gea, le solicitó al interventor un informe para evaluar posibles repercusiones económicas de la contrata que daba más puntuación a Urbaser -que en pocos días quedó, finalmente, desierta-. La petición se realizó, de forma verbal, en nombre del equipo de gobierno, a entender del interventor. 

En este informe, aseguró el testigo, planteó varias posibilidades de evolución que podría llevar el futuro contrato. En concreto, cuatro supuestos. "No concretaron mucho, lo dejaron a mi criterio y planteé cuatro escenarios hipotéticos que podrían darse en el futuro". Entre esos supuestos planteó una posible reclamación patrimonial o a qué situación llegaría el Ayuntamiento en el caso de que el concurso quedara desierto.  El testigo manifestó que fue tajante en sus conclusiones y que el documento "no concluye de forma categórica el hecho de dejar desierto el concurso". El técnico aludió directamente a la premura solicitada y la falta de tiempo para hacer el informe y asegura que dejó claro que "quizá no sería lo más exacto posible".