BRUSELAS (EFE). La Comisión Europea (CE) instó este miércoles a España, los Países Bajos, Portugal y Suecia a trasponer íntegramente la directiva ómnibus sobre el Punto Único de Acceso Europeo (ESAP), para garantizar que los inversores puedan acceder a la información pública de las empresas.

La CE envió un dictamen motivado tras la apertura de un expediente a esos países a través de una carta de emplazamiento remitida en julio pasado.

Bruselas recordó que la directiva en cuestión forma parte del paquete legislativo del Punto Único de Acceso Europeo, que facilita la creación de un mecanismo centralizado que ofrezca a los inversores y otras partes interesadas información pública fácilmente accesible, comparable y utilizable.

El acceso fácil y estructurado a la información por parte de los participantes en el mercado contribuirá a la integración de los mercados de capitales de la UE, en consonancia con los objetivos de la Unión de Ahorro e Inversión, recodó la Comisión.

En su opinión, esto facilitará igualmente la financiación de las empresas de la UE, lo que "impulsará el crecimiento y la creación de empleo en la UE".

El paquete legislativo contempla tres fases para el desarrollo del punto único.

La primera fase está previsto que comience en julio de 2026, cuando la información exigida en virtud de la directiva sobre transparencia y los reglamentos sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado, por un lado, y sobre ventas en corto, por otro, se remita a las autoridades nacionales competentes para que pueda ponerse a disposición en el ESAP.

Para ese primer paso, los Estados miembros debían transponer los cambios introducidos en la directiva sobre transparencia antes del 10 de julio de 2025, tal y como se indicaba en la carta de emplazamiento enviada en julio de ese año.

Ante esta situación, la Comisión decidió este miércoles emitir dictámenes motivados a los cuatro Estados miembros restantes que no habían transpuesto los cambios, los cuales disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias.

De lo contrario, la Comisión podrá decidir remitir los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con solicitudes de imposición de sanciones económicas, recodó el Ejecutivo comunitario.