VALÈNCIA. Disponer de energía renovable abundante y competitiva es una de las ventajas de España para atraer centros de datos. Sin embargo, las condiciones que el Gobierno plantea para conectar estas instalaciones a la red eléctrica podrían dificultar el aprovechamiento de ese recurso y frenar nuevos proyectos. La razón está en la combinación de tres exigencias: respaldar con renovables el 80% del consumo eléctrico en cada hora, contratar esa energía con plantas de nueva construcción y alcanzar simultáneamente los máximos niveles de eficiencia energética y de uso del agua.
Así lo advierte un informe publicado por Fedea y elaborado por Diego Rodríguez Rodríguez, economista de la Universidad Complutense de Madrid, que analiza el proyecto de real decreto sobre sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. El autor comparte la necesidad de exigir eficiencia a estas infraestructuras, pero cuestiona la proporcionalidad de las medidas y alerta de que su aplicación conjunta podría encarecer el suministro y dificultar la entrada de nuevos operadores.
El proyecto, todavía pendiente de aprobación, establece condiciones para los centros de datos de más de un megavatio que soliciten acceso a la red eléctrica. También afectaría a aquellos que ya tienen permisos concedidos, pero aún no se han conectado, lo que introduce incertidumbre para inversiones realizadas o comprometidas bajo unas condiciones diferentes.
El reto de disponer de renovables a cualquier hora
La principal dificultad reside en cómo se acreditaría el consumo de electricidad renovable. No bastaría con que estas fuentes respaldaran el 80% de la energía utilizada durante el conjunto del año, los centros tendrían que cumplir ese porcentaje en cada una de las horas, también de noche o durante los periodos de menor producción eólica y solar. Para ello, los promotores deberían recurrir al autoconsumo o firmar contratos de compra de electricidad a largo plazo, conocidos como PPA, con una duración mínima de diez años y vinculados a instalaciones concretas situadas en España. Según el informe, las compras acreditadas únicamente mediante garantías de origen renovable no servirían para cumplir esta obligación.
El problema es que los centros de datos mantienen un consumo relativamente constante, mientras que la generación solar y eólica depende de las condiciones meteorológicas y, en el caso de la fotovoltaica, de las horas de luz. Para cubrir esa diferencia, el análisis apunta a la necesidad de contratar una capacidad renovable muy superior a la demanda del centro y combinarla con baterías que permitan trasladar los excedentes a los momentos de menor producción. Esa combinación elevaría los costes de suministro. El documento ofrece una referencia para ilustrar la exigencia: aunque las renovables representaron el 55,5% de la generación eléctrica española en 2025, su participación superó el 80% únicamente en 36 de las 8.725 horas analizadas.
Plantas nuevas cuando ya hay producción disponible
La segunda condición limita las instalaciones con las que los centros podrían contratar esa electricidad. Las plantas renovables no deberían haber comenzado a operar más de dieciocho meses antes de la entrada en funcionamiento del centro de datos. Con este requisito, denominado de adicionalidad, se busca que la nueva demanda vaya acompañada de nueva generación.
Rodríguez cuestiona, sin embargo, que se restrinja el aprovechamiento de plantas existentes en un contexto en el que parte de la producción renovable encuentra dificultades para incorporarse al sistema. Las limitaciones de las redes y una demanda inferior a la prevista están provocando que se desaproveche energía disponible y presionando a la baja los ingresos de los generadores. Por ello, propone flexibilizar la condición para que también puedan computar instalaciones puestas recientemente en funcionamiento. Asimismo, plantea ampliar la cobertura admitida a otras fuentes de bajas emisiones, como la nuclear, cuya producción estable se adapta al perfil de consumo de los centros de datos.
- Imagen de archivo
El tercer obstáculo señalado por el informe es la obligación de alcanzar simultáneamente la categoría A de la etiqueta europea en eficiencia energética y en uso del agua. Según el análisis, los umbrales exigirían una relación inferior a 1,15 entre el consumo eléctrico total del centro y el de sus equipos informáticos, además de utilizar menos de 0,1 litros de agua dulce por kilovatio hora consumido.
La dificultad está en que ambos objetivos pueden entrar en tensión ya que reducir el agua utilizada para refrigerar los equipos puede aumentar las necesidades de electricidad. El autor considera especialmente exigente imponer los dos máximos estándares a la vez y propone permitir una categoría A en uno de los indicadores y A o B en el otro. Incluso con esa flexibilidad, sostiene, las nuevas instalaciones seguirían situándose entre las más eficientes. Las consecuencias de incumplir tampoco serían menores. Permanecer durante dos años consecutivos en la categoría B o inferior en alguno de esos indicadores podría derivar en la pérdida de los permisos de acceso y conexión.
El proyecto contempla recargos sobre los peajes y cargos eléctricos por incumplir las condiciones de suministro renovable. Según el informe, contratar energía con instalaciones que no cumplan el requisito de nueva generación supondría recargos de entre el 100% y el 500%. Si el incumplimiento afecta a la obligación de respaldar con renovables el 80% del consumo en cada hora, los recargos oscilarían entre el 10% y el 50%, con incrementos acumulativos de diez puntos porcentuales por cada mes que persista. Además, un incumplimiento significativo y reiterado podría dar lugar al inicio del procedimiento para retirar los permisos de acceso y conexión a la red.
Seleccionar proyectos sin bloquear inversiones
El informe reconoce que existe un problema de acaparamiento de capacidad eléctrica. Los proyectos de centros de datos acumulan alrededor de 12 gigavatios de acceso concedido, frente a unas expectativas sectoriales de unos tres gigavatios instalados al final de la década incluso en un escenario favorable. Entre esas solicitudes habría proyectos presentados en distintos puntos de la red y otros que todavía carecen de suficiente madurez.
La cuestión es si las condiciones propuestas permiten distinguir los proyectos viables o terminan dificultando el desarrollo del conjunto del sector. Rodríguez advierte de que la suma de obligaciones podría "impedir la entrada de nuevos centros de datos" y reclama una revisión de su proporcionalidad. También cuestiona que estas instalaciones estén sujetas a requisitos de acceso que no se exigirían a otras actividades con un perfil de consumo equivalente.
