VALÈNCIA. Una empresa tecnológica puede tener buena parte de su valor en una patente o un desarrollo de software y, sin embargo, encontrar dificultades para conseguir financiación. La falta de criterios comunes para valorar estos activos dificulta que las entidades financieras los acepten como garantía o los tengan en cuenta en sus operaciones. La Comisión Europea quiere reducir esta barrera con la denominada European Innovation Act, una propuesta de reglamento que busca facilitar tanto la financiación respaldada por propiedad intelectual como la contratación pública de I+D.
La iniciativa plantea encargar a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la creación de un centro especializado que desarrolle un marco europeo voluntario para valorar estos activos. También contempla una plataforma digital para facilitar la concesión de licencias y la transmisión de derechos de propiedad intelectual. El objetivo es que las empresas puedan presentar su patrimonio intangible de forma estructurada y comparable, facilitando su análisis por bancos e inversores.
Para Juan Manuel Pérez, partner de Aktion Legal, la propuesta "va en buena línea porque ataca dos problemas que vemos a diario con las startups". El primero es el acceso a los recursos necesarios para crecer. "Muchas empresas tienen patentes, software o marcas que son casi todo su valor, pero ni los bancos ni los fondos saben cómo valorarlos y acaban sin tenerlos en cuenta", explica.
El planteamiento europeo pretende dar más herramientas para incorporar esos activos a las decisiones de financiación. Sin embargo, la utilización del marco de valoración sería voluntaria y no supondría que las entidades financieras estuvieran obligadas a aceptar una patente como garantía ni a conceder un préstamo. "Su impacto real dependerá de que bancos e inversores lo acaben aceptando como referencia", advierte Pérez.
El valor de los intangibles
La Comisión identifica entre los obstáculos la ausencia de una metodología armonizada de valoración, el escaso desarrollo de un mercado secundario europeo para estos activos y las carencias de conocimientos especializados entre empresas y entidades financieras. El documento cifra en hasta 18.000 millones de euros anuales la brecha de financiación para el crecimiento de las compañías innovadoras con pocos activos materiales.
El centro previsto dentro de la EUIPO apoyaría a las instituciones públicas y a los actores financieros en el desarrollo de instrumentos respaldados por propiedad intelectual. Entre sus funciones figurarían el asesoramiento técnico, la formación y la recopilación de información sobre este tipo de operaciones. La propuesta establece un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del reglamento para desarrollar el marco voluntario de valoración y la plataforma de licencias y transmisión de derechos.
Pérez destaca que disponer de criterios de referencia puede tener efectos más allá del crédito bancario. "Lo vemos mucho en rondas de inversión y en operaciones de compraventa de empresas tecnológicas, donde valorarlos bien marca la diferencia en el precio y en las garantías que se negocian", señala. A su juicio, "si de verdad se consolida un estándar europeo, ganarán todos, startups e inversores".
- Juan Manuel Perez, socio de Aktion Legal -
- Foto: Eva Máñez
Facilitar la venta de innovación a la Administración
El segundo gran eje de la propuesta es la contratación pública de I+D. Bruselas busca establecer unas reglas comunes que reduzcan la incertidumbre y faciliten que las administraciones encarguen el desarrollo y las pruebas de soluciones que todavía no están disponibles comercialmente. También pretende favorecer la contratación conjunta entre compradores públicos de distintos países. El texto plantea que la calidad represente al menos el 50% de la ponderación de los criterios de adjudicación y reconoce, con condiciones y salvaguardas, el derecho de los contratistas a conservar la propiedad intelectual de los resultados. Esta posibilidad permitiría que las empresas continuaran explotando los desarrollos más allá del contrato público. "Vender innovación a la Administración es muy complicado", apunta el partner de Aktion Legal. Para el abogado, el reto no se limita a diseñar un procedimiento. "La clave estará en que las administraciones lo usen de verdad, porque herramientas para comprar innovación ya existían y se han utilizado poco", señala.
Pérez considera especialmente relevante que la Comisión haya elegido la figura del reglamento, por su aplicación directa en los Estados miembros, frente a las directivas que requieren su incorporación a las legislaciones nacionales. No obstante, insiste en que el alcance definitivo de las medidas está pendiente de la negociación europea. "Por ahora es solo una propuesta que tienen que negociar el Parlamento Europeo y los Estados, así que queda bastante camino y el texto puede cambiar", recuerda.
El abogado también señala los límites de la iniciativa frente a otros obstáculos que encuentran las empresas al expandirse. "Lo que más frena a una startup cuando quiere crecer en Europa es tener que lidiar con 27 sistemas legales y fiscales distintos y esta norma no lo resuelve", sostiene. Para abordar esa fragmentación, remite al avance de EU Inc., la futura sociedad europea para startups, que identifica como una iniciativa diferente.
