VALÈNCIA. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha impulsado reformas en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda y las pensiones, pero su balance deja "avances parciales y crecientes desequilibrios pendientes". Así lo concluye un informe publicado por Fedea que examina algunas de las principales medidas vinculadas a los fondos europeos NextGenerationEU, cuyo plazo de ejecución concluye en 2026. Sus autores identifican en el empleo el avance más visible, por la reducción de la temporalidad en el sector privado, aunque consideran que la mejora de la estabilidad efectiva de los trabajadores ha sido menor. Frente a ello, sitúan en la vivienda el balance más desfavorable y advierten de que la reforma de las pensiones garantiza su poder adquisitivo sin resolver su financiación a largo plazo.
El estudio, elaborado por Judith Arnal, Ángel de la Fuente y Juan Pablo Riesgo, recuerda que el Plan de Recuperación se puso en marcha para acceder a los fondos europeos creados tras la pandemia. Para recibir los recursos, España presentó un programa de inversiones y reformas cuyo desembolso quedó vinculado al cumplimiento de determinados hitos y objetivos. Ahora que concluye el plazo de ejecución, los autores plantean que la siguiente etapa debe pasar de "reformas diseñadas para cumplir hitos a reformas que cambien resultados", con atención a cuestiones como las competencias básicas, la calidad de la FP dual, la oferta de vivienda y el equilibrio entre las pensiones y otras prioridades de gasto.
Menos temporalidad, pero una mejora limitada de la estabilidad
En materia laboral, el estudio reconoce una reducción significativa de la temporalidad en el sector privado, que ha pasado del 25,7% a finales de 2019 al 12,3% en el segundo trimestre de 2026. El descenso se aceleró tras la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada en 2021: a finales de ese año, la tasa era del 23,9% y doce meses después había bajado hasta el 14,8%. Se trata, según los autores, del "avance más visible" entre las reformas examinadas, aunque matizan que la mejora de la estabilidad efectiva ha sido mucho menor.
Para medir esta última, el informe atiende a indicadores como la duración de las relaciones laborales, la rotación o los periodos de inactividad. Entre las personas que empezaron un empleo en marzo de 2022, el 80% seguía ocupado un año después, ya fuera en la misma empresa o en otra. Ese porcentaje era del 79,2% entre quienes iniciaron un trabajo en marzo de 2017 y 2018. La reforma laboral eliminó el contrato por obra o servicio, restringió las causas para recurrir a la contratación temporal y amplió el uso del contrato fijo discontinuo, con el objetivo de que el indefinido fuera la modalidad habitual.
- Foto: DAVID ZORRAKINO/EP
Según recoge el informe, en 2025 se firmaron 6,44 millones de contratos indefinidos, de los que 2,15 millones, uno de cada tres, fueron fijos discontinuos. Los autores recuerdan que esta modalidad mantiene la relación laboral entre periodos de actividad y da derecho al llamamiento, pero "no garantiza actividad ni salario todo el año". Por ello, defienden que, junto al tipo de contrato, se observen también los días de alta, los intervalos de inactividad y los ingresos anuales de los trabajadores.
La evolución del empleo privado contrasta con la del sector público, donde la tasa de temporalidad se situó en el 27,3% en el segundo trimestre de 2026. El informe recuerda que la ley aprobada en 2021 fijaba un objetivo del 8% para las plazas estructurales ocupadas temporalmente y que la Comisión Europea retiró su evaluación favorable de este hito tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el personal interino. En cuanto a la Ley de Empleo, el estudio considera que mejora en algunos aspectos el diseño de la normativa anterior, aunque señala que no fija los medios necesarios para aplicar las medidas ni establece criterios operativos de empleabilidad que sirvan de base a las políticas activas.
Vivienda: falta de oferta y precios al alza
Entre las áreas examinadas, la vivienda recibe la valoración más negativa. El informe recuerda que los precios aumentaron un 12,1% interanual en España en el segundo trimestre de 2026, frente al 4,7% de la Unión Europea, mientras que el déficit acumulado se sitúa en torno a las 750.000 viviendas. A ello se suma que la edad media de emancipación alcanza los 30,2 años. En este contexto, los autores sostienen que la Ley de Vivienda de 2023 "interviene las rentas cuando el problema es de oferta" y cuestionan que las medidas adoptadas permitan aumentar suficientemente el número de inmuebles disponibles.
Según los datos recogidos en el estudio, la oferta anunciada de alquiler cayó más de un 20% en las zonas donde se aplicaron límites, mientras que aumentó un 3,9% en Madrid y descendió un 7% en el conjunto de España sin Cataluña. No obstante, el propio informe precisa que se trata de una comparación descriptiva que no permite atribuir directamente esas variaciones al control de precios. De hecho, señala que en la Comunitat Valenciana y Andalucía, donde no se habían declarado zonas tensionadas, los anuncios también descendieron algo más de un 10%.
El documento critica que las medidas recientes refuercen la intervención en los contratos y los precios, mientras considera modestas las iniciativas destinadas a ampliar la oferta. Además, advierte de que las medidas de apoyo a la demanda pueden generar nuevas subidas de precios si no van acompañadas de un incremento del número de viviendas disponibles.
- Bloque de viviendas. -
- Foto: Europa Press
Educación: la FP dual y el reto del aprendizaje
En educación, el estudio ofrece un balance mixto y sitúa el aprendizaje como el principal problema. El abandono educativo temprano ha descendido hasta el 12,8%, pero continúa por encima del 9,1% de la media europea y la distancia con la Unión no se ha cerrado desde 2021. El informe también recoge el retroceso de España en PISA 2025. Los autores apuntan a la reducción de las exigencias de promoción y titulación como una posible explicación del empeoramiento, si bien reconocen que no existe una evaluación causal que permita establecer esa relación.
Frente a ello, la formación profesional es la reforma educativa que recibe un mayor respaldo en el estudio. Los autores valoran la generalización de la FP dual, que combina el aprendizaje en los centros educativos con la formación en empresas, aunque advierten de que su éxito dependerá de la calidad de las estancias y de que las pymes dispongan de apoyo para organizar la formación y preparar tutores. En el primer curso de la nueva ordenación, 17.841 alumnos figuraban en la modalidad intensiva, la de mayor presencia en la empresa y con contrato de formación. Son el 1,5% del total de alumnado de FP, aunque el informe precisa que se trata de una cifra mínima, ya que cuatro comunidades autónomas incluyen a sus estudiantes de esta modalidad dentro de la general.
Pensiones y coste de las cotizaciones
En el caso de las pensiones, el documento destaca que la reforma protege su poder adquisitivo, pero cuestiona que los ingresos adicionales previstos sean suficientes para afrontar el incremento del gasto. Según las proyecciones que recoge, este podría pasar de alrededor del 13% del PIB a entre el 16% y el 17% a mediados de siglo. La financiación adicional descansa en buena medida en el aumento de las cotizaciones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ha pasado del 0,6% en 2023 al 0,9% en 2026 y alcanzará el 1,2% en 2029. A ello se suman la subida de las bases máximas por encima del IPC y la cuota de solidaridad sobre las remuneraciones que las superan.
Los autores señalan que estas aportaciones recaen formalmente sobre empresas y trabajadores, aunque matizan que su incidencia final sobre los salarios y el empleo es una cuestión distinta. También reclaman abrir un debate sobre el coste de destinar una proporción creciente de los recursos públicos a las pensiones y su efecto sobre otras prioridades de gasto. En su conclusión, sostienen que, una vez finalizado el impulso de los fondos europeos, España deberá seguir abordando las reformas pendientes en educación, empleo, vivienda y sostenibilidad del sistema de pensiones.
El informe recuerda que España ha solicitado todas las transferencias asignadas, pero ha perdido 198 millones de euros por el incumplimiento del hito relativo a la fiscalidad del diésel y mantiene otros 1.164 millones en riesgo. De esta última cantidad, 626,6 millones corresponden a la reducción de la temporalidad en el empleo público y 537 millones, a tres objetivos de inversión de la sexta solicitud que la Comisión Europea no dio por cumplidos. Entre ellos figuran la FP bilingüe, la teleasistencia y los proyectos de emprendimiento y microempresas dirigidos a colectivos vulnerables. En cuanto a los préstamos, el documento indica que España ha retenido 21.449 millones de los 83.160 millones que había solicitado inicialmente. Además, calcula que quedan unos 22.900 millones por recibir, descontada la prefinanciación, pendientes de la evaluación de la última solicitud presentada por el Gobierno.
