ALICANTE. Las instituciones europeas, con una influencia cada vez mayor en la vida de los ciudadanos de los países miembros desde que su parlamento puede legislar (el 60% de las leyes que salieron en 2022 del Congreso venían de Bruselas), se perciben sin embargo como muy lejanas e inaccesibles. Y, a pesar de que las grandes empresas han 'aprendido' en los últimos años a hacer lobby y suelen ser escuchadas antes de cada proyecto, las pymes no pueden llegar tan alto, a pesar de que se ven impactadas, en ocasiones de forma dramática, por esas decisiones.
Esta disfunción, junto a otras cuestiones que se deciden en el Parlamento o la Comisión Europea y que afectan a las empresas españolas, como el Pacto Verde, la Política Agraria Común (PAC) o, sobre todo, el reparto de los fondos europeos de reconstrucción postcovid Next Generation, fueron objeto de profundo análisis en el Diálogo Plaza 'La Unión Europea y las Empresas', protagonizado por el eurodiputado de Renew Europe (el grupo donde se integra Ciudadanos en Bruselas) Adrián Vázquez, y en el que participaron el vicepresidente de CEV, José Vicente Andreu; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jesús Navarro; el coordinador del Comité de Estudios de Ineca, Quino Palací, la vicepresidenta de Hosbec, Victoria Puche; y el presidente de Terciario Avanzado, Pedro Fernández. El diálogo estuvo moderado por el director de Alicante Plaza, Miquel González.
Adrián Vázquez, al frente de la delegación de eurodiputados que deben elaborar la norma para adjudicar a la Euipo (la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, con sede en Alicante) la gestión de las indicaciones geográficas, y que esta semana han estado de visita por la provincia, señaló que la revisión del delito de malversación en España afecta de forma notable al reparto de fondos europeos, puesto que la trazabilidad de estos 70.000 millones para España (la mitad en ayudas y la otra en préstamos) hasta 2024 tampoco es clara. Según el eurodiputado, que citó datos del Ministerio de Economía, España solo ejecutó en 2021 el 27,2% de los fondos adjudicados y presupuestados. En los once primeros meses de 2022, la ejecución ha sido del 10,61%.
"España presentó un buen plan, pero el papel lo aguanta todo", lamentó Vázquez. "Se estimaba que los fondos aportasen un 4% del PIB y al final ha sido solo el 1,6%; hemos usado apenas una tercera parte, los PERTE han sido un fracaso, y solo se han ejecutado un 9,1% del total de proyectos presentados", resumió. El principal problema, a juicio de los empresarios alicantinos presentes en el diálogo, el problema es que las pymes no tienen recursos para presentar los proyectos en las condiciones que exige Europa, y que los plazos para presentarse a cada línea son muy breves, con lo cual no tienen capacidad de reacción. "Estamos muy preocupados por la dificultad para acceder a los fondos", señaló Pedro Fernández, mientras Quino Palací argumentó que "el flujo público-público sí funciona, pero el privado no: más del 80% de los fondos europeos ordinarios que llegan a Alicante son para la Administración".
12% de ejecución en la Comunitat
En la Comunitat Valenciana, según los datos aportados por la portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mamen Peris, quien también participó en la mesa, se concedieron 3.223 millones de euros, de los que solo se han presupuestado 1.320 millones, y apenas se ha ejecutado el 12%. "Por ejemplo, de los fondos para vivienda, se ha ejecutado el 15% del dinero presupuestado para rehabilitación, y el 0% de la partida para compra de vivienda, cuando según el conseller estamos en una emergencia residencial".
