ALCOY (EFE).  (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación interpuesto por el constructor alicantino Enrique Ortiz en relación con el litigo que mantiene con el Ayuntamiento de Alcoy por el proyecto del bulevar, según ha informado miércoles el consistorio alcoyano en un comunicado. Esta sentencia obliga al empresario a devolver 1,5 millones de euros que había cobrado después de que la primera sentencia le diera la razón y estimara el lucro cesante por la rescisión del contrato de la obra del Bulevar.

Según fuentes municipales, el TS ha dado la razón al ayuntamiento al confirmar que el contrato suscrito con Ortiz se rescindió por causas imputables a la constructora porque presentó un proyecto con deficiencias que, por esa razón, no se podía ejecutar.  Esta actuación tenía un coste de 27 millones de euros y fue aprobada poco antes de las elecciones municipales de 2011 con el único voto favorable del PP y con informes técnicos en contra.

 Las obras consistían en abrir una calle por la zona de la antigua vía del tren en unas condiciones económicas que el nuevo gobierno municipal, ya dirigido por el socialista Antonio Francés, consideró un "negocio ruinoso para el ayuntamiento en plena crisis económica".

La corporación municipal optó entonces por rescindir el contrato, una decisión que fue recurrida por Ortiz, quien ganó en primera instancia en 2015, al ser condenado el consistorio a pagarle 4,2 millones de euros en concepto de compensaciones por los gastos que incluían el aval que el ayuntamiento había incautado, el lucro cesante y los intereses.

 Sin embargo, una resolución judicial posterior, dictada en 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), dio la razón al consistorio cuando las arcas municipales ya habían abonado a Ortiz más de un millón de euros más el aval de 500.000 euros.

 El empresario interpuso un recurso de casación contra ese fallo ante el TS, que, según el comunicado de la corporación local, no lo ha admitido a trámite, por lo que Ortiz tendrá que devolver 1,5 millones de euros al ayuntamiento alcoyano