ALICANTE. La provincia de Alicante se une este miércoles, 11 de noviembre, a la jornada de huelga general de 24 horas convocada para reclamar salarios que permitan afrontar el coste de la vida, medidas contra la especulación inmobiliaria, mejoras en las condiciones laborales y el refuerzo de los servicios públicos. La movilización, respaldada por CCOO, UGT, Intersindical Valenciana, CGT, CNT, COS y organizaciones sociales vinculadas a la vivienda y la educación, llega después de varias semanas de asambleas, actos informativos y llamamientos a la participación en municipios como Alicante, Elche, Elda, Petrer y Alcoy. Los sindicatos quieren trasladar a las empresas y a las calles el descontento por una situación que, según denuncian, hace que tener un empleo ya no garantice llegar a fin de mes ni acceder a una vivienda.
La jornada está planteada como un paro de 24 horas, con piquetes informativos desde la madrugada y la mañana y manifestaciones a las 18 horas en Alicante y Elche. La convocatoria también se desarrollará en el resto de país y la Comunitat Valenciana, donde las organizaciones sindicales han programado movilizaciones en València, Castelló y Alzira. En la provincia alicantina, la actividad sindical se concentra durante las primeras horas en los centros de trabajo y educativos, antes de trasladarse por la tarde a las calles.
La huelga llega con el respaldo de más de 3.600 adhesiones de comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales de CCOO y UGT contabilizadas a escala estatal el pasado 4 de noviembre. Entre las organizaciones adheridas figuran representantes de empresas como Seat, Airbus, Iberia, Zara, Glovo o DomusVi, además de universidades, centros educativos, hospitales y residencias. Los sindicatos consideran que estas adhesiones anticipan una participación en la jornada, aunque el alcance del seguimiento no podrá conocerse hasta que avance el paro. El lema de la convocatoria, 'Salarios. Vivienda. Precios', resume los tres asuntos sobre los que gira la protesta. CCOO y UGT sostienen que el crecimiento económico y los beneficios empresariales no se están trasladando suficientemente a los salarios, mientras que el coste de los alquileres, las hipotecas, los alimentos y los suministros continúa absorbiendo una parte de los ingresos de las familias.
"La gente trabajadora no puede llegar a fin de mes"
En la provincia alicantina, la convocatoria se ha preparado con asambleas y comparecencias sindicales durante las últimas semanas. En Alicante, la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, defendió durante una asamblea de delegados que el paro debía servir para reclamar salarios, vivienda y una reducción de los precios. "Por mucho que nos digan que la economía está creciendo, en los bolsillos de la gente no se nota. La gente trabajadora no puede llegar a fin de mes", afirmó García, que también reclamó recursos y personal para los servicios públicos.
La secretaria general de CCOO l'Alacantí-les Marines, Eva Calleja Risueño, puso cifras a la situación salarial. Según los datos expuestos por la dirigente sindical, el salario medio de Alicante se encuentra casi 9.000 euros por debajo de la media española y cuatro de cada diez salarios no alcanzan los 1.000 euros mensuales. Calleja defendió que el problema no se limita a la creación de empleo, sino también a las condiciones en las que se trabaja y al reparto de la riqueza. "Somos la quinta provincia de este país por PIB y la 42 de 50 en PIB per cápita; no falla la riqueza, falla su reparto", manifestó.
Desde UGT, la secretaria comarcal de L'Alacantí-Les Marines, Aurelia Fernández, ha puesto el foco en las consecuencias del encarecimiento de la vivienda sobre el mercado laboral. Durante la presentación de la convocatoria en Alicante, advirtió de que existen trabajadores que se ven obligados a abandonar sus empleos porque no pueden permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo. Fernández denunció que esta situación está expulsando a población de las ciudades y afecta especialmente a jóvenes y mujeres, colectivos que, según señaló, soportan en mayor medida la precariedad y la contratación a tiempo parcial.
La vivienda se ha convertido, de esta manera, en uno de los principales argumentos de una movilización que reúne a sindicatos y organizaciones sociales. Para la responsable de Acción Sindical de CCOO l'Alacantí-les Marines, María Cueva Garcés, el acceso a una vivienda digna continúa siendo una reivindicación pendiente pese a estar recogido en el artículo 47 de la Constitución. "Vamos a parar todo porque no queremos migajas", afirmó durante la asamblea preparatoria celebrada en Alicante.
Elche: UGT denuncia que la vivienda consume más de la mitad del salario
En Elche, la preparación de la huelga también ha estado marcada por el problema de acceso a la vivienda. El secretario general de UGT en la ciudad, Ismael Senent Cartagena, ha denunciado que las familias trabajadoras destinan una parte de sus ingresos al pago de alquileres e hipotecas que considera incompatible con unas condiciones de vida dignas. "No es aceptable que más del 50% del salario de las familias trabajadoras en Elche se destine exclusivamente a pagar un alquiler o una hipoteca", manifestó Senent durante la presentación de la convocatoria. El responsable sindical advirtió de que jóvenes y familias con rentas medias y bajas están quedando fuera del mercado residencial.
Senent también criticó la evolución de los precios de los bienes esenciales frente a los salarios. A su juicio, se está produciendo una transferencia de renta desde los trabajadores hacia los márgenes empresariales, mientras que el incremento de la cesta de la compra y los suministros reduce la capacidad económica de las familias. "La patronal no puede ponerse de perfil ni eludir su responsabilidad. Un país no es próspero si sus trabajadores son pobres", sostuvo el dirigente de UGT, que reclamó una implicación empresarial en la mejora salarial y medidas de las administraciones para combatir la especulación inmobiliaria.
Por parte de CCOO, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, participó el pasado 4 de noviembre en una asamblea en Elche junto a la secretaria general del sindicato en el Vinalopó-Vega Baja, Carmen Palomar. Bravo reclamó políticas públicas que corrijan la desigualdad y permitan un reparto de la renta desde las administraciones central, autonómica y local. Durante su intervención, el dirigente aseguró que, en los últimos quince años, los beneficios empresariales han triplicado la inflación y el crecimiento salarial. También calificó el mercado de la vivienda como una vía de extracción de rentas que perjudica a las familias inquilinas y a quienes tienen hipotecas. "Esperamos una respuesta muy importante a la huelga. Existe una sensibilidad social muy favorable a las reivindicaciones planteadas y a la confluencia con los movimientos sociales para exigir cambios radicales en materia de vivienda y redistribución de la riqueza", afirmó Bravo.
La asamblea se celebró finalmente en la sede de Cáritas, después de que CCOO denunciara que la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche, gestionada por Vox, había denegado el uso del Centre de Desenvolupament Empresarial. Según explicó el sindicato, el consistorio justificó la decisión en las normas de utilización de las instalaciones, destinadas a empresarios, emprendedores y personas desempleadas. Carmen Palomar calificó esa explicación de "excusa indignante" y denunció lo que consideró una actuación contra la representación sindical. La reunión permitió coordinar los piquetes informativos previstos durante la mañana de este miércoles en las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja. CCOO también ha buscado la participación de organizaciones como Juntes per l'Habitatge, el Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Cáritas, Elche Acoge y Amnistía Internacional.
Alcoy se suma al llamamiento sindical
La preparación de la huelga se ha extendido igualmente a las comarcas centrales de la provincia. El 6 de noviembre, CCOO Comarques Centrals celebró una asamblea en el Auditorio Amando Blanquer de Alcoy para explicar las reivindicaciones y promover la participación en las empresas. Su secretario general, Raül Alcocel, situó la vivienda como uno de los factores que han impulsado la convocatoria. "La vivienda no puede ser un objeto de lujo, una realidad que está sufriendo la clase trabajadora y que no toleraremos", afirmó.
Alcocel defendió la confluencia entre el movimiento sindical y las organizaciones sociales y apeló a la trayectoria de movilización de Alcoy para reclamar la participación de los trabajadores de la comarca. En la misma asamblea intervino Ana García Alcolea, quien aseguró que "sobran los motivos" para secundar el paro. La secretaria general de CCOO PV denunció el aumento de los precios, que situó cerca del 5%, y el deterioro de los servicios públicos.
García también criticó que los ciudadanos tengan que asumir gastos sanitarios para acceder a determinadas pruebas o reducir los tiempos de espera. A su juicio, esta situación supone pagar dos veces por servicios que deberían estar garantizados con recursos públicos. La dirigente sindical defendió que los delegados de CCOO trabajarán para conseguir que se paralice la actividad en los centros de trabajo y llamó también a no consumir durante la jornada.
Piquetes durante la mañana y manifestaciones a las 18 horas
La jornada de huelga se ha organizado con piquetes informativos desde la madrugada y movilizaciones durante el día. En la provincia de Alicante, CCOO ha anunciado el despliegue de piquetes en las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja, mientras que en la capital están previstas concentraciones del sector educativo a partir de las 7.30 horas en cuatro puntos de la ciudad.
El paro culminará con las manifestaciones convocadas para las 18 horas. En Alicante, la marcha saldrá de las escaleras de Jorge Juan, mientras que en Elche el punto de encuentro figura en la plaza dels Algeps, según la información difundida en los últimos días por CCOO y la convocatoria autonómica. En el resto de la Comunitat Valenciana se han programado manifestaciones a la misma hora en Castelló, desde la plaza María Agustina, y en València, desde la calle Xàtiva. En Alzira, la movilización está prevista a las 11 horas. Las organizaciones convocantes han llamado a no acudir al trabajo, reducir el consumo y participar en las movilizaciones. También han animado a la comunidad educativa a secundar el paro.
La educación llama a vaciar las aulas
La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic se ha sumado al llamamiento a la huelga y ha pedido a la comunidad educativa que participe en las protestas. La organización ha planteado vaciar los centros educativos durante la jornada y formar bloques propios en las manifestaciones. Su portavoz, Elisabet García, ha defendido que las reivindicaciones educativas deben vincularse a las condiciones de vida de las familias, el derecho a la vivienda y los derechos laborales.
"La educación, la sanidad y el resto de los servicios públicos son pilares fundamentales de una sociedad más justa e igualitaria", sostuvo García, que reclamó políticas que garanticen el acceso a la vivienda y unas condiciones laborales adecuadas. Además de las concentraciones previstas en Alicante durante la mañana, se ha convocado una salida de la columna educativa desde la Dirección Territorial de Alicante a las 17 horas para incorporarse a la manifestación de la tarde.
Servicios mínimos en transporte, sanidad y educación
La huelga se desarrollará con servicios mínimos establecidos para mantener la actividad esencial. La Generalitat ha fijado en el transporte ferroviario y tranviario de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) un 80% de los servicios habituales. En el ámbito sanitario, los hospitales mantendrán servicios equivalentes a los de un domingo en determinadas áreas de hospitalización y urgencias, mientras que otras unidades, como cuidados intensivos, diálisis, radioterapia, trasplantes y oncología, conservarán la actividad habitual. Las consultas externas preferentes funcionarán al 25%, mientras que los centros de salud y consultorios auxiliares mantendrán servicios equivalentes a los de un sábado. En educación, los centros públicos deberán garantizar la presencia de responsables de dirección y del personal mínimo establecido según las etapas y el número de unidades de cada centro.
En Elche, la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento aprobó por unanimidad los servicios mínimos municipales, con el respaldo de UGT, CCOO, CSIF y SI-USO CV. El acuerdo contempla personal mínimo en áreas como registro, cementerios, mantenimiento, escuelas infantiles, parques y jardines, espacios públicos, urbanismo y servicios sociales.
En cuanto a la recogida de residuos, la UTE Elche ha propuesto mantener el 40% del servicio, centrado en la recogida de la fracción resto y un servicio de guardia. Para el autobús urbano ilicitano se han establecido servicios del 70% en horas valle y del 80% en horas punta, mientras que las conexiones con el aeropuerto y la estación de tren deberán mantener un mínimo del 80%.
Los sindicatos han recordado que la huelga es un derecho individual que puede ejercer cualquier trabajador, esté o no afiliado a una organización sindical, sin necesidad de comunicar previamente su decisión a la empresa. La participación implica el descuento salarial correspondiente a la jornada, pero no la pérdida de antigüedad ni de vacaciones. Las personas designadas para cubrir servicios mínimos deben acudir a su puesto de trabajo.
Con este escenario, la provincia afronta una jornada en la que CCOO, UGT y el resto de organizaciones convocantes quieren convertir las reivindicaciones sobre salarios, vivienda y coste de la vida en una movilización dentro y fuera de los centros de trabajo. Tras semanas de asambleas y actos informativos, el 11N llega con el llamamiento sindical a paralizar la actividad económica y con dos manifestaciones convocadas en Alicante y Elche para cerrar la jornada.
