ALICANTE (EFECOM).- Los inspectores españoles de pesca marítima pararán el lunes por tercera vez en dos años e iniciarán una huelga general indefinida, con manifestaciones en Madrid y en Vigo, para pedir mejores condiciones laborales, la regulación y la remuneración adecuada de sus horarios especiales.

La huelga, convocada por los sindicatos CCOO y ELA, tiene como objetivo reclamar al Gobierno unas "condiciones de trabajo dignas y eficaces" para el personal de inspección de pesca de la Administración General del Estado, compuesto por unos 170 funcionarios, que trabajan en Madrid y en el litoral.

Los inspectores se manifestarán en Madrid el lunes frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Alimentación y el miércoles 5 en Vigo, ante la Agencia Europea para el Control de la Pesca (EFCA, en sus siglas en inglés).

Desde hace días, los inspectores han protagonizado concentraciones puntuales en zonas costeras como el País Vasco o Alicante; desde 2023 es la tercera vez que organizan una jornada de huelga, aunque en esta ocasión la comienzan por primera vez con carácter indefinido.

Los sindicatos convocantes han denunciado, en un manifiesto, que la nueva instrucción de horarios "impuesta" por el MAPA y por el Ministerio de Política Territorial es "ineficaz e ineficiente" para alcanzar los objetivos de inspección marcados por las instituciones nacionales, europeas y organismos internacionales.

La labor de los inspectores es crucial para la actividad de la flota pesquera y para el control de las capturas.

La presidenta de la de la Asociación de Inspectores Pesqueros (Apipes), Ludi Rueda, ha explicado a Efeagro que los ministerios no están reconociendo adecuadamente la disponibilidad y los horarios especiales ligados a sus funciones.

Rueda ha subrayado que los inspectores tienen una disponibilidad "de 24 horas al día" y que no se les remunera, lo que contrasta y supone un agravio con otros funcionarios, a los que "si trabajan por la tarde" se les paga.

Los profesionales han criticado, en el manifiesto, que los criterios para programar las inspecciones están afectando a la flota y reduciendo el control a los pescadores que menos cumplen, lo que afecta negativamente a los precios en lonja del pescado capturado legalmente.

Los inspectores de pesca reivindicarán también una evaluación completa de riesgos laborales y que se corrijan las deficiencias de formación en seguridad, porque son uno de los colectivos de la Administración que trabaja habitualmente en situaciones de mayor riesgo, según Rueda.

"Queremos que se declare esta profesión de riesgo porque tiene unas exigencias físicas importantes, de hecho tenemos pruebas físicas para entrar y bueno, nos parece penoso hacer embarques con 65 o 57 años, las probabilidades de sufrir un accidente son bastante altas", ha añadido.

"Hay profesiones declaradas de riesgo como los estibadores, las rederas o los pescadores (...) Tienen un coeficiente reductor para la edad de jubilación; otra opción sería una segunda actividad (con menos riesgo) a partir de cierta edad", según la representante de los inspectores.