ALICANTE. El precio más bajo no siempre garantiza el mejor servicio público. Esta fue una de las principales reflexiones que dejó la primera mesa del Foro de Municipalismo organizado por Alicante Plaza bajo el título "Los retos de los municipios del futuro". Los representantes de las empresas y organismos responsables de gestionar servicios esenciales para los ayuntamientos advirtieron de los riesgos de priorizar el ahorro económico inmediato frente a la calidad, la sostenibilidad y las inversiones necesarias para garantizar las prestaciones a largo plazo. Una situación que, según expusieron, adquiere especial relevancia en un contexto marcado por el incremento de los costes, las nuevas exigencias medioambientales y la transformación tecnológica.
El encuentro, celebrado en el Hotel Hospes Amérigo de Alicante, reunió en su primera mesa a Cristina Baixauli, directora de Innovación de Veolia en la Comunitat Valenciana; Alfonso Sánchez, director de la Delegación Alicante-La Mancha de FCC Medio Ambiente; Manuel Rosado, responsable y delegado de Aqualia en Alicante; y José Antonio Belso, director de Suma Gestión Tributaria. El debate, moderado por David Martínez, responsable de Marketing Editorial, permitió abordar los desafíos de la gestión municipal desde la perspectiva de las entidades encargadas de prestar servicios como el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o la gestión tributaria.
Los participantes coincidieron en que la eficiencia de un servicio público no puede medirse únicamente por su coste, sino que debe tener en cuenta su capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos, adaptarse a los cambios normativos y garantizar el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras. En este sentido, cuestionaron el excesivo peso que siguen teniendo las ofertas económicas en los concursos públicos y defendieron la necesidad de incorporar mecanismos que permitan valorar adecuadamente la calidad técnica y las inversiones comprometidas.
El precio, en el centro del debate sobre la contratación pública
La contratación pública fue uno de los asuntos que generó mayor coincidencia entre los participantes. Baixauli advirtió de que los ayuntamientos continúan otorgando un protagonismo excesivo al precio en las licitaciones, incluso cuando los pliegos incorporan criterios relacionados con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.
La representante de Veolia consideró que apostar por la oferta más económica puede acabar comprometiendo la calidad y la sostenibilidad del servicio si no se tienen suficientemente en cuenta las necesidades futuras de inversión. A su juicio, el problema no reside únicamente en la ponderación de los criterios técnicos, sino también en la dificultad para evaluarlos de forma objetiva.
En este sentido, defendió que los concursos públicos deberían permitir valorar con mayor precisión las soluciones tecnológicas y medioambientales que ofrecen las empresas. "¿Qué entendemos por eficiencia, que sea barato? A veces no tiene sentido", planteó durante el debate, al reivindicar que la gestión debe repercutir directamente en la calidad de las prestaciones.
Una reflexión compartida por Belso, quien señaló que la Ley de Contratos del Sector Público, pese a su carácter garantista, puede acabar desincentivando la utilización de criterios sujetos a juicio de valor. Según explicó, los técnicos responsables de preparar las licitaciones muestran en ocasiones reticencias a incorporar este tipo de valoraciones, lo que termina reforzando el peso de los criterios económicos.
El director de Suma puso como ejemplo una licitación tecnológica a la que concurrieron 46 empresas, en la que las limitaciones de los criterios de valoración dificultaban reconocer determinadas mejoras técnicas de las ofertas. A su juicio, resulta necesario encontrar fórmulas que permitan seleccionar las propuestas que mejor se ajusten a las necesidades de la administración sin renunciar a las garantías del procedimiento.
Rosado también cuestionó el excesivo protagonismo del precio en los concursos, especialmente en el sector del agua, donde los contratos pueden extenderse durante 15 o 20 años. El representante de Aqualia advirtió de que los pliegos se elaboran a partir de una situación concreta, pero deben permitir responder a circunstancias que pueden cambiar sustancialmente durante su vigencia.
Por ello, defendió la incorporación de mecanismos que faciliten la adaptación de los contratos a nuevas exigencias ambientales, cambios normativos y necesidades de inversión. Como ejemplo, mencionó las posibles modificaciones en los límites de nitratos del agua, que podrían obligar a acometer actuaciones no previstas inicialmente.
Más inversión para evitar el deterioro de las infraestructuras
La necesidad de garantizar recursos suficientes para mantener y renovar los servicios fue otro de los ejes centrales de la mesa. Los representantes del sector del agua alertaron especialmente del envejecimiento de las redes de abastecimiento y de las dificultades para financiar su renovación.
Rosado explicó que una parte importante de las infraestructuras hidráulicas se construyó durante los años setenta y únicamente ha experimentado renovaciones parciales desde entonces. Según las estimaciones que trasladó, actualmente se está invirtiendo alrededor del 25% de lo que sería necesario para renovar estas instalaciones.
El responsable de Aqualia advirtió de que esta situación obliga a aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia, pero también a concienciar a las administraciones de la necesidad de incrementar las inversiones. A su juicio, uno de los principales retos consiste en garantizar que los servicios puedan mantenerse de forma sostenible durante las próximas décadas.
Baixauli coincidió en esta preocupación y recordó que buena parte de las infraestructuras hidráulicas permanece bajo tierra, fuera de la vista de los ciudadanos. Esta circunstancia dificulta, en ocasiones, trasladar la importancia de destinar recursos a su mantenimiento y sustitución.
La directiva de Veolia defendió que las tarifas deben permitir recuperar los costes del servicio y financiar las inversiones necesarias, puesto que priorizar exclusivamente la contención de precios puede poner en riesgo su sostenibilidad. "Que sea un derecho universal no significa que tenga que ser gratis ni barato", afirmó al referirse al suministro de agua.
También alertó de que muchas tarifas contemplan los gastos de mantenimiento, pero destinan una proporción insuficiente a la renovación de las instalaciones. A ello se suman los procedimientos burocráticos necesarios para actualizar los importes, que pueden prolongarse durante largos periodos.
Rosado reforzó esta reflexión al comparar el precio del agua en España con el de otros países europeos. Según señaló, el coste del suministro español representa aproximadamente una tercera parte del alemán, pese a que Alemania dispone de mayores recursos hídricos.
En el ámbito de los residuos, Sánchez trasladó una problemática diferente, aunque vinculada igualmente a la financiación de los servicios. El representante de FCC Medio Ambiente explicó que las empresas están afrontando sucesivas subidas salariales y de los precios de los materiales sin que los contratos públicos puedan actualizarse siempre al mismo ritmo.
En concreto, señaló que el incremento del salario mínimo durante los últimos años ha elevado los costes laborales de contratos adjudicados con condiciones económicas anteriores. La ausencia de mecanismos suficientes de revisión de precios, sostuvo, puede comprometer la viabilidad económica de determinadas concesiones.
"No se puede externalizar el servicio a costa de las empresas", advirtió Sánchez, quien reclamó cambios normativos que permitan adaptar los contratos a la evolución real de los costes. También cuestionó las limitaciones para revisar los precios de contratos de larga duración, especialmente cuando las circunstancias económicas cambian sustancialmente respecto al momento de su adjudicación.
La especialización y la financiación, ventajas de la gestión externalizada
Más allá de las dificultades contractuales, los participantes abordaron las aportaciones de las empresas especializadas a la prestación de servicios municipales.
Baixauli defendió el papel de Veolia en un territorio especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, con periodos prolongados de sequía, temperaturas extremas y episodios de lluvias torrenciales. A su juicio, la especialización técnica, la capacidad financiera y las herramientas digitales permiten afrontar estos desafíos con mayores garantías.
La responsable de Innovación destacó que Veolia gestiona servicios en unos 50 municipios de la Comunitat Valenciana, incluidos los cinco más poblados, lo que permite aplicar herramientas tecnológicas similares tanto en grandes ciudades como en localidades de menor tamaño.
También puso en valor la capacidad de movilización de recursos ante emergencias, como ocurrió durante la Dana de 2019 en la Vega Baja y las inundaciones de 2024 en Valencia.
Por su parte, Sánchez situó la capacidad de inversión y financiación entre las principales ventajas de las empresas concesionarias. Según explicó, los ayuntamientos encuentran dificultades para asumir determinadas inversiones, mientras que las compañías especializadas disponen de mayores facilidades para acceder a financiación y aportar soluciones técnicas y organizativas.
El representante de FCC Medio Ambiente destacó igualmente la experiencia acumulada en la gestión de recursos humanos, maquinaria y equipamientos, así como la capacidad para adaptarse a nuevas exigencias ambientales, como la implantación del quinto contenedor para la recogida separada de residuos orgánicos.
Desde Aqualia, Rosado incidió en que el papel de las empresas gestoras del agua ha evolucionado considerablemente durante las últimas décadas. Si anteriormente su actividad se centraba fundamentalmente en reparar averías, sustituir tuberías y detectar fugas, actualmente los ayuntamientos demandan eficiencia medioambiental, innovación tecnológica y soluciones que aporten información útil para la gestión municipal.
En este sentido, explicó que las herramientas digitales permiten aprovechar los datos del consumo de agua para detectar situaciones de vulnerabilidad, identificar viviendas vacías o disponer de información sobre el uso turístico de los inmuebles.
"Los ayuntamientos sienten que ahora no solo somos señores que vamos a reparar averías", resumió, al reivindicar la aportación de las empresas a la resolución de otros problemas municipales.
Belso, por su parte, trasladó esta reflexión al ámbito de la gestión tributaria. El director de Suma destacó que el organismo dispone de herramientas tecnológicas que permiten gestionar la recaudación de forma más eficiente y reducir la carga administrativa de los ayuntamientos. Con 2,5 millones de contribuyentes, señaló que la protección de datos y la ciberseguridad constituyen dos de sus principales prioridades.
¿Gestión pública o privada? Una decisión que depende de cada municipio
El debate también abordó la conveniencia de externalizar determinados servicios o recuperar su gestión directa por parte de los ayuntamientos. En este punto, los participantes coincidieron en que no existe una fórmula válida para todos los municipios y que deben analizarse las características de cada prestación.
Rosado consideró que resulta complicado establecer una regla general, puesto que existen modelos externalizados que funcionan correctamente y otros que presentan dificultades. No obstante, apuntó que la creciente complejidad normativa y la necesidad de realizar inversiones favorecen la participación de operadores especializados.
Belso compartió esta visión y recordó que las necesidades y capacidades de un municipio como Alicante o Elche no son comparables con las de una localidad pequeña. Por ello, defendió que las decisiones deben atender tanto a criterios de rentabilidad económica como social. También consideró que los servicios con una mayor intensidad tecnológica son especialmente susceptibles de beneficiarse de fórmulas de gestión especializada.
Sánchez añadió que la elección entre gestión directa e indirecta tiene un componente político y social, además del económico. Según expuso, los municipios más grandes disponen de mayores recursos para organizar sus propios servicios, mientras que las localidades pequeñas encuentran más limitaciones.
Baixauli insistió en que, independientemente del modelo elegido, la prioridad debe ser garantizar la calidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. En su opinión, la eficiencia debe medirse por la capacidad del servicio para responder a las necesidades de la ciudadanía y asegurar su continuidad.
La digitalización y la inteligencia artificial transforman los servicios
La transformación digital fue otro de los asuntos destacados durante la mesa. Los participantes coincidieron en que la tecnología permite mejorar la eficiencia, anticipar incidencias y ofrecer una respuesta más rápida a los ciudadanos, aunque advirtieron de que disponer de grandes cantidades de información no garantiza por sí solo una mejor gestión.
Baixauli destacó la utilización de herramientas digitales para tomar decisiones basadas en datos y anticipó que la inteligencia artificial tendrá un papel creciente en los servicios municipales. En este sentido, defendió que las soluciones tecnológicas deben ir acompañadas de sistemas de ciberseguridad y mecanismos que garanticen la transparencia.
Rosado incidió en la necesidad de interpretar correctamente la información que generan los sistemas de medición. Como ejemplo, señaló que un contador inteligente puede proporcionar 24 registros diarios, lo que supone millones de datos en un servicio de abastecimiento de grandes dimensiones. "Lo importante es cómo se interpreta esa información", subrayó.
Desde Suma, Belso explicó que el organismo ya está incorporando herramientas de inteligencia artificial, aunque con especial prudencia por la sensibilidad de los datos tributarios. También destacó los avances en la atención al contribuyente, con tiempos de espera inferiores a diez minutos y citas previas que, según indicó, se conceden en menos de cuatro días.
La falta de profesionales y el relevo generacional preocupan al sector
El último bloque del debate se centró en los recursos humanos y la sostenibilidad. En este apartado, los representantes de las empresas del agua alertaron de las dificultades para encontrar trabajadores con formación específica para determinadas actividades del sector.
Rosado explicó que existen carencias en la oferta formativa para perfiles como operadores de plantas de tratamiento o profesionales especializados en redes de abastecimiento. Por ello, destacó la colaboración con la Generalitat para desarrollar acreditaciones profesionales y nuevas vías de formación.
Baixauli también defendió la importancia de la formación continua y de la seguridad laboral. En este sentido, puso en valor las iniciativas de Veolia para impulsar la FP Dual vinculada a la gestión del agua, con el objetivo de preparar a los profesionales que necesitará el sector durante los próximos años.
En el caso de Suma, Belso identificó el relevo generacional y la dificultad para atraer perfiles tecnológicos como dos de sus mayores desafíos. Según explicó, la plantilla del organismo, integrada por unos 500 trabajadores, tiene una edad media situada entre los 52 y los 54 años, lo que anticipa un importante volumen de jubilaciones.
El director de la entidad cuestionó la duración de los procesos de selección en la administración y la falta de adaptación de algunos temarios a las nuevas necesidades tecnológicas. Esta situación, sostuvo, dificulta acompasar las incorporaciones con las salidas de trabajadores y puede provocar que algunos nuevos empleados se encuentren también próximos a la jubilación.
Belso defendió igualmente el modelo de gestión por objetivos de Suma, donde una parte de las retribuciones está vinculada a los resultados. Como ejemplo de su actividad, destacó que el organismo tramita unas 140.000 liquidaciones de plusvalía al año y mantiene actualizada su gestión.
Por último, Sánchez reivindicó el papel de las grandes empresas en la introducción de medidas de sostenibilidad, como la reducción de la huella de carbono, el autoconsumo energético y la incorporación de nuevas tecnologías. El representante de FCC Medio Ambiente consideró que estas inversiones repercuten directamente en la calidad de los servicios que reciben los municipios.
El debate dejó así una conclusión compartida: la necesidad de encontrar un equilibrio entre el coste económico de los servicios municipales y la calidad que reciben los ciudadanos. Para los participantes, afrontar los desafíos del cambio climático, la digitalización y el envejecimiento de las infraestructuras exige contratos que no se limiten a buscar el menor precio, sino que garanticen la capacidad de inversión y adaptación de los servicios públicos a largo plazo.
